La inquietante idea de sacar a Colombia de la CPI y del Estatuto de Roma
Abelardo de la Espriella, presidente de la República de Colombia; y Omar Bula Escobar, ministro de Relaciones Exteriores. Fotos: Colprensa – CAMBIO.
Aunque se cocina en el Gobierno de Defensores de la Patria, la salida del Tribunal Penal Internacional en la práctica debe ser una decisión de Estado y no exclusivamente del Ejecutivo. Expertos advierten que el retiro tampoco detendría la jurisdicción de la Corte y dudan de los beneficios diplomáticos que el Gobierno espera.
Por: Armando Neira
Casi oculta por la avalancha informativa que dejó el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país, hace unos días circuló una noticia de profundas implicaciones para la política exterior: el Gobierno estaría estudiando la posibilidad de retirar a Colombia de la Corte Penal Internacional (CPI) y denunciar el Estatuto de Roma.
La versión, dada por Julio Sánchez Cristo en Caracol Radio, a partir de fuentes consultadas en La Haya que daban por segura la salida de Colombia, provocó la natural inquietud por sus posibles consecuencias.
La CPI es el último escalón del sistema internacional de justicia penal para los crímenes más graves y, en el caso colombiano, su existencia ha operado durante años como un mecanismo complementario de presión sobre la justicia nacional, incluida la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
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