Muchos acuerdos, pocos resultados: el informe de la Policía sobre la Paz Total
La Policía le entregó al gobierno de Abelardo de la Espriella un balance, mesa por mesa, de la política de paz de Petro. El documento suma listas largas de acuerdos firmados, pero repite un mismo obstáculo en casi todos los procesos.
Por: Juan David Cano
La Policía Nacional le entregó al gobierno entrante de Abelardo de la Espriella un informe de empalme que hace un balance, mesa por mesa, de la Paz Total; la política con la que el gobierno de Gustavo Petro abrió negociaciones al mismo tiempo con guerrillas, disidencias y bandas criminales.
El documento, elaborado por la Unidad Policial para la Edificación de la Paz (UNIPEP), deja ver que en casi todos los procesos hay largas listas de acuerdos firmados sobre el papel, pero, al lado, los mismos problemas sin resolver.
El reporte repasa las mesas de diálogo con grupos como las disidencias del Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF, antiguo EMC de las Farc), la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) y Comuneros del Sur, el proceso con el ELN, hoy detenido, y los espacios de conversación con estructuras criminales y urbanas.
Cada uno acumula documentos: el EMBF suma 20 acuerdos y 12 protocolos tras siete ciclos; la CNEB habría firmado 16 acuerdos y 17 protocolos; Comuneros del Sur, 12 acuerdos y cuatro protocolos.
Un desarme concreto y una mesa congelada
El avance más real es el de la CNEB. Según el informe, los primeros 99 integrantes ingresaron a una Zona de Ubicación Temporal (ZUT) en el Valle del Guamuez (Putumayo), y allí entregaron 104 armas, 467 proveedores y 24.864 municiones.
Es el único proceso que el reporte muestra con entrega real de armamento. Comuneros del Sur, que se separó del ELN y opera en Nariño, también aparece como uno de los procesos "más avanzados" del país.
"La estructura se separó políticamente del ELN y ha manifestado voluntad de transitar hacia un movimiento político y social de carácter legal. Este proceso es reconocido por el Gobierno Nacional como un modelo piloto de paz regional con enfoque territorial y participación comunitaria activa", se lee en el informe.
El problema real está en el ELN. Su mesa se encuentra detenida por decisión del Gobierno, y sigue pendiente la liberación humanitaria de policías secuestrados por esa guerrilla.
¿Qué pasa con las bandas criminales? Mesas sin una ley que las cobije
Con las estructuras criminales el panorama es más frágil. A diferencia de las guerrillas, que se sientan en mesas políticas, grupos como el Clan del Golfo solo tienen "espacios de conversación sociojurídica".
El informe destaca que ahí falta una ley de sometimiento, es decir, la norma que permitiría a estas bandas entregarse a cambio de beneficios judiciales.
Sobre el Clan del Golfo, el reporte dice específicamente lo siguiente: "actualmente no existe una negociación política formal equivalente a la desarrollada con estructuras insurgentes".
Con ese grupo se han hecho dos sesiones, la última en Doha (Catar), a finales de 2025, con siete compromisos y cuatro protocolos firmados y trece protocolos todavía en construcción. Pero sin esa norma, no se puede avanzar realmente en el diálogo.
En la misma categoría están procesos en etapa temprana con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra y las estrategias de paz urbana de Quibdó, Buenaventura, donde el diálogo es con bandas conocidas como Shottas y Espartanos, y Medellín.
En varios de esos casos, el informe anota que ni siquiera hay un acto administrativo vigente para los observadores policiales que deben acompañarlos.
El obstáculo que se repite en casi todas las páginas
Más allá de cada mesa, hay un factor que el informe menciona proceso tras proceso como límite o riesgo: las economías ilícitas.
El narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión figuran como amenaza en casi todos los grupos, junto con las disputas por el control territorial, la fragmentación interna de las estructuras y las rupturas de treguas.
Para las bandas criminales, el documento suma un riesgo extra y es que aprovechen las pausas en las operaciones de la fuerza pública para fortalecerse.
El balance llega en el peor momento posible y es el cambio de mando. El informe fue preparado para la administración de De la Espriella, que se posesiona el 7 de agosto y ya ha dicho que no negociará con los grupos armados ni las bandas, a quienes solo ofrecerá sometimiento.
Sobre la mesa quedan decenas de acuerdos firmados que esperan por ser eliminados por la administración entrante.
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