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Una intervención de la Policía en un establecimiento de la localidad de Teusaquillo terminó con el hallazgo de 47 menores de edad, entre los 9 y 17 años.
Un juzgado penal de Cúcuta le cerró la puerta a la primera tutela que buscaba forzar al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a usar la palabra "niñas" en su comunicación institucional. Pero el fallo, que declaró improcedente la demanda, no resolvió si la directriz que originó la polémica discrimina o no.
La Secretaría de la Mujer salió en defensa de la importancia de nombrar expresamente a las niñas y las mujeres, en un mensaje que ocurre en medio de la polémica por el lenguaje utilizado por el ICBF. “No es un asunto de palabras. Es un asunto de derechos”, dijo la secretaria Laura Tami.
Sin pausa, altos funcionarios del Estado comenzaron a cumplir la instrucción del presidente Abelardo de la Espriella de devolverle a Colombia la confianza en lo que él considera sus “principios y valores fundacionales”, en “defensa de la familia tradicional” y de lo que ha definido como la necesidad de “contar la historia del país como ha sido”.
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) abrió un proceso de restablecimiento de derechos y ubicó en un hogar sustituto a un niño y una niña en Santa Rosa de Cabal, Risaralda, luego de un video difundido en redes sociales.
El presidente electo reveló el nombre de la abogada que estará al frente de una de las entidades más grandes del Estado. Su hoja de vida combina el mundo corporativo con un paso reciente por la política.
La Contraloría de Bogotá detectó que 1.315 niños fueron atendidos al mismo tiempo por dos entidades del Estado, lo que habría generado un desperdicio millonario de recursos que pudieron usarse para llegarles a más niños vulnerables.
El dictamen preliminar del instituto forense y el concepto del hospital que atendió a los niños coincidirían en que no hay evidencia de maltrato ni abuso sexual. La Fiscalía sigue analizando las pruebas en una indagación preliminar. Por su parte, el presidente Petro dijo que las imágenes "engañaron a los colombianos".
El procurador general, Gregorio Eljach, rechazó la muerte de 11 menores de edad en medio de los enfrentamientos entre las disidencias de alias Iván Mordisco y alias Calarcá en zona rural de San José del Guaviare. El funcionario pidió una respuesta contundente del Estado y calificó los hechos como una grave violación al Derecho Internacional Humanitario.
El Ministerio de Hacienda presentó al Congreso un proyecto de ley para sumar medio billón de pesos al presupuesto del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. La plata no sale del bolsillo de los colombianos: son recursos propios del ICBF que no habían sido contabilizados, según el Ejecutivo.
Siete personas fueron judicializadas por su presunta participación en un esquema de irregularidades en contratos para atender a población indígena y rural en Riohacha y Manaure. Le contamos cómo se habrían robado 860 millones de pesos.
Jenifer de la Rosa tenía seis días de nacida cuando la avalancha desapareció Armero. A pesar de que su madre quiso quedarse con ella, el ICBF la dio en adopción fraudulentamente. Treinta dos años después volvió a su tierra para grabar un documental que sigue los pasos de su madre.
El documento que el ICBF mantuvo bajo reserva podría confirmar las irregularidades en la entrega de menores. Su digitalización es apenas el primer paso hacia la verdad y posibles responsabilidades penales en uno de los capítulos más dolorosos tras la tragedia: el de los niños desaparecidos de Armero.
Una madre denunció que su hija de 2 años fue víctima de abuso sexual en un jardín infantil adscrito al ICBF. A su vez, mientras que el instituto afirma que el presunto abuso no ocurrió dentro de sus instalaciones, la mujer sostiene lo contrario. Autoridades adelantan investigaciones para esclarecer los hechos.
Vecinos escucharon el llanto, la Policía llegó, luego bomberos. La puerta estaba asegurada y los niños estaban solos. Esta es la historia de cómo los sacaron y qué pasó después.
El más reciente boletín sobre la niñez migrante en Colombia muestra el impacto de la migración venezolana en el país y alerta sobre las brechas sociales, educativas y de salud que afectan a miles de menores de edad.
La entidad informó que los adolescentes fueron hallados en condiciones precarias dentro de una vivienda, sin acceso adecuado a servicios básicos. Los menores provenían de diferentes municipios del Pacífico colombiano.
En diálogo con CAMBIO, la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Astrid Cáceres, aclaró que el menor que abandonó uno de los centros de emergencia de la entidad no ha sido requerido por autoridades por su presunta participación en el atentado contra el senador del Centro Democrático. Se inicia su búsqueda.
Los padres de familia de la institución exigieron medidas inmediatas por parte de las autoridades para esclarecer los hechos. En respuesta a la solicitud, la Secretaría de Educación anunció que pidió a la Fiscalía iniciar las investigaciones.
Hay alarma en el municipio porque este es el segundo bebé abandonado en este río en lo que va del 2025. Los altos índices de embarazo adolescente en la región estarían relacionados con el hecho.