El acuerdo de paz pone límites a la promesa de De la Espriella sobre Timochenko
En 2016, tras la firma de la paz en La Habana, el Congreso aprobó una reforma a la Constitución que blindó el acuerdo de paz por tres periodos presidenciales consecutivos siguientes. Ese mandato, explicaron expertos, es ineludible.
El presidente electo Abelardo de la Espriella desató una tormenta política y judicial luego de afirmar que, a su juicio, el exjefe guerrillero Rodrigo Londoño, conocido en la guerra como Timochenko, debería estar preso de por vida por los crímenes que cometió mientras hizo parte de las Farc. La razón es que, más allá de la opinión del próximo jefe de Estado, hay una realidad ineludible: Londoño y 11.000 personas más firmaron la paz con el Estado colombiano en 2016 y ese acuerdo de paz debe cumplirse, por mandato constitucional, al menos hasta 2030.
El acuerdo es la palabra pactada del Estado colombiano y, además, un instrumento político ampliamente regulado por el Congreso con nueve reformas constitucionales, 71 leyes, más de 128 decretos ordinarios y cinco documentos Conpes. Se creó la Jurisdicción Especial para la Paz, se aprobó la Ley de Amnistía e Indulto, se crearon las curules de paz y múltiples entidades como la Agencia para la Reincorporación, la Comisión de la Verdad, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, entre otros.
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