Millonario desperdicio de recursos para atender a menores en Bogotá: ICBF y Alcaldía enredados
La Contraloría de Bogotá detectó que 1.315 niños fueron atendidos al mismo tiempo por dos entidades del Estado, lo que habría generado un desperdicio millonario de recursos que pudieron usarse para llegarles a más niños vulnerables.
Por: Juan David Cano
La Contraloría de Bogotá abrió una investigación formal que podría terminar con funcionarios distritales obligados a devolver más de 2.603 millones al erario.
¿La razón? Durante 2024 y 2025, la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) estuvieron pagando al mismo tiempo la atención de 1.315 niños y niñas, sin que ninguna de las dos entidades se diera cuenta o detuviera la situación.
La ley prohíbe expresamente que un mismo menor reciba servicios financiados por dos entidades del Estado de forma simultánea.
El hallazgo surgió cuando la Contraloría cruzó las bases de datos de ambas entidades y encontró que los mismos niños aparecían registrados en los dos sistemas como beneficiarios activos: 339 casos en 2024 y 976 en 2025.
Ambas entidades ofrecían programas similares orientados al desarrollo integral de la primera infancia, pero ninguna verificó si los niños que atendía ya estaban siendo cubiertos por la otra.
"Esta situación no solo compromete recursos públicos, sino que limita la posibilidad de ampliar la cobertura de los programas dirigidos a la primera infancia. Cada cupo utilizado de manera duplicada representa una oportunidad menos para muchos niños", señaló Diego Samudio Caballero, subdirector de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría.
¿Por qué señalan principalmente a la Secretaría de Integración Social?
Aunque el problema involucra a las dos entidades, la Contraloría apunta con mayor fuerza a la SDIS.
Según el organismo de control, esa entidad tenía herramientas concretas para evitar que esto ocurriera, entre ellas una resolución interna de 2023 que fija las reglas de sus propios servicios sociales, pero no las aplicó.
Por esa razón, la investigación vincula directamente a varios funcionarios que ocuparon el cargo de subdirector para la Infancia de la SDIS durante ese periodo, quienes tenían la responsabilidad de vigilar que los programas se ejecutaran correctamente y que los recursos se usaran bien.
El proceso de responsabilidad fiscal busca establecer si esos funcionarios deben restituir el dinero que, según la Contraloría, se desperdició: más de 1.025 millones en 2024 y más de 1.122 millones en 2025.
La Contraloría de Bogotá advirtió que seguirá vigilando de cerca los programas de atención a la primera infancia en el distrito.
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