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En medio de una agitada pelea política y con el empalme suspendido, hay una preocupación entre múltiples entidades y organizaciones: que no se hable del acuerdo de paz. El gobierno avanza en decretos y ya destinó 50.000 millones para poner en marcha las primeras sanciones de la JEP.
El exjefe guerrillero Pastor Alape asegura que los antiguos integrantes del último secretariado de las Farc cumplirán las sanciones restaurativas impuestas por la JEP por 21.000 secuestros. El reto, dice, no es solo de voluntad: exige que el Gobierno garantice recursos, coordinación institucional y el cumplimiento del cronograma previsto.
El presidente Gustavo Petro firmó el decreto que reactiva la orden de extradición contra alias Chiquito Malo, máximo cabecilla del Clan del Golfo. El mandatario justificó la decisión señalando que no hubo sinceridad por parte del grupo armado en el proceso de acercamiento con el Gobierno.
El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz dialogó con CAMBIO sobre los desafíos para su institución, ante voces que plantean acabarla, y sobre el papel de las altas cortes en ese tipo de propuestas reformistas.
¿Qué enseñan décadas de negociaciones de paz alrededor del mundo? Que la fase más importante no es la de la firma, sino la exploratoria: la de la verificación de la voluntad real para evitar agendas imposibles y garantizar que cualquier acuerdo implique abandonar las armas. Análisis de Vicenç Fisas, analista español experto en negociaciones y procesos de paz
La implementación del acuerdo ha avanzado de forma desigual, ante la reconfiguración de la violencia en las regiones. El próximo mandatario recibirá un proceso marcado por avances significativos, deudas con las víctimas y promesas incumplidas, cuyo rumbo podría quedar expuesto a la contienda electoral y a las decisiones del nuevo inquilino de la Casa de Nariño.
A tres meses de terminar el mandato de Petro, la mujer más poderosa del Gobierno no puede estar mejor acomodada a pesar de los escándalos. CAMBIO conoció testimonios que dan cuenta de cómo, desde hace semanas y en la sombra, Juliana Guerrero manda la parada en el Fondo Colombia en Paz. Durante esta investigación, este medio conoció una primicia sobre la directora, quien llegó al cargo de la mano de Guerrero.
CAMBIO estuvo en la inauguración de la Casa Once, en Tolú Viejo, Sucre: un espacio construido hombro a hombro entre exmiembros del Ejército —confesos autores de ejecuciones extrajudiciales— y familiares de sus víctimas, en un ejemplo de justicia restaurativa. Allí también se venderá café cosechado por exintegrantes de las Farc.
Al candidato al Senado por el Pacto Histórico, exintegrante de las Farc y firmante del Acuerdo de Paz, Andrés Felipe Ríos, le revocaron su inscripción a las elecciones al Congreso. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) está revisando su caso y, mientras adopta una decisión de fondo, pidió que se suspendan las inhabilidades que le impiden participar en la contienda electoral. ¿Por qué?
La ampliación hasta 2037 de la vigencia de esos instrumentos busca consolidar su implementación en 170 municipios priorizados en el Acuerdo de Paz. La iniciativa aprobada redefine tiempos, metas y responsabilidades institucionales en los territorios.
El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la prórroga por un año de la Misión de Verificación en Colombia, aunque excluyó dos funciones clave de su mandato. Conozca los detalles.
El perdón y sus reveses, las almas errantes de los cientos de miles de desaparecidos, la culpa, el milagro de entender al otro, la violencia sempiterna de Colombia y la imagen poética como mecanismo para desmontar la desesperanza y la inercia de la guerra. El premiado director César Acevedo habla con CAMBIO sobre 'Horizonte', su más reciente película.
El tribunal de justicia transicional reveló que el giro del dinero pendiente resulta indispensable para garantizar el cumplimiento de sus dos primeras sanciones. Además, detalló los proyectos en los que se invertirán los recursos asignados.
La primera sentencia de la JEP ha generado cuestionamientos entre víctimas y organizaciones de derechos humanos. CAMBIO habló con expertos sobre las dudas en torno a las sanciones, las expectativas insatisfechas de justicia y la puerta que se abre para que las víctimas busquen respaldo en instancias internacionales.
“Respetemos la decisión de la JEP. Es tardía, sí. Incompleta para muchos, también”, dijo el expresidente con respecto a la primera sentencia que dictó la JEP. Aunque reconoce sombras en el fallo contra el último secretariado de las Farc-EP, pide al país que siga implementando el Acuerdo de Paz.
Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch, advierte que se estaría incumpliendo una disposición del Acuerdo de Paz relacionada con las zonas específicas de restricción de la libertad para los sancionados. Yesid Reyes, exasesor de la negociación, responde que la sentencia no incumple el Acuerdo. CAMBIO dialogó con ambos.
El órgano de control reveló que nueve años después de la firma del Acuerdo Final solo se ha desembolsado el 4 por ciento de los recursos necesarios para implementar las decisiones y sanciones de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).