“Quienes buscamos la paz no podemos ser criminalizados”: Alejandra Miller, directora de la ARN
Alejandra Miller, directora de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, le envía tres mensajes al presidente electo, Abelardo de la Espriella: cumplir el Acuerdo de Paz no es opcional, hay que cesar la estigmatización de los firmantes y continuar con el camino ya trazado para la reincorporación. Entrevista exclusiva.
El Acuerdo de Paz de 2016 no solo puso fin a la insurgencia más antigua del continente: obligó al Estado colombiano a construir instituciones para cumplir lo prometido a quienes dejaron las armas. Más de 11.000 excombatientes siguen vinculados a ese proceso. Por eso, los anuncios del presidente electo, Abelardo de la Espriella, de recortar las entidades encargadas de implementar el acuerdo han despertado preocupación sobre el futuro de la paz negociada.
CAMBIO habló con Alejandra Miller, exintegrante de la Comisión de la Verdad y directora de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) sobre lo que se ha avanzado y los desafíos. Miller le habla directamente a De la Espriella, le dice que el acuerdo no es un capricho sino la palabra del Estado que debe cumplirse, pide cesar mensajes que promuevan la estigmatización de los firmantes y llama a no criminalizar a quienes deciden apostarle a construir paz.
CAMBIO: ¿Le preocupa que no se hable de seguir con la implementación del Acuerdo de Paz?
Alejandra Miller: Muchísimo. Las aseveraciones que ha hecho el señor Abelardo de la Espriella frente a la institucionalidad que implementa el Acuerdo de Paz y frente a la paz en general nos muestran que hay una posibilidad de que el acuerdo sea incumplido. No es un acuerdo de gobierno, sino de Estado. Es un acuerdo que está en el bloque de constitucionalidad y que el gobernante que llegue, independientemente de su ideología, está en la obligación de cumplir. Hay anuncios preocupantes, pero el acuerdo tiene legitimidad en el contexto internacional, es acompañado por las Naciones Unidas, por países garantes y hay que seguir implementándolo como sea.
CAMBIO: El acuerdo debe cumplirse de buena fe hasta 2030. ¿Se puede simplemente decir: 'No voy a seguir con el cumplimiento del Acuerdo de Paz'?
A.M.: No. Un presidente que diga que no va a cumplir con el Acuerdo de Paz, que es un mandato constitucional, estaría, de entrada, violando la Constitución. El señor De la Espriella ha dicho que cumplirá con apego la Constitución y las leyes, así que uno esperaría que no sea el caso. Sin embargo, por supuesto, hay varias formas de no cumplir como eliminar la institucionalidad o la asfixia presupuestal.
CAMBIO: No es solo Juan Manuel Santos y Rodrigo Londoño, sino la palabra pactada y eso tiene implicaciones si en el futuro se quiere intentar un proceso de paz. Se estaría enviando un mensaje de que el Estado no va a cumplir y eso implicaría más violencia...
A.M.: Ese sería un mensaje perverso para la sociedad; una afrenta a la construcción de la paz hacia adelante y sería muy mal visto en términos internacionales. Otra gran preocupación pasa porque hay una extrema derecha internacional que no les importa pasar por encima de las normas, de las leyes, de las constituciones, de la democracia. En esa circunstancia, pueden arrasar la paz jurídicamente con todo lo que eso significa en términos políticos, sociales y económicos para este país. No será solo la paz; puede ser la democracia en general.
CAMBIO: Cuéntenos una experiencia que ayude a ejemplificar qué es esto de la reincorporación y de paz en las comunidades.
A.M.: Últimamente nos han llegado muchas cartas de firmantes del acuerdo que agradecen lo que pudimos avanzar. Me han conmovido profundamente las mujeres firmantes que tenían unos rezagos mayores en su proceso de reincorporación derivados, entre otras cosas, de las sobrecargas del cuidado. Ocho mil niños y niñas nacieron después de la firma, eso es bonito y esperanzador, pero las mujeres asumieron esas cargas. Por eso, nos dimos a la tarea de hacer una gran inversión para que pudieran fortalecer sus procesos de liderazgo social y político, de autonomía económica, de prevención de las violencias. Me voy contenta de haber podido contribuir.
CAMBIO: Si en el recorte estatal, que aún se desconoce qué entidades va a tocar, la ARN desaparece, ¿qué pasaría?
A.M.: Nosotros recibimos una agencia que tenía un enfoque minimalista de la reincorporación porque, justamente, el anterior gobierno (Iván Duque) no era muy afecto al acuerdo. Nos dimos a la tarea de adelantar lo que estaba atrasado, especialmente en lo que llamamos los factores de arraigo de la reincorporación y que son estructurales: acceso a una vivienda, a la tierra, a trabajar para poder sostener económicamente sus familias. El centro de la reincorporación en este periodo fue ese, buscamos que esos factores de arraigo permitan que nunca más estas personas retomen las armas y hoy, con satisfacción, podemos decir que el 85 por ciento de quienes hace diez años firmaron el Acuerdo de Paz siguen comprometidos.
Aquí están. Sabemos –todos los días– dónde están, en qué proyectos productivos trabajan. Están cumpliendo su palabra. Por eso, que la ARN desaparezca generaría enormes riesgos. La reincorporación no se resuelve en dos años. Estamos hablando de personas que estuvieron 20 años en la guerra, en el monte, que no sabían que era un cajero automático, que no habían terminado la primaria. Hoy tenemos 6.000 personas que acabaron el bachillerato.
Acabar con la reincorporación o con las entidades que implementan el acuerdo es un riesgo para la estabilidad de la paz.
CAMBIO: Aún no se sabe qué hará el presidente electo, pero sí anunció que va a cerrar la Unidad de Implementación del Acuerdo. ¿Se alcanzó a hablar de esto en el empalme?
A.M.: Como ustedes saben ellos decidieron suspender el empalme y no hemos tenido la reunión específica que debía existir. Nosotros vamos a adelantar un empalme de cara a la sociedad. Esperaríamos que, en el marco de los documentos que estamos trabajando, (los delegados del nuevo Gobierno), lean la importancia de estas entidades. El problema complejo es que hay una ideologización del acuerdo: desde el principio el señor De la Espriella ha manifestado que es un acuerdo ilegítimo por el plebiscito y se cierran a comprender su importancia. Por fortuna, en la sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de esta semana, creo que todos los países, incluido Estados Unidos, expresaron la necesidad de que el nuevo Gobierno continúe con la implementación, y esperamos que así sea.
CAMBIO: ¿Qué mensaje le daría directamente a Abelardo de la Espriella?
A.M.: Primero, el Acuerdo de Paz se debe cumplir porque no es un capricho de un presidente o de quien llegue al poder; es un acuerdo de Estado. Segundo, un llamado a que no se siga estigmatizando a los y las firmantes del acuerdo. Aquí se ha instalado una narrativa, dicha no solamente por el señor presidente electo, sino por personas muy cercanas a él, de que los y las firmantes son lo mismo que las disidencias de las Farc. No, señor presidente electo, no son lo mismo: el 85 por ciento de los firmantes están comprometidos con la paz. Decir o intentar decir que son lo mismo los pone en riesgo. Hoy tenemos casi 500 firmantes asesinados. La estigmatización mata y es una invitación para que no se siga señalando, como se hizo con Rodrigo Londoño por el mismo presidente electo.
En tercer lugar, el camino que la reincorporación está trazado, es un proceso que debe sostenerse para cumplir con la palabra empeñada del Estado. Necesitamos que los 11.200 firmantes que hoy siguen comprometidos con la paz puedan culminar efectivamente su reincorporación. Y cierro con algo que me parece fundamental: no es posible que se intente criminalizar la construcción de la paz.
Quienes buscamos la paz y, me incluyo, no podemos ser criminalizados o señalados por esta apuesta de país y de nación.
CAMBIO: ¿A qué se refiere?
A.M.: No podemos volver a aquellas épocas oscuras y difíciles en las que hablar de paz era de inmediato un señalamiento de estar asociado a un grupo armado; o asociar el pensamiento de izquierda con la violencia, con la guerra, con las armas. Quienes hemos venido trabajando en la construcción de la paz, seguiremos insistiendo, a pesar de todas las dificultades, en esa paz negociada que necesitan los territorios y no podremos ser criminalizados ni judicializados. Es decir, la paz en este país no puede ser criminalizada. Lo que debe darnos vergüenza es no buscar los caminos de la paz. Es un llamado a que protejamos como sociedad la búsqueda de la paz, a las personas, a los líderes y lideresas, a los y las firmantes del Acuerdo de Paz que están comprometidos con que la guerra no puede ser el único destino que tenemos como colombianos y colombianas.
CAMBIO: Rodrigo Londoño y los exintegrantes del último secretariado de las Farc ya fueron condenados por la JEP a cumplir sanciones restaurativas –que se acordaron en La Habana–. Esas sanciones tienen un cronograma que debería arrancar en agosto y ahí la ARN tiene un rol clave. ¿Qué hace?
A.M.: Hay una cuenta en el Fondo Colombia en Paz que administra la ARN y que se utilizará para dar inicio al cumplimiento de las sentencias que quedaron en firme (contra el secretariado por 21.000 secuestros y contra 12 militares por 'falsos positivos'). Ya tenemos adelantados bastantes aspectos administrativos y debe iniciar ya el proceso de convertir ese proyecto de sanción en contratos, así como las condiciones transversales para que ellos puedan cumplir. Esto demuestra que la JEP y los comparecientes están cumpliendo su parte.
CAMBIO: Las sanciones tienen que ver con búsqueda de desaparecidos, actividades de memoria, obras en territorios específicos. ¿Alcanzaron a dejar algo listo?
A.M.: Sí, hay varios temas alrededor de la memorialización con Mafapo (las madres de 'falsos positivos'), un centro de armonización para el pueblo kankuamo y hay varias obras que se van a trabajar. Nuestra tarea es dejar los proyectos elaborados para que eso salga a contratación pública. Eso no es inmediato. No podíamos iniciar los estudios previos hasta que las sanciones no estuvieran en firmes (la JEP las ratificó el pasado primero de julio). Ya están ratificadas y el equipo empezó a avanzar. Le corresponderá al nuevo Gobierno ejecutar ese proceso. Las sanciones deben ser cumplidas porque es un mandato judicial. No podrían oponerse.
CAMBIO: ¿No proporcionar las condiciones materiales para el cumplimiento de las sanciones sería entonces favorecer la impunidad?
A.M.: Si el Gobierno entrante por alguna razón que no encuentro lógica decidiera no cumplir con ese mandato judicial, estaría incurriendo en un desacato y, en términos sociales y políticos, contribuyendo efectivamente a la impunidad.
CAMBIO: ¿Cómo va la reincorporación?
A.M.: Hicimos un esfuerzo por pasar de un enfoque minimalista a un enfoque de derechos y construimos el Programa de Reincorporación Integral. Voy a mencionar lo más importante: el acceso a la tierra para una población campesina y tener cómo producir era fundamental. Pasamos de 800 hectáreas que recibimos de los dos gobiernos anteriores, a 21.000 que entregamos en este Gobierno para firmantes de paz y sus proyectos productivos colectivos y los ETCR.
Recibimos la agencia con cero viviendas construidas después de seis años y nosotros vamos en 1.580 viviendas, entre entregadas ya construidas o financiadas. En términos de la sostenibilidad económica vamos a dejar financiados 110 proyectos productivos colectivos, cada uno de 400 millones de pesos. También quiero mencionar que la reincorporación comunitaria se volvió un factor central para la agencia: estamos trabajando con la sociedad para que acoja a los firmantes, para que entienda de qué se trata la reincorporación, para que no estigmatice.
CAMBIO: No todo es bueno, ¿Cuáles son los principales desafíos?
A.M.: El desafío más importante es la protección de la vida de los y las firmantes del Acuerdo de Paz. Cerca de 500 firmantes asesinados en diez años da cuenta de ello. La mejor manera de proteger la vida de los firmantes, pero también de los líderes y lideresas sociales, es la construcción de la paz. Si como sociedad no nos concentramos en que la paz debe ser el camino para que cese la violencia, pues va a ser muy difícil realmente proteger la vida.
CAMBIO: En algunas regiones, como en el Catatumbo, aumentaron los hechos de violencia. También hay informes que le achacan a la paz total el aumento de las situaciones de riesgo o de violencia. ¿La paz total afectó en las regiones el proceso de reintegración?
A.M.: Yo tengo la convicción, como lo dijo la Comisión de la Verdad, de que hay que negociar con todos. Con todos es con todos: los que son políticos, los que son criminales, los que son híbridos. Ese fue el intento de la paz total, con sus claroscuros, por supuesto. El hecho de que la paz total haya planteado un enfoque desde lo territorial fue muy importante. Ustedes pueden conversar hoy con el gobernador de Nariño y su gente sobre lo que trajo a sus territorios, en términos de disminución de la violencia, la negociación con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano. Es impresionante.
El intento de las conversaciones sí trajo elementos importantes para la tranquilidad de la gente en esas regiones. Por vía contraria, en donde se rompieron esas conversaciones, estamos hablando justamente del ELN en el Catatumbo o del Cauca en donde no había mesas de negociación, es justamente donde se exacerbaron los niveles de violencia y de agresión. Ahora, si no hay paz total, la implementación no llega tampoco. Un ejemplo: en Argelia, Cauca en donde se exacerbó el conflicto por Mordisco y esa gente, no se pudo hacer catastro multipropósito. Ahora, muchas amenazas y los homicidios a firmantes del Acuerdo de Paz fueron responsabilidad de las disidencias. Entonces hay que matizar y no afirmar que la paz total fue el absoluto fracaso o que la paz total es la responsable de los homicidios o de la no implementación.
CAMBIO: No lo llama "absoluto fracaso", pero fracaso sí es, al menos parcial. ¿No será que el Gobierno se centró en tratar de avanzar en esta paz total y quedó de lado avanzar en la implementación?
A.M.: Lo que podemos mostrar y demostrar con datos es que para las entidades de la implementación del acuerdo hubo más condiciones y recursos. Ningún Gobierno avanzó más en la reforma agraria que este. El punto dos del acuerdo (sobre participación política) no depende del Gobierno sino del Congreso y está quedado. En sustitución de cultivos tuvimos algunas dificultades con el PNIS, pero tuvimos el programa Renacer con el que avanzó y sobre el punto cinco (víctimas), el Gobierno garantizó los recursos para que funcionara el Sistema de Verdad, Justicia y Reparación. Todo esto para decir que no es cierto que el Gobierno se concentró en la paz total y abandonó la implementación.
CAMBIO: ¿Volver al discurso de mano dura garantiza la seguridad de los territorios?
A.M.: No sirve. Yo soy del Cauca y sabemos que no sirve. La Comisión de la Verdad lo pudo constatar y por eso una de sus recomendaciones es la necesidad de persistir en la búsqueda de la negociación política, del diálogo, aun del sometimiento no violento. Es más difícil, pero se requiere porque lo otro, la mano dura, es lo que nos dejó 10 millones de víctimas. Tengo mucha preocupación por el retorno de la militarización, que el retorno de algunas acciones que se plantean pueda conducir a la paramilitarización de este país, y que esa mano dura termine generando una profunda crisis humanitaria que incremente las víctimas en este país.
Esa fórmula ya se probó y fracasó y por eso tuvimos que llegar al acuerdo de paz de 2016. Así que, si no es la paz total, que sea otro modelo para seguir insistiendo y persistiendo en la solución pacífica de los conflictos.
CAMBIO: No se puede dejar de lado el hecho de que la mayoría eligió a Abelardo de la Espriella y eso también es una crítica social, un reparo a este Gobierno. ¿A qué se debe esa situación?
A.M.: Este país está muy partido. Estamos hablando que son una mayoría mínima. En términos electorales son 200.000 personas más, que no es mucho; es decir, estamos realmente muy fracturados…
CAMBIO: No es mucho, pero le dio la Presidencia...
A.M.: Claro, sin duda alguna. Pero quiere decir que la otra mitad del país no está a favor de eso. ¿Cuáles son los factores? Puede haber muchos entre equivocaciones del Gobierno y creo también a un contexto internacional que no podemos obviar. Es decir, nunca en este país se había dado una injerencia tan profunda en un proceso electoral como la hubo con Estados Unidos. Creo que tiene que ver también el manejo de las redes, de los algoritmos, que también modelan de alguna manera la opinión. Creo que esas otras formas de hacer política conducen a que haya ganado una apuesta que hoy no es una apuesta por la paz.
Una de las conclusiones de la Comisión de la Verdad es que la paz no es un proyecto de nación todavía y eso es muy doloroso y lamentable y lo que vimos en estas elecciones y lo que estamos viendo en esta discusión política es justamente eso: la paz no nos une como nación y eso lo tendríamos que trabajar por transformar.
CAMBIO: Quiero cerrar pidiéndole un mensaje a esas 11. 000 personas que decidieron abandonar las armas.
A.M.: Primero, les agradezco por haber cumplido hasta el día de hoy su palabra. Como los conozco, creo que seguirán en esta senda de trabajo por la paz, por la democracia, que seguirán vinculados a la vida civil. Es la invitación, por supuesto, a que sigan en sus comunidades, con sus familias, haciendo todos estos esfuerzos que han hecho estos diez años, cumpliendo su palabra y demostrándole a Colombia y al mundo entero que ustedes cuando se comprometieron con no regresar a la guerra, lo hicieron de verdad, con el corazón y con el espíritu de construir una Colombia distinta. Aquí estaremos. Son más de 12.700.000 personas las que creemos en ustedes, en la paz de este país y que vamos a seguir rodeando desde el lugar en el que estemos este proceso de paz.
Lea los comentarios
