“El nuevo Gobierno no puede dejar de lado el compromiso con la paz”: Armando Novoa sobre desmovilización de los Comandos de Frontera

La delegación del Gobierno nacional en la mesa de negociación con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano presentó su informe de gestión en el que destacó los avances alcanzados en lo que considera el proceso más adelantado de la denominada Paz Total.

Entre los principales logros, el informe resalta el desescalamiento de la violencia mediante la destrucción de más de 14 toneladas de material relacionado con economías ilícitas y la entrega de armas por parte de integrantes de esa estructura armada en los departamentos de Putumayo y Nariño.

"A través del programa RenHacemos, en Putumayo más de 8.000 familias campesinas avanzan en la sustitución voluntaria de 18.247 hectáreas validadas (12.682 familias inscritas y 11.206 validadas). En Nariño se han erradicado 3.314 hectáreas en Roberto Payán y 8.631 en Tumaco", señala el documento.

En diálogo con CAMBIO, el jefe negociador del Gobierno con ese grupo armado, Armando Novoa, destaca el compromiso asumido por los Comandos de Frontera con la desmovilización de 99 de sus integrantes y reiteró la disposición de esa organización para continuar las negociaciones con el fin de alcanzar un acuerdo de paz para la región.

CAMBIO: ¿Cuál es la petición que ustedes le hacen al nuevo Gobierno antes de la posesión este 7 de agosto?

Armando Novoa: Quisiéramos que el Gobierno entrante actuara con un mayor conocimiento de causa y conociera de manera directa los resultados de estos esfuerzos realizados durante cerca de dos años. Sería un grave error tratar a todas las regiones como si fueran idénticas, porque desconocer sus particularidades podría salirle muy caro al nuevo Gobierno.

Sabemos que actualmente el Gobierno entrante está realizando empalmes territoriales con alcaldes y gobernadores. Ese sería un escenario adecuado para que los funcionarios y el presidente electo conocieran en detalle en qué estado quedó la mesa de negociación, cuáles fueron sus avances y qué aspectos podrían tener continuidad. De mantenerse algunos de ellos, podrían convertirse en victorias tempranas para la agenda del nuevo Gobierno.

En el caso de Putumayo y Nariño, como consecuencia de la mesa de diálogos de paz, es indiscutible que ha habido una reducción significativa de los índices de violencia. Me refiero a homicidios, extorsiones, desplazamientos forzados y reclutamiento de menores. Sin embargo, somos conscientes de que aún se siguen presentando infracciones y delitos, porque mientras el grupo armado continúe existiendo esas prácticas no desaparecerán definitivamente.

Nuestra fuente son la Policía y la Fiscalía. En conversaciones directas, especialmente con la Policía, nos han manifestado que la mesa de diálogos de paz en Putumayo no debería terminar. Esas cifras también las manejan los gobernadores de Nariño y Putumayo. Nosotros les hemos dicho que ahora llegó el momento de entregarles la posta para que continúen desarrollando las acciones que han dado resultados.

CAMBIO: ¿Cómo fue el camino que recorrieron para lograr un acuerdo que llevó al sometimiento de 99 exintegrantes de los llamados Comandos de Frontera?

AN: La mesa se instaló durante la última semana de junio de 2024, luego de la división entre la Segunda Marquetalia y Comandos de Frontera, situación que llevó a suspender las negociaciones. Durante los dos primeros meses trabajamos para restablecer la comunicación con ellos. Después de varias reuniones, recuperamos la confianza y llegamos hasta diciembre para formalizar compromisos. Acordamos retomar el trabajo a mediados de enero de 2025 y, posteriormente, durante el ciclo realizado en Bogotá en febrero, alcanzamos avances muy importantes.

Sin embargo, cuando estábamos terminando ese ciclo, ocurrió la captura de Andrés Rojas, alias Araña, principal cabecilla de la estructura ilegal. Ese hecho fue un golpe muy fuerte que casi rompe definitivamente la mesa de negociación. Durante un mes y medio la mesa permaneció paralizada porque no existía confianza. Ellos dijeron que no volverían a reunirse en Bogotá bajo ninguna circunstancia, lo que nos obligó a realizar los encuentros en los lugares que ellos propusieran.

Posteriormente logramos destrabar el proceso durante cuatro meses, hasta que ocurrió el intento de quemar vivos a dos integrantes de la Policía Antinarcóticos en la vereda Siloé, municipio de Villagarzón (Putumayo). En ese momento nos levantamos de la mesa y dijimos que no regresaríamos hasta que ese hecho fuera aclarado. Posteriormente, hubo comunicados y un consejo de seguridad. Ellos aseguraron que, aunque el hecho ocurrió en una zona bajo su influencia, Comandos de Frontera no participó directamente.

Nuestra respuesta fue que, precisamente por ejercer control territorial, también existía una responsabilidad sobre lo ocurrido, pues se evidenció una instrumentalización de la población civil. Ese episodio paralizó nuevamente la negociación durante casi un mes.

Después vino otro punto fundamental: lograr que el grupo asumiera un compromiso serio con la sustitución de cultivos ilícitos. En una reunión dije que, si el grupo había contribuido a expandir los cultivos de coca, también debía contribuir a eliminarlos. Algunos analistas interpretaron esa afirmación de manera equivocada, argumentando que esa era una función exclusiva del Estado. Sin embargo, la realidad es que, en esas zonas, quienes ejercen de facto muchas funciones son ellos.

Tuvimos al menos cuatro crisis que congelaron la mesa. En la práctica, fue una negociación de año y medio. Allí cabe una reflexión: ¿cuántos combatientes desmovilizó el Gobierno de Juan Manuel Santos durante sus primeros cuatro años de negociación? Ninguno, porque la lógica de esa mesa establecía que nada estaba acordado hasta que todo estuviera acordado.

Nosotros aplicamos una metodología diferente, basada en acuerdos parciales. Planteamos una dejación gradual de armas por grupos, a medida que avanzaban las negociaciones. Gracias a esa metodología fue posible concretar la dejación de armas de 99 integrantes de la estructura.

CAMBIO: Usted habla de aspectos positivos que llevaron a la dejación de armas de estos 99 integrantes. ¿Cuáles fueron las principales falencias del proceso?

AN: La principal dificultad fue concretar las transformaciones territoriales. En esos territorios confluyen competencias de las gobernaciones, del Ministerio de Agricultura, del Ministerio de Salud y de la Agencia de Renovación del Territorio. El grupo nos decía que no pretendía derrocar al Estado, sino que necesitaba obras concretas: placas huella, maquinaria amarilla y vías para sacar sus productos agrícolas. Incluso varios integrantes recibieron capacitación para operar maquinaria amarilla.

Nosotros nos comprometimos, durante una reunión en Tumaco, a gestionar dos ambulancias y maquinaria amarilla. Sin embargo, nunca llegaron. La verdad es que esta mesa avanzó prácticamente solo con compromisos verbales. Siempre dijimos que la desmovilización debía ir acompañada de transformaciones territoriales. Si el Estado llegaba con inversión social, nosotros tendríamos mayores herramientas para convencer al grupo de avanzar hacia el sometimiento.

Ellos constantemente argumentaban que eran quienes realmente hacían las obras. Por ejemplo, construyeron una escuela con aulas y baños. Nos pidieron que pudiera seguir funcionando y que el Estado nombrara maestros, sin destruir la infraestructura por haber sido construida con recursos ilícitos. Eso es lo que denominamos gobernanzas híbridas: territorios donde el grupo ilegal ejerce funciones que normalmente corresponden al Estado debido a la ausencia institucional.

Los alcaldes son autoridades legítimamente elegidas, administran recursos públicos, pero en muchos casos solo pueden ejecutar sus programas con autorización del grupo armado. Por eso creemos que Colombia necesita una legislación extraordinaria para recuperar esos territorios. Se requeriría prácticamente un Plan Marshall para sacarlos de la ilegalidad.

CAMBIO: Viendo esa realidad, ¿hasta dónde puede llegar la mesa de negociación con la Coordinadora Ejército Bolivariano?

AN: Nosotros planteamos trabajar en unos 15 o 20 municipios donde hay presencia de esa organización y promover acuerdos municipales respaldados mediante plebiscitos locales por la paz. La idea era involucrar a alcaldes, gobernadores y ciudadanía para darle legitimidad territorial a los acuerdos. Sin embargo, el grupo no acogió esa propuesta debido al contexto de las elecciones presidenciales.

Hoy el panorama cambió. El ministro designado se reunió recientemente con el subsecretario de Defensa de Estados Unidos y de allí surgió la posibilidad de instalar guarniciones militares en zonas donde el Estado ha perdido el control. Además, el presidente electo habló nuevamente de bombardeos y del uso de glifosato. La pregunta es: ¿de qué van a vivir los campesinos?, ¿qué van a comer si se suspenden los programas de sustitución?

Allí debe intervenir directamente el presidente de la República, porque un jefe de delegación no tiene competencia para definir la actuación de la fuerza pública. La Ley de Paz Total contemplaba mecanismos como los gabinetes de paz y los territorios de paz, pero desafortunadamente nunca fueron implementados.

CAMBIO: ¿Cómo se concretó la Zona de Ubicación Temporal, la única que logró establecerse durante este Gobierno?

AN: Después de la captura de alias Araña, en febrero de 2025, entendimos que la única salida para salvar la negociación era crear una Zona de Ubicación Temporal. La Ley de Paz Total establece que quienes ingresen a esas zonas pueden obtener la suspensión de las órdenes de captura, incluso cuando exista una solicitud de extradición.

Ese tema había surgido desde el inicio de la negociación. Iván Márquez pretendía que se levantara su orden de captura para regresar a Colombia. Nosotros nunca aceptamos esa posibilidad porque considerábamos que solo podía evaluarse una vez se hubiera producido la desmovilización. Al no lograr ese objetivo, decidió romper la mesa y desconocer a sus propios negociadores. Ellos permanecieron en el proceso y, finalmente, en mayo de 2025 logramos crear la Zona de Ubicación Temporal. Inicialmente, hablábamos de recibir cerca de 100 integrantes en Putumayo y otros 100 en Nariño. Dentro de ese esquema surgió la posibilidad de que alias Araña ingresara posteriormente junto con otros 250 integrantes.

CAMBIO: Estamos a dos semanas del cambio de gobierno. ¿Qué cree que ocurrirá con la negociación que usted lideró?

AN: La decisión del Consejo de Estado dejó la mesa muy debilitada. Ahora lo más importante es proteger a los 99 integrantes que ya dejaron las armas. Ellos tenían una expectativa legítima de reincorporarse a la vida civil y el Estado debe garantizar ese proceso. Por eso creemos que el presidente electo debería aprovechar esta experiencia como un plan piloto para futuros procesos de sometimiento. Queremos mostrarle todos los acuerdos, documentos, fotografías y videos para que conozca directamente los avances. Incluso ellos preparan una carta para invitarlo a visitar la Zona de Ubicación Temporal.

Estoy convencido de que, si esta mesa hubiera continuado durante un año y medio más, habríamos alcanzado un acuerdo definitivo. El grupo cumplió los compromisos adquiridos. Quienes incumplimos fuimos nosotros con las transformaciones territoriales. Ellos no buscan cargos políticos: quieren conservar influencia territorial y seguir ejecutando obras que consideran beneficiosas para las comunidades.

CAMBIO: El presidente electo está realizando consejos regionales. ¿Han pensado asistir cuando se desarrollen en Putumayo y Nariño?

AN: Sí. Vamos a presentar nuestro informe de gestión tanto en Putumayo como en Nariño. Invitaremos a los gobernadores para que se conviertan en voceros de los avances alcanzados y ayuden a que el nuevo Gobierno conozca en detalle el trabajo realizado.

Nosotros seguiremos siendo la delegación del Gobierno hasta el 6 de agosto, fecha en la que nuestra renuncia irrevocable se hará efectiva.