Coletazos de guerra y paz desde los Balcanes

El año pasado, el Acuerdo de Dayton para la Paz en Bosnia y Herzegovina sobrepasó ya las tres décadas. Maduró en años humanos, pero en años institucionales y políticos puede considerarse un dinosaurio envejecido. 

Hoy, en la República Srpska, y partes de Serbia, hay una peligrosa tensión política que no se ve desde los años noventa. Es palpable el fuerte resurgimiento del nacionalismo religioso y cultural, la apología de crímenes de guerra y lesa humanidad e, incluso, una espeluznante glorificación de criminales condenados. Veamos qué pasó en la antigua Yugoslavia. 

Bosnia y Herzegovina, el país del famoso futbolista Edin Džeko, nos animó este año con un divertido video de un cevapi (sabroso asado bosnio maridado con cerveza) para el Mundial. Pero antes, ese país balcánico sufrió un exterminio sistemático contra su población musulmana. Srebrenica fue el escenario de esa atrocidad conducida por el general del Ejército serbobosnio, Ratko Mladić, en julio de 1995.

Por estos días, un fiscal de Milán (Italia) investiga otra presunta infamia: los llamados “sniper safaris”. Se trataba de paquetes turísticos para que extranjeros adinerados viajaran a Sarajevo (Bosnia) a disparar contra civiles indefensos por puro entretenimiento. No es macabra literatura de ficción, así lo indaga la justicia italiana.

Como sucede en todos los países que han atravesado períodos de guerra, siempre hay voces que dicen que hubo impunidad. No tiene sentido acallar o no escuchar esas voces. Lo cierto es que el psiquiatra y presidente de la denominada República Srpska, Radovan Karadžić, tuvo que huir a vuelapluma y esconderse en Austria, bajo la identidad de un tal Petar Glumac tras su imputación en 1995. Quince años después de la instalación del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY), finalmente, fue descubierto y arrestado. Con 81 años sigue vivo pagando su pena en la cárcel de máxima seguridad de la fría isla de Wright en Inglaterra.

Otra estampa que dio la vuelta al mundo fue la del general Slobodan Praljak ingiriendo cianuro ante las cámaras del tribunal que lo condenaba. El general, que también era cinematógrafo, murió instantáneamente. El desconcierto en el estrado fue dramático porque quizás decidió seguir los pasos de Hermann Göering y otros nazis como, tan magistralmente, se retrata en la película Nuremberg (2025). 

También en la península balcánica, el Ejército Popular Yugoslavo bombardeó el casco histórico de Dubrovnik. Esa Perla del Adriático declarada patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El ejército estuvo comandado por Pavle Strugar, un general montenegrino, condenado por su rol en el asedio. Aún ahora son icónicas las imágenes del Puerto Viejo de Dubrovnik y del Grand Hotel consumiéndose por las llamas. Tal y como lo son, en nuestra memoria nacional, las del Palacio de Justicia en noviembre de 1985. Sobran las palabras.

Tanto en Yugoslavia como en Colombia nos hemos visto abocados a enfrentar un legado masivo de violaciones que ameritan una respuesta a las víctimas. En el caso de Colombia, no se trató de una imposición internacional. Se trató de una gran innovación en la historia de los procesos de paz: instrumentos judiciales relacionados condicionalmente a los extrajudiciales para dar esa respuesta. «¿Cuál paz?», se preguntan amplios sectores del país ante el incremento del 45 por ciento de los grupos armados durante el Gobierno Petro, según la agencia Reuters.

Nuestro Sistema Integral creado por el Acuerdo Final tiene resultados concretos. La Comisión de la Verdad logró múltiples reconocimientos de responsabilidad. La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas ha consolidado un universo de más de 137.000 personas y ha recuperado más de 1.800 cuerpos que se pretenden entregar dignamente a sus familias. 

Por su parte, la JEP ha logrado documentar, entre otros universos de hechos, 6.402 falsos positivos, 18.677 niñas y niños reclutados por las FARC y más de 21.000 secuestros.  Asimismo, ha proferido sus primeras sentencias. No es un modelo perfecto. Muchos ajustes se hacen innegablemente necesarios: centralidad real de las víctimas en los proceso; decidida agilidad procesal; desburocratización y austeridad administrativa; aplicación de la sentencia C-073 de 2026 de la Corte Constitucional sobre selección y priorización de responsables; comunicación clara y efectiva de sus decisiones; uso ponderado de los ritos de castigo y expiación, como lo señala Michael Reed de Guernica37; así como, el urgente replanteamiento total de las sanciones propias. 

Si las sanciones no comunican justicia ni atienden las enormes dimensiones del daño causado, no sirven de mucho.

Todo esto busca una consecuencia: la no repetición. De nada vale conocer, por ejemplo, la mano negra contra la Unión Patriótica (UP), si repetimos ese genocidio político. De poco sirve establecer las cifras de niños reclutados si se vuelven a cometer. Según la propia Jurisdicción, actualmente, cada 20 horas se recluta a un niño en Colombia.

Sin embargo, pareciera que ya superamos la polarización para querer subir a un peldaño de división en dos países políticos antagónicos. El problema siempre fue y ha sido que los colombianos tenían una expectativa de justicia que no se ha cumplido. 

Con el Acuerdo, los colombianos buscamos no intercambiar impunidades, celebramos debates institucionales en los que participó la Rama Judicial y  construimos el primer acuerdo de justicia bajo los estándares y límites de la Corte Penal Internacional. Eso llevaba las cosas al límite de lo superable. Una verdadera cuadratura del círculo. 

Hace una década, el Gobierno logró hacerle un baño frío de realidad a la guerrilla marxista más grande y antigua del mundo: hay límites. Y esos límites son tanto políticos como jurídicos. A esos límites hay que sumar la complementariedad de la CPI (véase el caso de Rodrigo Duterte) o la siempre vigilante jurisdicción universal (véase el de Augusto Pinochet en España). 

Aún hoy, con las dificultades políticas conocidas, la justicia internacional sigue su andar para consolidarse como una suerte de corpus juris cogentis. Es decir, un derecho por encima de Estados y poderes internos (e incluso mixtos).

¿Sería casualidad que donde Hitler, Himmler, Goebbels -y el resto de su plana mayor- hacían sus imponentes desfiles, fuese juzgada su ignominia? El TPIY siguió la estela del Tribunal de Nuremberg (y de los Consejos de Control Aliado). Hablar de ello hoy, sirve para recordar que la justicia, aunque lenta (algunos juicios duraron décadas), muchas veces termina llegando. 

Puede que el Acuerdo de Dayton se perciba hoy como un dinosaurio de la paz y de la justicia, pero estos coletazos desde los Balcanes nos dejan muchas lecciones. Una de ellas consiste en no tirar la llave de la paz. La llave del diálogo. Un diálogo que dé lugar a acuerdos mínimos sobre lo fundamental, como el que resueltamente le propone Alejandro Ramelli al presidente electo De la Espriella. 

Hace tres décadas, la comunidad internacional tuvo que imponerle a Yugoslavia un tribunal. En 2026, ese tribunal ya concluyó su labor y el Acuerdo de Dayton parece un gigante fósil con larga cola en el Smithsonian de Washington D.C. ¿Qué haremos con lo nuestro?

Colofón. En 2011, Colombia presentó el programa más ambicioso de reparación administrativa del mundo. Una reparación que debe llegar ya a quienes Juan Manuel Santos en Oslo (Noruega) insinuó como héroes y heroínas morales de nuestras guerras: todas las víctimas. Programa que, por cierto, no se ha ejecutado.