Defensoría alerta por aumento de la violencia tras ataques registrados en varias regiones del país
La Defensoría del Pueblo alertó por los ataques, hostigamientos y hechos con drones y artefactos explosivos registrados entre el 7 y el 8 de agosto en al menos 11 departamentos y pidió evitar una escalada de violencia que pueda poner en mayor riesgo a la población civil.
Por: Nataly Ríos
La Defensoría del Pueblo expresó su preocupación por los ataques, hostigamientos y hechos relacionados con artefactos explosivos registrados entre el 7 y el 8 de agosto en diferentes departamentos, con especial intensidad en Cauca y Nariño. La entidad pidió prevenir una escalada de la violencia y reforzar la protección de las comunidades ante el uso de drones, armas de fuego y explosivos.
Según la Defensoría, además de Cauca y Nariño, se han reportado hechos en Cesar, Antioquia, Tolima, Huila, Arauca, Caldas, Bolívar, Meta y Guaviare. Los ataques han tenido como principales objetivos instalaciones de la Fuerza Pública, infraestructura, vías y corredores estratégicos.
La entidad aclaró que, aunque varios de estos hechos todavía son materia de verificación y no existe información suficiente para afirmar que correspondan a una ofensiva nacional coordinada, sí evidencian dinámicas territoriales protagonizadas por diferentes actores armados, en un contexto marcado por la fragmentación de las estructuras ilegales.
Preocupación por ataques cerca de zonas pobladas
Uno de los principales motivos de preocupación para la Defensoría es que varios de los hechos se presentaron en cabeceras municipales o cerca de viviendas, establecimientos comerciales y vías utilizadas diariamente por las comunidades. Algunas de estas acciones también han generado afectaciones a civiles y restricciones a la movilidad.
La entidad hizo especial énfasis en el uso reiterado de drones y artefactos explosivos. Estas modalidades ya habían sido advertidas por su Sistema de Alertas Tempranas y que, según señaló, están modificando las condiciones de la confrontación armada en diferentes territorios.
El riesgo aumenta cuando este tipo de dispositivos son utilizados en zonas pobladas o próximas a bienes civiles, debido a la posibilidad de que sus efectos alcancen a personas que no participan directamente en las hostilidades. “La población civil no puede ser puesta en riesgo ni convertida en escenario de demostraciones de fuerza”, señaló el comunicado.
La petición de la Defensoría y el llamado al nuevo Gobierno
Ante este escenario, la Defensoría le pidió a los grupos armados respetar estrictamente los principios de distinción, precaución y proporcionalidad establecidos por el derecho internacional humanitario. Además de abstenerse de realizar acciones que puedan producir efectos indiscriminados o poner en riesgo a la población civil y cesar cualquier conducta que afecte la vida, la integridad, la movilidad y los demás derechos de las comunidades.
La entidad explicó que la existencia de un objetivo militar en un entorno poblado no elimina las obligaciones de protección hacia las personas y bienes civiles ubicados en sus inmediaciones.
Esta alerta se produce en los primeros días del nuevo Gobierno, por lo que la entidad consideró fundamental fortalecer desde el comienzo una respuesta estatal que combine las acciones de seguridad con medidas de prevención y protección de las comunidades.
En ese sentido, destacó la importancia de utilizar las capacidades institucionales existentes, las advertencias territoriales y las recomendaciones del Sistema de Alertas Tempranas para anticipar posibles escenarios de riesgo y establecer respuestas diferenciadas según las condiciones de cada región.
La Defensoría aseguró que continuará monitoreando la evolución de los ataques y sus efectos humanitarios. Su principal llamado es evitar que las comunidades terminen asumiendo las consecuencias de una nueva escalada de la violencia.
“La prioridad debe ser proteger a la población civil y evitar que sean las comunidades quienes terminen pagando el costo de la violencia”, concluyó la entidad.
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