Abelardo de la Espriella: entre la Constitución y la Biblia

A sus 71 años, y después de un prolongado retiro de la vida pública, el exprocurador Alejandro Ordóñez Maldonado volvió inesperadamente al centro del debate nacional. La razón es la versión, cada vez más sólida, de que el presidente electo, Abelardo de la Espriella, lo designará embajador de Colombia ante la Organización de Estados Americanos (OEA).

El eventual regreso de Ordóñez al servicio diplomático tendría un alcance que trasciende el nombramiento de un funcionario. Su figura representa una manera de entender la política y el Estado profundamente marcada por el conservadurismo religioso, una visión que hoy vuelve a cobrar protagonismo alrededor del nuevo gobierno y que ha reabierto una discusión de fondo: ¿qué tanto influirán las convicciones personales del presidente en el ejercicio del poder?

Ordóñez hizo públicas sus posiciones ultracatólicas desde sus años universitarios. En la dedicatoria de su tesis de Derecho invocó a la Virgen María para pedir la restauración del orden cristiano y el triunfo sobre el comunismo ateo. Años después, como procurador general, protagonizó algunos de los episodios más controvertidos de su carrera, entre ellos la destitución del entonces alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, una decisión que posteriormente fue revertida.

Su trayectoria también ha estado rodeada de episodios simbólicos que alimentaron esa imagen de cruzado religioso. En 1978 participó, junto con miembros del movimiento Tradición, Familia y Propiedad, en la quema de libros en Bucaramanga, donde fueron incineradas obras de Jean-Jacques Rousseau, Karl Marx y Gabriel García Márquez. 

Más adelante se conocieron otras facetas de su personalidad: su afición por la música y la literatura medievales y la réplica de la espada Tizona —la legendaria arma del Cid Campeador— que conserva como una de sus piezas más apreciadas. No en vano llegó a ser conocido como “el último inquisidor”.

Precandidato presidencial en 2018 y posteriormente embajador ante la OEA durante el gobierno de Iván Duque, Ordóñez volvería ahora al mismo cargo por decisión de De la Espriella. El nombramiento, sin embargo, coincide con otro hecho que ha alimentado el debate: el retiro espiritual que el presidente electo realizó junto con los integrantes de su futuro gabinete, su esposa y el vicepresidente electo para encomendar su administración a Dios.

Un presidente en retiro espiritual

Ese encuentro, realizado en el corregimiento de Sabanilla, en Puerto Colombia (Atlántico), mostró a los futuros funcionarios en jornadas de oración, cantos religiosos y recogimiento espiritual. Bajo la orientación de representantes de la Iglesia católica, participaron en ceremonias de renovación espiritual durante las cuales De la Espriella entregó a cada asistente una Biblia con el mapa de Colombia y la imagen del Sagrado Corazón de Jesús en la portada, acompañada por una agenda institucional de la denominada “Patria Milagro”.

La coincidencia entre el regreso de Ordóñez y la puesta en escena de ese retiro religioso instaló nuevamente una pregunta que ha acompañado al país desde la elección presidencial: ¿hasta dónde llegará la influencia de la fe en las decisiones del nuevo gobierno?

El interrogante no es menor. En una democracia constitucional, las creencias religiosas de un presidente pertenecen al ámbito de su libertad individual. El verdadero debate comienza cuando esas convicciones pueden traducirse en decisiones públicas capaces de afectar derechos, limitar libertades o alterar el principio de laicidad que consagra la Constitución.

No es riguroso concluir, desde ahora, que ese escenario vaya a materializarse. Todos los gobiernos llegan rodeados de expectativas y prevenciones. Lo pertinente será juzgar al nuevo mandatario por sus decisiones, sus reformas y la manera como ejerza el poder. Mientras las políticas públicas permanezcan dentro del marco constitucional, la fe seguirá siendo un asunto privado. Si, por el contrario, la doctrina religiosa termina orientando la acción del Estado, la discusión dejará de ser simbólica para convertirse en un problema institucional.

La discusión, sin embargo, trasciende las imágenes del retiro espiritual o el eventual regreso de Ordóñez al servicio diplomático. Lo que está en juego es un principio esencial de la democracia colombiana: el equilibrio entre la libertad religiosa de quienes gobiernan y el carácter laico del Estado.

Ámbito privado, decisiones públicas

En una democracia, la fe de un presidente no constituye un problema por sí misma. La Constitución garantiza la libertad de cultos y protege el derecho de cada ciudadano —incluido el jefe de Estado— a profesar sus creencias. La controversia surge cuando esas convicciones dejan de pertenecer al ámbito privado y comienzan a orientar decisiones públicas que puedan restringir derechos, desconocer la evidencia técnica o desdibujar el principio de igualdad ante la ley.

Los gobiernos deben ser evaluados por sus actos y no por las sospechas que despiertan sus símbolos. El verdadero examen comenzará con las reformas y las políticas que impulse la nueva administración. Aunque en el ambiente hay una natural preocupación por varios de los nombramientos.

Para el analista Gabriel Cifuentes, si el gobierno de Abelardo de la Espriella cumple su promesa de gobernar con estricto apego a la Constitución, deberá respetar y hacer respetar el principio de laicidad que la Carta Política impone a todas las autoridades públicas.

A su juicio, existe una diferencia sustancial entre que un gobernante practique su religión y que el Estado incorpore manifestaciones confesionales en escenarios institucionales. “Convertir los consejos de ministros en liturgias religiosas, hacer de su instalación una misa, trasciende la libertad de cultos que garantiza la Constitución”, afirma.

Para Cifuentes, el derecho a profesar una religión pertenece a la esfera individual; el ejercicio de la función pública, en cambio, exige actuar dentro de un marco institucional que represente por igual a creyentes y no creyentes. La distancia entre ambas dimensiones es, precisamente, la que preserva el carácter pluralista del Estado.

Ese debate conduce inevitablemente a otras preguntas. ¿Cómo responderá el nuevo gobierno frente a derechos que históricamente han generado profundas controversias religiosas? ¿Qué ocurrirá con las políticas relacionadas con los derechos de las parejas del mismo sexo, la autonomía reproductiva de las mujeres, la muerte digna o el libre desarrollo de la personalidad? Son asuntos en los que las convicciones morales pueden entrar en tensión con la jurisprudencia constitucional.

Presidentes creyentes

La analista Juliana Ocampo invita, sin embargo, a poner la discusión en perspectiva. Recuerda que Colombia ha tenido presidentes profundamente creyentes durante buena parte de su historia republicana. Álvaro Uribe hizo pública su devoción católica; Andrés Pastrana apeló con frecuencia al discurso del perdón y la reconciliación; Belisario Betancur incorporó su formación cristiana a una visión humanista del poder. Ninguno convirtió esas convicciones en un proyecto de Estado confesional.

Por eso, sostiene, la diferencia con De la Espriella no radica en su fe, sino en la forma de comunicarla. Cuando el plan de gobierno se presenta bajo el nombre de “Patria Milagro” y un retiro espiritual se convierte en un acto público cuidadosamente difundido, la religión deja de ser únicamente una convicción personal para convertirse también en un recurso de comunicación política.

“El acto deja de ser devocional y se convierte en mensaje”, resume. Según Ocampo, ese mensaje opera en varios niveles. Consolida la identidad con una base electoral de profundas convicciones religiosas, envía una señal a sus detractores sobre el costo político de cuestionar esas creencias y, al mismo tiempo, busca transmitir tranquilidad a los sectores institucionales y económicos mostrando un gabinete con perfiles técnicos. En una frase que sintetiza esa dualidad, concluye: “La Biblia convive con el Excel”.

Desde esa perspectiva, más que un ejercicio espontáneo de religiosidad, lo que observa es una estrategia de comunicación cuidadosamente diseñada. De la Espriella puede ser un creyente auténtico, dice, pero también entiende el valor político de proyectar públicamente esa identidad. La verdadera discusión, insiste, no está en que el presidente rece, sino en si la fe terminará convirtiéndose en un criterio para gobernar.

La Constitución marca los límites

La abogada María Jimena Escandón ofrece una lectura menos inquietante. En su opinión, el debate no debería centrarse en las creencias religiosas del presidente, sino en la manera como ejerza el poder. Recuerda que todos los gobernantes actúan desde convicciones morales, filosóficas o religiosas, pero advierte que en Colombia existe un límite infranqueable: la Constitución.

A su juicio, el Estado de derecho cuenta con suficientes contrapesos para impedir que las preferencias personales de un mandatario se conviertan, por sí solas, en políticas públicas. Por eso considera prematuro anticipar un escenario de confrontación entre religión e institucionalidad. “La Constitución tiene un límite claro”, afirma, y sostiene que será el ejercicio del gobierno, más que su simbología, el que permitirá establecer si esas preocupaciones tienen fundamento.

Una visión similar plantea el experto en comunicación política Víctor Solano. Aunque reconoce que el tono de la campaña pudo alimentar los temores de algunos sectores, considera improbable que el componente religioso termine definiendo la acción del Estado.

En su opinión, Colombia dispone de suficientes mecanismos institucionales —una Constitución explícitamente laica, la separación de poderes y una oposición vigilante— para impedir que prospere un proyecto confesional.

No obstante, advierte que algunos sectores podrían convertirse en escenarios de mayor tensión, especialmente la política educativa, donde las convicciones personales de algunos funcionarios podrían reflejarse en debates sobre contenidos y orientación pedagógica. Aun así, cree que cualquier intento de alterar el marco constitucional encontraría límites políticos y jurídicos.

La doctrina religiosa

El también analista Carlos Arias va más allá y considera que buena parte de la controversia responde a una narrativa exagerada. Recuerda que la futura ministra de Educación, Viviane Morales, ha manifestado públicamente que gobernará dentro de los límites de la Constitución y que el respeto por la libertad de cultos y el libre desarrollo de la personalidad hace parte de ese compromiso.

Para Arias, resulta contradictorio defender la libertad religiosa y, al mismo tiempo, cuestionar que el presidente manifieste públicamente sus creencias. Recuerda que De la Espriella ha sostenido encuentros con distintas comunidades religiosas y que ninguna de esas expresiones constituye, por sí sola, una amenaza para el carácter laico del Estado.

A su juicio, el verdadero límite aparecería únicamente si el gobierno pretendiera imponer una doctrina religiosa desde las instituciones públicas o restringir las libertades de quienes profesan otros credos o ninguno. Mientras eso no ocurra, sostiene, las manifestaciones de fe hacen parte del ejercicio de las libertades que la misma Constitución protege.

Al final, el debate no gira alrededor de una Biblia entregada durante un retiro espiritual ni del regreso de Alejandro Ordóñez a la OEA. Lo que realmente está en discusión es la manera como el nuevo gobierno entenderá la relación entre las convicciones personales de quienes ejercen el poder y los límites que impone el Estado constitucional.

La historia política colombiana demuestra que la fe ha acompañado a numerosos presidentes sin alterar la naturaleza laica de la República. La incógnita es si el gobierno de Abelardo de la Espriella seguirá ese mismo camino o si, por primera vez en décadas, la religión dejará de ser una convicción privada para convertirse en un criterio de gobierno.

La respuesta no está en las ceremonias, en los símbolos ni en los discursos. Estará en las decisiones. Porque, al final, un presidente puede jurar sobre una Biblia; pero está obligado a gobernar conforme a la Constitución.