De la Espriella no consultó al Consejo de Estado sobre operaciones conjuntas con Estados Unidos: esto dice el tribunal
El Consejo de Estado revisó sus propios archivos y no encontró ninguna solicitud del Gobierno para dar el concepto previo que la Constitución exige. La respuesta del alto tribunal, obtenida por la ONG Temblores, abre además un debate sobre los límites entre la cooperación militar y las operaciones conjuntas con participación de fuerzas extranjeras, que podrían requerir otros controles institucionales.
Frente a la duda de cómo serán las operaciones conjuntas que aseguró en agosto el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, la ONG Temblores le preguntó al Consejo de Estado, el tribunal que por Constitución tiene que emitir un concepto favorable para ello, si el Gobierno nacional le había pedido uno. La respuesta la recibieron este 7 de septiembre y, después de revisar los registros y la documentación que reposan en la Presidencia y en la Secretaría General de la Corporación, el alto tribunal contestó que no.
"No se encontraron solicitudes dirigidas a esta Corporación mediante las cuales se haya requerido la emisión de concepto en relación con el ingreso, tránsito, permanencia o participación de tropas extranjeras en territorio colombiano, ni específicamente respecto de eventuales operaciones militares conjuntas entre Colombia y los Estados Unidos de América", informó la Secretaría General, según quedó consignado en el oficio.
El Consejo de Estado aprovechó la respuesta para explicar qué exige exactamente el numeral 3 del artículo 237 de la Constitución. La norma dice que le corresponde a la Sala Plena, no a cualquier sala del tribunal, emitir un concepto previo y obligatorio cuando se trata del tránsito de tropas extranjeras por el territorio nacional o de la estación y el tránsito de buques y aeronaves de guerra extranjeras. Y aunque la intervención es previa y obligatoria, el concepto que produce no ata al Gobierno. De todas maneras, para la mayoría de cosas que puedan significar “operaciones conjuntas”, De la Espriella debe pasar por el Congreso.
No obstante, el máximo tribunal sostuvo que la sola presencia temporal de personal militar extranjero, cuando ocurre en el marco de acuerdos de cooperación internacional y se limita a asistencia técnica, asesoría, intercambio de experiencias, entrenamiento o capacitación, sin participación en operaciones militares, sin ejercicio de mando y sin porte de armas, no configura por sí sola un tránsito de tropas extranjeras. Es decir, el tribunal dejó una puerta entreabierta para que el Gobierno sostenga que lo que ha hecho hasta ahora con Washington cabe en esa categoría de cooperación y no en la de operación conjunta.
El tribunal rastreó su relatoría y solo halló dos antecedentes remotamente parecidos, ninguno aplicable al caso. Uno es un concepto de 1999, pedido por el entonces ministro de Minas y Energía para resolver un asunto de cumplimiento de sentencia, que de paso desarrolló el marco del tránsito de tropas. El otro es una decisión de oficio de 2020 sobre la misión de la Brigada de Asistencia de Fuerza de Seguridad de Estados Unidos, que por haber sido iniciada por la propia Sala Plena tampoco cuenta como una solicitud formal de concepto. Ni el Gobierno de Iván Duque, ni el de Gustavo Petro, ni el de Abelardo de la Espriella, aparecen pidiendo el aval que la Constitución reserva para estos casos.
En ese sentido, la organización sin ánimo de lucro pidió al Gobierno nacional “explicar inmediatamente cuál es el fundamento constitucional de la autorización anunciada por Hegseth y bajo qué figura pretende permitir la participación de fuerzas estadounidenses en operaciones militares dentro del territorio colombiano”.
Las operaciones conjuntas en el marco del Escudo de las Américas
El 12 de agosto, en el foro de la Coalición de las Américas contra los Carteles (A3C) en Panamá, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó que Colombia "ya solicitó al Departamento de Guerra unirse a Colombia en su lucha contra el narcoterrorismo, autorizando operaciones militares conjuntas para destruir a los terroristas y sus redes".
Ese mismo día, en el mismo escenario, el ministro de Defensa, general (r) Jorge Eduardo Mora, firmó la adhesión formal de Colombia a esa coalición, con la que el país se convirtió en su miembro número 19 y ofreció su capacidad marítima para operaciones en el Pacífico y el Caribe. El propio presidente Abelardo de la Espriella había anunciado la alianza durante su campaña y la confirmó en su discurso de posesión, el 7 de agosto, como el componente operativo de lo que su Gobierno llama Plan Patriota 2.0.
De hecho, ya ha habido un primer acercamiento para dar inicio a las operaciones conjunto o, por lo menos, a la cooperación militar entre ambos países. El 26 y 27 de agosto, el jefe del Comando Sur, general Francis L. Donovan, ya había estado en Bogotá reunido con la nueva cúpula militar colombiana. De ahí viajó a Tumaco, donde se sentó con el ministro de Defensa, Jorge Mora, y con el comandante de las Fuerzas Militares, el general Erik Rodríguez, a revisar los corredores de cocaína del Pacífico, evaluar activos militares y coordinar la respuesta bajo la sombrilla de la A3C.
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