¿Acuerdo de paz sin empalme ni discusión pública? Decretos, sanciones de la JEP y otras preocupaciones
En medio de una agitada pelea política y con el empalme suspendido, hay una preocupación entre múltiples entidades y organizaciones: que no se hable del acuerdo de paz. El gobierno avanza en decretos y ya destinó 50.000 millones para poner en marcha las primeras sanciones de la JEP.
Mientras la ‘paz total’ se lleva el foco de la discusión entre el gobierno de Gustavo Petro y el equipo de trabajo del presidente electo Abelardo de la Espriella, la paz ya negociada en el acuerdo de La Habana de 2016 aún no hace parte ni del empalme (ahora en veremos) ni de la discusión pública.
Entre tanto, hay múltiples frentes en juego: entre los firmantes de paz existe la preocupación sobre el futuro de 11.000 firmantes de paz, las condiciones de seguridad y de presupuesto para su reincorporación, la financiación de todo lo necesario para cumplir las sanciones restaurativas que la JEP les impuso.
La JEP anunció este martes que el Gobierno ya destinó una asignación inicial de $50.000 millones para poner en marcha las primeras sanciones restaurativas impuestas al último secretariado de las Farc y militares por ‘falsos positivos’. Además, ya expidió un decreto que reglamenta ese proceso.
“Su ejecución integral requerirá que aquél garantice, en las siguientes vigencias fiscales, los recursos necesarios para dar continuidad a los proyectos restaurativos”, indicó que la JEP que, en todo caso, sigue esperando el llamado para el empalme.
Entre tanto, hay un tema en el tintero: proyecto de decreto que regula la integración, estructura y funcionamiento de la Instancia de Articulación entre el Gobierno y la JEP. Esa instancia se creó en el Plan Nacional de Desarrollo de Petro para hacer la coordinación institucional necesaria para el cumplimiento de las sanciones.
En la justificación, el Gobierno reconoce que la JEP “se encuentra en una etapa procesal crítica” y que, sin un canal regulado de articulación, el Estado “se enfrentaría a un riesgo de dispersión institucional y a la imposibilidad de ejecutar de forma inmediata las órdenes judiciales de contenido restaurativa”.
En esa instancia deben quedar el Ministerio de Justicia como encargado de la Secretaría Técnica, el Ministerio de Defensa, la Unidad de Implementación del Acuerdo Final, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, la Unidad de Víctimas, la Agencia para la Renovación del Territorio y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas.
Aunque esta normativa no necesita presupuesto adicional, aún no es realidad y está para comentarios. La contrarreloj del Gobierno no obstante tiene a todos los actores preocupados por los constantes cuestionamientos del presidente electo Abelardo de la Espriella a la JEP y a la falta de discusión pública sobre el acuerdo de paz, instrumento que debe cumplirse de buena fe, hasta por lo menos 2030 por mandato constitucional.
Con la coyuntura actual, la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, envió una carta al presidente electo Abelardo de la Espriella para hablar sobre lo que llamó "Decisiones Impostergables en materia de Derechos Humanos”, en referencia la desigualdad estructural y exclusión persistente; la violencia armada, paz, seguridad y garantías democráticas; degradación ambiental, cambio climático y derechos de la Naturaleza; y reforma rural integral y derechos territoriales.
Ya hay Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos
En días pasados y sin mayor revuelo, el Gobierno expidió el decreto 585 de 2025 que crea el Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos (2026-2030). Se trata de un plan para la promoción, protección y goce efectivo de los derechos humanos, mediante la coordinación de esfuerzos entre las diferentes entidades del Estado para asegurar respuestas integrales y sostenibles.
Entre sus objetivos se cuenta el de garantizar el acceso equitativo a la tierra, el derecho al ambiente sano, la protección de la biodiversidad, la superación de la crisis climática, así como garantizar la participación de los ciudadanos en las decisiones que los afecten, promover una cultura de paz, entre otros. Este plan era una deuda pendiente del gobierno actual y se construyó mediante diálogo de múltiples organizaciones sociales.
Igualmente, el 26 de junio se expidió el decreto que estable una ruta especial para la inclusión en el Registro Único de Víctimas a las personas que se han acreditado ante la JEP y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas como víctimas y que no estaban en ese instrumento que maneja la Unidad de Víctimas y que es clave para que estas personas accedan a medidas de reparación integral.
Ese decreto, además, señala que las personas acreditadas como víctimas en ambas entidades, pero por hechos ocurridos con anterioridad al 1.º de enero de 1985, serán incluidas en el Mapa del Reconocimiento y Memoria.
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