Gobierno le pidió la renuncia a los ocho expertos que asesoran al Ministerio de Justicia en política criminal
El Ministerio de Justicia le pidió a los ocho integrantes de la Comisión Asesora de Política Criminal poner su cargo a disposición desde el 26 de agosto, pero tres semanas después el Gobierno no ha dicho a quiénes vuelve a nombrar y a quiénes reemplaza.
Por: Carol Tatiana Gómez
El Ministerio de Justicia le pidió el 26 de agosto a los integrantes de la Comisión Asesora de Política Criminal que pusieran su cargo a disposición. La carta la firmó Laura Nataly Castillo Garay, directora encargada de Política Criminal y Penitenciaria, y su argumento es que Iván Cancino asumió ese mes el liderazgo de la cartera.
El oficio, dirigido a cada integrante por separado, agradece su "valiosa labor" y sus "significativos aportes al fortalecimiento del sistema de justicia" durante su permanencia en la Comisión. Después de ese reconocimiento protocolario, la solicitud invoca el artículo 19 del Decreto 2055 de 2014, la norma que regula la conformación de ese organismo y que le otorga al ministro de turno la facultad de nominar a sus miembros. El cambio de liderazgo en la cartera, dice el texto, habilita ese movimiento. El plazo para responder por escrito era el 28 de agosto, apenas dos días después del envío.
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¿Qué significa pedir una renuncia protocolaria?
Pedir la renuncia protocolaria no equivale a una destitución ni a una sanción, es una figura administrativa en la que cada integrante pone el cargo a disposición de quien lo nombró, para que esa persona defina si continúa o lo reemplaza. Mientras Cancino no resuelva, los actuales integrantes conservan su lugar. Según supo Semana, el ministro definirá en los próximos días quién continúa en el organismo y quién sale.
La Comisión Asesora de Política Criminal funciona desde 2014 como órgano consultivo e independiente. Sus integrantes, designados ad honorem por periodos de dos años, brindan soporte técnico, científico y empírico al Ministerio de Justicia y al Consejo Superior de Política Criminal en materia penal y penitenciaria. Sus conceptos no son vinculantes para el Gobierno: puede acogerlos o ignorarlos.
La Comisión Asesora de Política Criminal existe desde 2014 como órgano consultivo e independiente. La integran expertos designados ad honorem por periodos de dos años, que brindan soporte técnico, científico y empírico al Ministerio de Justicia y al Consejo Superior de Política Criminal en materia penal y penitenciaria. Sus conceptos no son vinculantes, es decir que no obligan jurídicamente al gobierno a seguirlos, así que el Gobierno queda en libertad de acogerlos o ignorarlos sin consecuencias legales.
El anuncio del proyecto de sometimiento
El 16 de septiembre, un día antes de conocerse la carta enviada a la Comisión, los ministros de Justicia e Interior anunciaron que radicarán ante el Congreso un proyecto de ley de sometimiento para grupos armados. La iniciativa no contempla negociaciones ni excarcelaciones para quienes se acojan a ella, según explicaron los funcionarios.
Cancino dijo que la primera prueba de esa política será el caso de los 99 integrantes de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (Cneb), que desde junio permanecen concentrados en una zona de ubicación en el Bajo Putumayo, como parte de un proceso de desmovilización pactado con el gobierno anterior y que a la fecha no se ha formalizado.
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