Corte Suprema ordena la libertad del exministro Luis Fernando Velasco por caso UNGRD

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ordenó la libertad del exministro del Interior Luis Fernando Velasco Cháves, imputado en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). El alto tribunal encontró que los magistrados de control de garantías vulneraron su derecho al debido proceso al enviarlo a la cárcel.

El 15 de diciembre de 2025, la Fiscalía pidió detención domiciliaria y dijo abiertamente que no tenía pruebas de riesgo de fuga ni de manipulación de testigos. La magistrada de garantías impuso cárcel de todos modos. El Tribunal Superior de Bogotá confirmó la decisión en segunda instancia.

Lo que la Fiscalía sí pidió

En la audiencia del 15 de diciembre de 2025, el fiscal delegado dijo que no contaba con elementos que indicaran riesgo de fuga, manipulación de testigos o destrucción de pruebas por parte de Velasco. Señaló también el arraigo familiar y social del exministro, su comparecencia voluntaria ante la justicia y la ausencia de antecedentes penales. Por eso, él pidió detención domiciliaria y no cárcel.

La Fiscalía dijo que Velasco sí representaba un peligro para la comunidad, un riesgo político-administrativo, pero ligado a su capacidad de influencia y no a su movilidad física. Por esa razón, concluyó que la prisión domiciliaria bastaba para neutralizarlo.

"La Fiscalía advierte que los aquí imputados no han desarrollado conductas históricas que revelen peligrosidad violenta ni patrones de comportamiento asociados a la utilización de armas con formación o pertenencia de estructuras armadas ilegales, amenazas contra la vida o integridad de servidores públicos o testigos", dijo la Fiscalía, según quedó registrado en la transcripción de la audiencia incluida en el fallo.

Cárcel, no prisión domiciliaria

La magistrada de garantías del Tribunal Superior de Bogotá no acogió esa solicitud y ordenó cárcel para Velasco, con el argumento de que el riesgo no se limitaba a la posible reincidencia de Velasco, y que era de naturaleza "institucional y estructural", es decir, para enviar un mensaje frente a la corrupción en general y proteger la confianza de la gente en las instituciones. Con ese argumento ordenó cárcel.

El defensor de Velasco y el Ministerio Público apelaron. Ambos cuestionaron que un juez de garantías pudiera imponer una medida más grave que la pedida por quien tiene la titularidad de la acción penal. El 30 de abril de 2026, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá confirmó la decisión.

¿Qué dijo la Corte Suprema?

La Corte Suprema fijó una regla en la que un juez de garantías sí puede imponer una medida más dura que la pedida por la Fiscalía, pero solo en casos excepcionales, y bajo tres condiciones: tiene que explicar por qué la situación es excepcional, escuchar antes a las partes y basarse en las mismas pruebas que ya tenía la Fiscalía, sin acudir a argumentos nuevos.

Ni la magistrada ni la Sala Penal que confirmó su decisión cumplieron con eso. Las dos justificaron la cárcel con ideas que la Fiscalía nunca mencionó, como el "impacto institucional" de la corrupción y la necesidad de "salvaguardar las bases institucionales del Estado". Para la Corte, ese ya no era el riesgo que la Fiscalía había sustentado.

Velasco fue ministro del Interior entre mayo de 2023 y febrero de 2024, en el primer año del Gobierno Petro. La Fiscalía lo acusa de haber operado, junto con el entonces ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, una estructura que ofreció contratos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres a cambio de que congresistas votaran a favor de las reformas del Gobierno. Según el escrito de acusación, entre los dos habrían repartido cerca de 600 mil millones en contratos de obra pública. Bonilla, el otro exministro imputado, recuperó su libertad el pasado 7 de abril.