El Nogal, atentado a Vargas Lleras y las tomas de Mitú y Miraflores: la nueva imputación de la JEP contra 27 exfarc
En el macrocaso 10, que investiga crímenes no amnistiables cometidos por las Farc en el marco del conflicto, la Jurisdicción Especial para la Paz dictó una ‘mega imputación’ en contra de 27 exguerrilleros que abarca hechos en todo el país, como masacres de concejales, asesinatos de profesores, la masacre de la familia Turbay Cote o el atentado con ‘rockets’ en la posesión de Álvaro Uribe en 2002. También hay hechos de violencia sexual.
El congresista Diego Turbay Cote, quien presidía la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes, se desplazaba hacia el municipio de Puerto Rico (Caquetá) para asistir a la posesión del alcalde electo, José Lizardo Rojas, el 29 de diciembre de 2000. La caravana fue interceptada por integrantes del Frente 15 y de la Columna Móvil Teófilo Forero de las Farc en un sitio conocido como La Gallera, en la vía El Doncello-Puerto Rico.
Los guerrilleros dispararon a las llantas del vehículo, obligaron a los ocupantes a descender y a acostarse en el suelo. Aunque el congresista se identificó e intentó dialogar, los subversivos le dispararon indiscriminadamente y lo asesinaron, lo mismo que a Inés Cote de Turbay (madre del congresista), al arquitecto Jaime Peña, al conductor Rafael Ocasiones Llanos y a los escoltas Dagoberto Samboní Uní, Edwin Angarita y Jamir Bejarano.
Esta masacre es uno de los hechos de violencia política más emblemáticos cometidos por las extintas Farc en el Caquetá y está entre casi 30 hechos violentos que la JEP consideró para imputar a 27 exintegrantes de esa guerrilla por crímenes de lesa humanidad y de guerra dentro del macrocaso 10 que investiga los crímenes no amnistiables cometidos por esa guerrilla en el marco del conflicto.
Entre los imputados hay cuatro exintegrantes del último Secretariado de las Farc-EP que tuvieron mando en los antiguos bloques Oriental o Sur: Rodrigo Londoño, quien fue conocido como ‘Timochenko’; Julián Gallo, quien fue conocido como ‘Carlos Antonio Lozada’; Jaime Alberto Parra, quien fue conocido como ‘Mauricio Jaramillo’ o ‘El Médico’; y Milton de Jesús Toncel, quien fue conocido como ‘Joaquín Gómez’. También se imputa a otros 23 comandantes que tuvieron mando y control sobre las tropas de los Bloques Oriental y Sur. En el listado, además, aparecen comandantes de células urbanas que ordenaron poner bombas y matar civiles inermes en las ciudades. De los 27 comparecientes, solo cinco, que no eran máximos comandantes de las Farc-EP, habían estado en la cárcel por esto crímenes.
La investigación liderada por la magistrada Julieta Lemaitre estableció que la acción contra la familia Turbay Cote fue autorizada directamente por Manuel Marulanda Vélez, quien percibía a la familia Turbay como un aliado estratégico de la Brigada XII del Ejército, y a sus miembros, "cómplices" del exterminio de la Unión Patriótica en Caquetá.
La masacre de 2000 fue el punto máximo de una serie de ataques contra este núcleo familiar y sus aliados políticos, pues en 1995 la guerrilla secuestró a Rodrigo Turbay Cote, representante a la Cámara cuyo cuerpo fue hallado en el río Caguán tras dos años de cautiverio. Igualmente, asesinó a Jesús Ángel González, gobernador en 1996, cuando intentaba mediar por la liberación de Rodrigo Turbay. Y en menos de un año fueron asesinados Demetrio Quintero, Edilberto Hidalgo y Heriberto Murillo por pertenecer a su movimiento político.
Por eso, la JEP calificó los hechos como crímenes de guerra (homicidio en persona protegida y dirigir ataques contra la población civil) y crímenes de lesa humanidad (asesinato y desaparición forzada), como parte de un ataque sistemático contra una colectividad política.
Los patrones y las masacres de concejales
La 'mega imputación' que anunció la JEP este martes abarca múltiples hechos de la 'Colombia olvidada', hechos de violencia que se cometieron en departamentos como el Caquetá, Huila, Vaupés o Guaviare, así como hechos que impactaron Bogotá e incluye hechos que marcaron la historia del país, como los asesinatos de Álvaro Gómez Hurtado y José del Cristo Huertas Hastamorir, del general (r) y exministro de Defensa Fernando Landazábal Reyes, del profesor Jesús Antonio Bejarano, entre otros, que fueron reconocidos por las Farc.
La extensa investigación que partió de múltiples informes de la sociedad civil identificó tres patrones criminales que fueron imputados a los exguerilleros, entre quienes está Rodrigo Londoño, quien empezó su carrera en las Farc en el Magdalena Medio y llegó a ser el último comandante de la guerrilla, desmovilizada en 2016 tras la firma del acuerdo de paz.
El primer patrón se relaciona con crímenes cometidos para ejercer control social y territorial, que incluyen castigos por no pagar extorsiones o rechazar el reclutamiento, así como la sospecha de colaborar con el Ejército o los paramilitares y la persecución de alcaldes, concejales y líderes sociales. En este patrón entran hechos como la masacre de nueve concejales de Rivera, Huila, perpetrada el 27 de febrero de 2006. Ese día,15 integrantes de la Teófilo Forero irrumpieron en el Hotel Campestre Los Gabrieles, donde el Concejo Municipal se encontraba sesionando, y dispararon sin clemencia alguna.
En el lugar fueron asesinados siete concejales: Arfail Arias, Aníbal Azuero, Desiderio Suárez, Héctor Iván Tovar, Jaime Andrés Perdomo, Luis Ernesto Ibarra Ramírez y Octavio Escobar. Los concejales Célfides Fernández y Moisés Ortiz Cabrera resultaron heridos y fallecieron posteriormente en un hospital. También resultaron lesionados la concejala Gloria Milena Ortiz, Gil Trujillo Quintero y el secretario del Concejo, Saúl Rojas Penagos, quien logró sobrevivir tras fingir su muerte.
Motivaciones y contexto
Según la JEP, esta masacre se enmarcó en una directriz nacional de las Farc que buscaba generar ingobernabilidad, exigiendo la renuncia de funcionarios públicos elegidos durante el Gobierno de Álvaro Uribe bajo amenaza de ser declarados "objetivo militar". Los concejales de Rivera habían recibido múltiples amenazas desde 2004, lo que incluso los llevó a presentar una renuncia colectiva ese año por falta de garantías, aunque luego continuaron en sus cargos.
Un año antes, el 24 mayo de 2005, hombres de la Teófilo Forero habían entrado al Concejo de Puerto Rico, Caquetá, para asesinar a José Ausencio Olarte Flórez, Willard Villegas González, Gerardo Collazos Betancourt y Silvio Mesa, además del secretario de la corporación, Hermans Rodríguez Carabalí. En el ataque resultaron heridos otros dos concejales, un agente de policía, una camarógrafa y un transeúnte, mientras que varios funcionarios más lograron sobrevivir escondiéndose o saltando los muros del edificio.
El Nogal, la posesión de Álvaro Uribe y los atentados a Vargas Lleras
Otro patrón imputado por la JEP hace referencia a acciones en ciudades (Bogotá, Neiva, Villavicencio, Florencia) que fueron ejecutadas por redes clandestinas en dos modalidades: ataques con explosivos para "hacer presencia" e impulsar la insurrección y asesinatos selectivos de figuras públicas declaradas "objetivos militares".
Entre los hechos trágicamente representativos se encuentra el atentado con carrobomba al club El Nogal de Bogotá del 7 de febrero de 2003 que dejó 36 muertos y 198 heridos y fue atribuido a la columna móvil Teófilo Forero de las Farc.
Igualmente, se encuentra el atentado con morteros durante la posesión presidencial de Álvaro Uribe Vélez el 7 de agosto de 2002 en Bogotá, que impactaron la Escuela Militar de Cadetes, el sector de El Cartucho, la Avenida Caracas y la propia Casa de Nariño. El hecho dejó 31 muertos y 29 heridos siendo, después del ataque al club El Nogal, el segundo atentado con más número de muertos en Bogotá.
La mayoría de las víctimas fueron civiles y habitantes de calle o recicladores. Por ejemplo, un proyectil impactó la vivienda de José Reynaldo Urquijo, causando la muerte de su esposa embarazada, su hija de un año y tres meses, y dos sobrinas de cuatro y cinco años. En este caso específico fue imputado Julián Gallo Cubillos como coautor mediato y responsable por haber tenido el mando de las estructuras urbanas que planearon y ejecutaron el ataque.
Igualmente, la JEP incluyó dentro de este patrón los dos atentados de los que fue víctima el entonces senador Germán Vargas Lleras. El primero fue una 'agenda bomba' que le enviaron el 13 de diciembre de 2002 a su oficina en el Congreso por el que perdió dos dedos. La investigación determinó que inicialmente la guerrilla planeó un operativo en su residencia en Chapinero Alto, pero la falta de rutinas fijas del senador lo hizo inviable. El segundo atentado ocurrió el 10 de octubre de 2005 cuando un 'carro bomba' cargado con 50 kilos de nitrato de amonio explotó al paso de su caravana cuando salía de las instalaciones de Caracol Radio, en el norte de Bogotá.
Los guerrilleros utilizaron un vehículo rojo estacionado que simulaba tener una llanta pinchada. Para intentar que el impacto fuera exclusivo contra el objetivo, usaron un dispositivo de detonación por rayo infrarrojo que debía activarse justo cuando el carro del senador cruzara el haz de luz. Vargas Lleras salió ileso, sin embargo, el ataque dejó nueve personas heridas (incluyendo dos policías de su escolta, uno de los cuales perdió un ojo) y causó daños materiales a 314 inmuebles y 98 empresas del sector.
Según la JEP, la orden de estos hechos la dieron Víctor Julio Suárez, conocido como ‘Mono Jojoy’ y Julián Gallo Cubillos mandos del Bloque Oriental. Los ataques fueron materializados por integrantes del Frente Urbano Antonio Nariño (FUAN) luego de que las Farc declararan a Vargas Lleras como "objetivo militar" debido a información que supuestamente lo vinculaba con grupos paramilitares que operaban en los departamentos del Meta y Casanare. En el marco del caso en la JEP, los comparecientes del último secretariado reconocieron la responsabilidad de la organización en estos hechos y manifestaron su intención de pedir perdón.
“La guerra guerra”
El tercer patrón imputado a los exFarc tiene que ver con “la guerra guerra” que incluye tomas guerrilleras, hostigamientos y emboscadas caracterizados por el uso de medios indiscriminados (cilindros bomba, 'tatucos') y ataques a personas fuera de combate.
Esta imputación incluye, por ejemplo, la toma a Mitú del 1° de noviembre de 1998, que duró cuatro días y fue ejecutada por 600 guerrilleros que atacaron el puesto de policía utilizando fusiles, ametralladoras, morteros y armas no convencionales como 'ramplas' o cilindros de gas. Los policías recibieron apoyo dos días después y el hecho dejó 56 muertos, entre ellos 16 civiles y 61 secuestrados, la destrucción de la iglesia, el hospital (farmacia), centros de salud, colegios, la sede de la Gobernación, la Registraduría y múltiples viviendas.
En 1998 también se produjo la toma de Miraflores en Guaviare, que fue planeada por el ‘Mono Jojoy’ y dirigida en el terreno por ‘Urías Rondón’ y ‘Rodrigo Cadete’ y en ella participaron 900 guerrilleros. Los ataques se extendieron por 17 horas, empleando armamento de alto poder como morteros, ametralladoras y tatucos contra la Estación de Policía Antinarcóticos y la base militar de "Mata Bambú". También secuestraron a 129 miembros de la Fuerza Pública (73 militares y 56 policías) y el ataque causó incendios y daños graves a la Alcaldía, el hospital, la iglesia, el internado escolar y numerosas viviendas civiles. Según la JEP, la toma se enmarcó en una campaña con fines propagandísticos para despedir el gobierno de Ernesto Samper y demostrar capacidad de control territorial en la Amazonía.
Detalles de una guerra sin tregua y la violencia sexual
Uno de los elementos claves de esta imputación es que recoge crímenes que sucedieron en el marco de estas tomas o atentados, que apuntan a la violación de las reglas de la guerra y al dolor infligido en la población civil. Por ejemplo, los exguerrilleros fueron imputados por varios homicidios en persona protegida cuando, por ejemplo, los uniformados ya estaban heridos o vencidos, fuera de combate.
Por ejemplo, en 1999 hay un hecho que se le conoce como la 'rendición en Gutiérrez, Cundinamarca': Entre 370 y 500 guerrilleros de los frentes 51, 52, 53, 54, 55 y Abelardo Romero de las Farc emboscaron a dos pelotones de contraguerrilla del Batallón Landazábal Reyes. Utilizaron armamento pesado y artesanal, incluyendo 'tatucos' y cilindros con dinamita y metralla. Tras un combate, varios soldados se rindieron y fueron ejecutados con disparos a corta distancia. Algunos sufrieron fracturas en las extremidades provocadas intencionalmente para impedir su movilidad antes de ser ultimados.
En el ataque a la Base de Las Delicias en Putumayo en 1996, el capitán Orlando Mazo Gamboa fue asesinado mientras estaba herido y pedía agua. En lugar de auxiliarlo, se dio la orden de rematarlo. Toma de Mitú (Vaupés) de 1998, el patrullero Hosman Guillermo Gualteros fue reducido, amarrado, obligado a arrodillarse y ejecutado con múltiples disparos dentro del comando. Y en la emboscada en San Juan de Arama (Meta) en 1997 se encontró que después de una explosión inicial, 12 policías heridos que sobrevivieron fueron rematados por guerrilleros en un área de 200 metros.
La JEP también imputó el crimen de guerra de perfidia, que es matar o herir a traición. Según la justicia especial, las Farc en varias ocasiones apelaron a la buena fe del adversario para traicionarla, utilizando engaños para facilitar ataques letales. En 1998, en Fómeque, Cundinamarca, se ocultó una granada de fragmentación dentro del cadáver de un cabo del Ejército.
El artefacto detonó durante la evacuación en la Escuela de Artillería en Bogotá, matando a dos soldados e hiriendo a cinco más. En 2014, en La Montañita, en Caquetá, guerrilleros simularon ser obreros de Invías usando cascos amarillos y ropa civil para aproximarse a un puesto de control en el Puente San Pedro, donde acribillaron a cuatro militares. Y en Valparaíso, Caquetá, en 1997, las Farc usaron un falso cortejo fúnebre con ataúdes y personas vestidas de civil para engañar a la policía y facilitar un hostigamiento que dejó dos agentes heridos.
Incluso, se encontró que las Farc usaron sustancias tóxicas para maximizar el sufrimiento de los uniformados. En 1999, en Puerto Rico (Meta), se utilizó ácido para contaminar trincheras y túneles de escape de la estación de Policía, agravando las lesiones de los agentes. Y en 2011 en Cabrera (Cundinamarca) un soldado resultó intoxicado tras un combate por la manipulación de material bélico (granadas o balas) contaminado con cianuro por parte de la guerrilla.
La imputación señala que las comunidades religiosas también fueron blanco de una violencia sistemática por parte de las Farc y que percibían a los líderes religiosos y a sus congregaciones como obstáculos para sus objetivos políticos y militares, lo que derivó en asesinatos, desplazamientos forzados, destrucción de templos y severas restricciones a la libertad de culto. En 2009, el Frente 7 asesinó al pastor Manuel Camacho en San José del Guaviare por desobedecer la orden de dejar de predicar y no poder pagar una extorsión de un millón de pesos. Ante la JEP, los comparecientes reconocieron que el crimen fue ordenado por mandos como 'Gentil Duarte' bajo la lógica de que "esos evangélicos se han vuelto una plaga".
La JEP también emitió la primera imputación en el caso 11 por violación y violencia sexual a antiguos mandos de las Farc-EP por crímenes en el sur del país entre 1997 y 2007. La magistrada Julieta Lemaitre explicó que se hizo de manera conjunta con el caso 10, porque se usó la violencia sexual como un castigo en contra de mujeres que eran catalogadas de "informantes".
Según la JEP, los exguerrilleros usaron la violencia sexual como un mecanismo de control social y territorial por parte de los guerrilleros. Esta imputación incluye 44 hechos de violencia sexual en los que guerrilleros de los Bloques Oriental y Sur violaron a mujeres campesinas o colonas tras acusarlas de ser colaboradoras del Ejército o como castigo por incumplir normas de la guerrilla. Dentro de estos escenarios, destacan agresiones contra mujeres que se negaban al reclutamiento (propio o de familiares), mujeres que buscaban a seres queridos desaparecidos y mujeres docentes.
¿Qué sigue en el proceso?
Tras la notificación, los 27 comparecientes tienen 30 días hábiles para reconocer por escrito los hechos y su responsabilidad o rechazarlas. También pueden responder aportando argumentos o evidencia adicional. Las víctimas acreditadas y el Ministerio Público tienen el mismo plazo para presentar sus observaciones sobre esta decisión.
La Jurisdicción ordenó a los comparecientes imputados que aporten toda la información faltante que esté a su disposición tanto a la JEP como a la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD), con el fin de encontrar a las víctimas de desaparición forzada de los bloques. La investigación ha identificado a 241 personas, cuyos familiares han preguntado por ellas en el proceso, y de quienes no se conoce su paradero.
Si los comparecientes reconocen su responsabilidad y hay aportes a la verdad, la JEP convocará a una Audiencia de Reconocimiento de Verdad en la que los imputados darán la cara a la justicia, a las víctimas y al país. Esta audiencia será preparada y desarrollada con las víctimas, Después de esa diligencia, la Sala de Reconocimiento de Verdad emitirá una Resolución de Conclusiones que traslada el proceso a la Sección de Reconocimiento de Verdad del Tribunal de Paz. En ella se incluirá los nombres de aquellos que hayan aportado verdad, reconocido su responsabilidad y sean considerados candidatos para la imposición de sanciones restaurativas. Esta sanción es restaurativa e incluye restricciones efectivas de libertad y otros derechos, sin cárcel.
Ahora, si los comparecientes niegan su responsabilidad, su caso podrá ser trasladado a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP. Por esa vía, el proceso podría terminar en un juicio más parecido al de la justicia ordinaria, y si se les encuentra responsables de los crímenes, los comparecientes podrían pagar hasta 20 años de prisión.
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