“Estamos listos para reunirnos con el gobierno electo para mostrar los avances de la mesa de negociación”: Armando Novoa

El anuncio del mandatario electo sobre el desmonte de la política de Paz Total para concentrar los esfuerzos del Gobierno en el fortalecimiento de la seguridad ciudadana y el restablecimiento del orden público ha generado incertidumbre en varias mesas de diálogo.

Para De la Espriella, no se debe continuar negociando con los grupos armados ilegales, sino promover su sometimiento a la justicia. Por ello, ha señalado que evaluará la continuidad de los procesos de negociación impulsados durante el gobierno del presidente Gustavo Petro, teniendo en cuenta las condiciones jurídicas, militares y políticas de cada organización.

Una de las mesas que más avances ha reportado es la de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, que cuenta con 99 integrantes concentrados en una Zona de Ubicación Temporal (ZUT), a la espera de las decisiones que adopte la próxima administración.

CAMBIO habló con Armando Novoa, jefe negociador del Gobierno en este proceso, quien expresó su preocupación por el futuro de la iniciativa y por la situación de quienes dejaron las armas.

CAMBIO: ¿Cómo queda la mesa de negociación luego del último discurso del presidente electo Abelardo de la Espriella?

Armando Novoa: Estas declaraciones han generado un ambiente enrarecido. Paradójicamente, vamos a pasar de ser la mesa con mayores avances a convertirnos en una de las que enfrenta más incertidumbre y escepticismo.

Hay 99 personas que hoy están completamente desprotegidas. La justicia no las tiene en cuenta en sus decisiones. Existe una demanda que sostiene que esta mesa nunca debió existir y que los acuerdos alcanzados carecen de validez. Además, la Registraduría se ha negado a enviar funcionarios para que estas personas puedan acceder a su identificación civil y adelantar trámites básicos.

También preocupa la falta de interés de algunos sectores del Estado y de ciertos medios de comunicación por la situación humanitaria de quienes, de manera sincera, decidieron abandonar las armas.

Estamos llegando al final del periodo de este Gobierno y, a partir de la última semana de julio, quienes integramos el equipo negociador ya no estaremos en nuestros cargos. La pregunta es qué ocurrirá con estas personas que decidieron creer en el Estado.

La única entidad que realmente ha mostrado preocupación es la Defensoría del Pueblo. El SENA también ha acompañado algunos procesos, aunque vemos menos comprometida a la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN).

Resulta muy desalentador que, después de dos años de trabajo, terminemos en esta situación. Estas personas quedaron a la intemperie, frente a riesgos reales y en un estado de indefensión.

CAMBIO: ¿Ha podido hablar con los integrantes que permanecen en la zona? ¿Qué le han manifestado sobre lo que está ocurriendo?

Armando Novoa: Hablamos con ellos el sábado para comentar las gestiones realizadas. Imagino que en este momento sienten una mayor incertidumbre y temor.

Los mensajes que están recibiendo pueden incentivar el abandono de la zona. Eso sería un fracaso para el Estado de derecho y para los principios de la Constitución de 1991.

Ellos decidieron dejar las armas bajo el amparo de las instituciones, pero las entidades responsables de atenderlos no están cumpliendo plenamente sus funciones. Estoy particularmente inconforme con la respuesta de la Registraduría. Hace dos meses solicitamos que funcionarios se desplazaran a la zona y ahora nos informan que no se entregarán cédulas hasta que exista autorización del nuevo gobierno.

El derecho a la identidad es fundamental. Sin una identificación, una persona queda prácticamente excluida del orden institucional.

CAMBIO: Con lo que ha ocurrido, ¿se puede decir que se están quedando solos en este esfuerzo por alcanzar un acuerdo con esta estructura ilegal?

Armando Novoa: En buena medida, sí. La Oficina del Alto Comisionado para la Paz sigue siendo nuestro principal respaldo institucional.

Sin embargo, en lugar de rodear a estas personas y facilitar su tránsito a la legalidad, estamos creando condiciones para que la única salida que perciban sea regresar a la violencia o reincorporarse a grupos armados.

Mientras algunas personas toman la decisión de acogerse a la institucionalidad, el mayor obstáculo que encuentran proviene precisamente de sectores de esa institucionalidad.

CAMBIO: ¿Qué puede pasar ahora? ¿Existe el riesgo de que estos avances se pierdan y algunas de estas personas regresen a las armas?

Armando Novoa: La atención básica continúa en la zona. Han recibido visitas de funcionarios del SENA, del alcalde de Valle del Guamuez y del concejo municipal. El gobernador del departamento también se ha pronunciado a favor de continuar los esfuerzos de paz.

Incluso, centros de investigación internacionales han recomendado mantener esta mesa de diálogo, aunque con algunos ajustes que consideramos necesarios.

La pregunta es qué alternativa les queda a estas personas si no reciben apoyo estatal. Durante las conversaciones escuchamos a varios participantes decir que anteriormente regresaron a grupos armados porque nadie les brindó oportunidades ni acompañamiento.

Cuando escuchan declaraciones como las del presidente electo, es lógico que aumente la preocupación. Estas personas ya entregaron las armas, están bajo control del Estado y se sometieron a la justicia. Por esa razón deberían recibir una protección integral.

No diría que la respuesta institucional es inexistente, pero sí considero que sigue siendo insuficiente.

CAMBIO: ¿Existe la posibilidad de que el presidente electo visite Putumayo y conozca directamente los avances del proceso?

Armando Novoa: Por supuesto. Nuestro equipo ha buscado establecer contactos con integrantes del nuevo gobierno para informarles sobre los avances alcanzados y explicarles la realidad que encontrarán en el territorio.

Creemos que sería un error tomar decisiones sin conocer de primera mano lo que ha ocurrido. Incluso, las 99 personas que permanecen en la zona han manifestado su interés de ser escuchadas por las nuevas autoridades.

Ese debería ser el camino.

CAMBIO: ¿Qué instrucciones les ha dado el presidente Gustavo Petro frente a este escenario de transición?

Armando Novoa: El presidente Petro ha respaldado este proceso. De lo contrario, no habría expedido la resolución que creó la Zona de Ubicación Temporal ni adoptado las medidas necesarias para garantizar la llegada y permanencia de estas personas.

La incertidumbre no está en el Gobierno saliente, sino en la transición. Si la nueva administración llega con la idea de eliminar cualquier avance relacionado con la paz, estaría cometiendo un grave error.

No solo se afectaría a estas 99 personas, sino también a futuros procesos de sometimiento que podrían surgir en otros grupos armados.

Este caso tiene una dimensión humanitaria, pero también representa una prueba del compromiso institucional con la paz. Además, existen herramientas jurídicas vigentes, como la Ley 1908 de 2018, expedida durante el gobierno de Iván Duque, que regula el sometimiento de organizaciones criminales y que podría servir de base para estos procesos.

Por eso consideramos que cualquier decisión debe tomarse tras un análisis sereno, equilibrado y sustentado en los resultados obtenidos.

Podemos afirmar que en la zona se registró una reducción de homicidios, una disminución de los cultivos de hoja de coca, la inscripción de cerca de 15.000 familias al programa Renacemos y la permanencia de 99 personas en la Zona de Ubicación Temporal, cumpliendo los compromisos adquiridos.