Un proyecto de ley busca desmontar la Paz Total de Petro y reactivar las órdenes de captura suspendidas
El representante Simón Molina, de Creemos, radicó un proyecto de ley que modifica y deroga disposiciones de la Ley 2272 de 2022, la Paz Total de Gustavo Petro.
Por: Juan David Cano
Un proyecto de ley radicado en la Cámara de Representantes propone desmontar los pilares jurídicos de la Paz Total, la política de seguridad del presidente saliente Gustavo Petro.
La iniciativa es de autoría de Simón Molina, representante por Antioquia del movimiento Creemos y primer vicepresidente de la Cámara, y apunta a modificar y derogar varias disposiciones de la Ley 2272 de 2022, la norma que dio marco legal a esa estrategia.
¿Qué busca acabar el proyecto de ley en la Paz Total?
El texto no elimina la ley completa. Según la ficha oficial del Congreso, el proyecto interviene el literal c del artículo 2 y los artículos 5, 6 y 7 de esa ley.
Esos apartes son los que habilitan al Gobierno para adelantar diálogos con grupos armados de carácter político y acercamientos con estructuras criminales de alto impacto, así como para suspender medidas judiciales mientras avanzan las conversaciones.
La propuesta busca prohibir otorgar tratamiento político a organizaciones dedicadas al crimen organizado que no tengan una motivación ideológica. El segundo suspende los acercamientos que hoy están en curso con esas estructuras. El tercero ordena reactivar de forma inmediata las órdenes de captura, medidas de aseguramiento y condenas que quedaron congeladas al amparo de los diálogos.
La iniciativa también condiciona hacia el futuro cualquier beneficio de este tipo. Bajo la fórmula planteada, ninguna suspensión de órdenes de captura podrá concederse sin que exista primero una ley de sometimiento a la justicia que exija verdad, reparación integral a las víctimas y penas privativas de la libertad para los integrantes de esas organizaciones.
¿Por qué Molina planteó este proyecto?
Molina sostiene que la Ley 2272 concedió ventajas a las estructuras armadas sin contrapartidas para quienes sufrieron sus delitos, y enmarca el proyecto en la defensa de las víctimas.
"Colombia necesita una política de seguridad que proteja a los ciudadanos y no que envíe mensajes de impunidad a las organizaciones criminales. La paz no puede construirse sacrificando la justicia ni los derechos de las víctimas" afirmó el representante, según reportó Semana.
"Quienes han sembrado terror durante décadas deben responder ante la justicia y no recibir privilegios incompatibles con la gravedad de sus delitos. La paz solo será sostenible cuando esté sustentada en la verdad, la reparación y el cumplimiento efectivo de la ley", agregó.
Qué es la Paz Total y por qué genera choque
La Ley 2272 de 2022 fue una de las primeras que impulsó el gobierno Petro. Amplió el marco de la Ley 418 de 1997 para permitir no solo negociaciones políticas con guerrillas, sino también procesos de sometimiento y acercamientos con grupos de crimen organizado de alto impacto. Sobre esa base se abrieron mesas y contactos con el ELN, disidencias de las Farc, el Clan del Golfo y bandas urbanas, entre otros.
No es el primer intento de tumbar la política por vía legislativa. En febrero de 2025, el representante Óscar Villamizar, del Centro Democrático, presentó un proyecto para derogarla por completo, con el argumento de que había coincidido con un aumento de homicidios, desplazamientos y presencia territorial de los grupos armados. Ese antecedente fue archivado.
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, también anunció en abril de esta año una propuesta en la misma dirección, a raíz de la solicitud del Gobierno de suspender órdenes de captura contra cabecillas.
Por otro lado, la norma ha sufrido retrocesos. En julio de este año el Consejo de Estado congeló la posibilidad de que el gobierno dialogue con la Segunda Marquetalia dado que esta era una estructura armadas organizada de crimen de alto impacto, con la que las normas colombianas solo acepta el sometimiento
Esta definición aplicaría precisamente también a todas las disidencias de las Farc y otros grupos armados como el ELN, por lo que, en la práctica, los diálogos se caerían por ley.
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