Morirá la paz total, vivirá la JEP y firme con las megacárceles: las señales del próximo gobierno sobre su política de justicia
El ministro de Justicia designado dio adelantos sobre cómo será la política de justicia durante el gobierno de Abelardo de la Espriella. Desde qué pasará con la paz total, hasta el futuro de la JEP, cambios en el sistema penitenciario y una defensa anticipada del proyecto de megacárceles.
Por: Juan David Cano
Aunque faltan semanas para la posesión del nuevo gobierno, algunas de las propuestas que más discusión generaron durante la campaña empiezan a tomar forma desde el sector justicia.
El designado ministro de Justicia, Iván Cancino, entregó nuevas pistas sobre el rumbo que tomarán temas como la paz total, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y el sistema penitenciario, asuntos que se han convertido en algunos de los principales puntos de distancia entre el gobierno saliente y el entrante.
Las definiciones llegan además en un momento de cambios en el frente judicial del conflicto armado. La semana pasada, el Consejo de Estado suspendió provisionalmente la resolución que permitía al Gobierno adelantar negociaciones políticas con la Segunda Marquetalia y concluyó que la vía jurídica aplicable para esa estructura y para las disidencias de las Farc es el sometimiento a la justicia y no una negociación política.
Ese criterio se acerca a la línea que ha venido defendiendo el gobierno de Abelardo de la Espriella y que ahora empieza a aterrizar el próximo jefe de la cartera de Justicia.
El fin de la paz total como fue concebida por el gobierno Petro
Cancino confirmó que la política de paz total no continuará bajo el modelo impulsado por el presidente Gustavo Petro y anticipó que el nuevo gobierno buscará reemplazarla por mecanismos de sometimiento a la justicia respaldados por un nuevo marco jurídico.
Según explicó, la intención del gobierno entrante es mantener canales de comunicación con estructuras armadas ilegales, pero bajo reglas distintas a las que rigieron durante los últimos años.
"Hay que plantear políticas de sometimiento a la justicia, abrir el diálogo y escucharlos, pero no para mesas de negociación con impunidad ni grandes beneficios. Todo el tema de paz total, como lo configuró este gobierno, no es aceptable dentro de nuestro programa de gobierno ni dentro de los postulados del presidente", dijo a La FM.
El próximo ministro aseguró además que ese marco jurídico ya se encuentra avanzado y que será una de las primeras iniciativas que el Ejecutivo presentará al Congreso una vez comience el nuevo periodo presidencial.
"Nosotros tenemos muy claro que se necesita un marco jurídico que ya está muy avanzado y que, si no es el primer día del gobierno, será durante la primera semana. No es improvisado, lo tenemos planeado y listo para presentarlo al Congreso", añadió.
Cancino evitó entregar detalles sobre el contenido del proyecto o sobre los incentivos que podrían recibir los grupos que decidan acogerse a ese mecanismo.
La JEP seguirá, pero lo hará cumpliendo
Otro de los temas que más expectativa genera es el futuro de la JEP, uno de los pilares del acuerdo firmado con las antiguas Farc y una de las instituciones más cuestionadas desde sectores cercanos al nuevo gobierno.
Aunque durante la campaña se habló en varias oportunidades de modificarla o incluso desmontarla, Cancino ha empezado a bajar el tono de esa discusión y reconoce las limitaciones jurídicas para hacerlo.
La JEP tiene rango constitucional y además forma parte de compromisos internacionales adquiridos por el Estado colombiano, por lo que cualquier cambio requeriría reformas complejas y largos procesos políticos y judiciales. Mientras tanto, el énfasis del nuevo gobierno parece estar orientado hacia el seguimiento de sus resultados y decisiones.
"Acabarla de un plomazo no es posible. Tenemos algunas propuestas que hacer, respetando la independencia de la JEP, pero también el gobierno tiene que mirar temas de presupuesto, de políticas criminales, de comportamientos ante la Corte Penal Internacional. Esa reunión será rápida. La ley estableció unos términos absolutamente claros y, en principio, la política de este gobierno no es prorrogar la JEP", dijo a Noticias Caracol.
La discusión ocurre además pocos días después de que el tribunal dejara en firme sus primeras condenas definitivas contra antiguos integrantes del secretariado de las Farc y contra exmilitares vinculados al caso de los falsos positivos.
¿Qué pasará con las megacárceles y el debate sobre derechos humanos?
Tal vez ningún proyecto del gobierno entrante ha generado tantas comparaciones internacionales como la propuesta de construir diez megacárceles durante el próximo cuatrienio.
Las críticas han estado concentradas especialmente en el riesgo de replicar modelos penitenciarios cuestionados por organizaciones defensoras de derechos humanos y en la posibilidad de que el endurecimiento de la política criminal termine agravando el hacinamiento o las condiciones de reclusión.
Cancino intentó responder de manera anticipada a esas preocupaciones y sostuvo que el objetivo de la estrategia será precisamente el contrario.
"La instrucción del presidente es construir las diez cárceles con el menor costo posible para el erario y con rapidez, no para volver esto un sistema de violación de derechos humanos, sino precisamente para combatir el hacinamiento, combatir la reincidencia y hacer que Colombia tenga una infraestructura carcelaria mucho más moderna", dijo a La FM.
Más adelante insistió en que las nuevas prisiones deberán incorporar programas de resocialización y actividades productivas para las personas privadas de la libertad.
"No van a ser cárceles que violen derechos humanos. Van a ser cárceles construidas con sistemas modernos, con programas de resocialización y sistemas productivos", añadió.
Por ahora, buena parte de los detalles siguen reservados. Pero desde ya el gobierno entrante deja ver que pretende mover varias de las piezas centrales de la política de justicia del país.
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