
Fiscalía cita a conciliación al exministro Guillermo Alfonso Jaramillo por mostrar historia clínica de Kevin Acosta en un consejo de ministros
El exministro deberá comparecer el 14 de septiembre ante la Fiscalía por revelar, durante un consejo de ministros, detalles de la historia clínica reservada de Kevin Acosta, el niño de siete años que murió en febrero tras no recibir a tiempo su tratamiento para la hemofilia.
Por: Carol Tatiana Gómez
La Fiscalía General de la Nación fijó para el próximo lunes 14 de septiembre, a las 9:30 de la mañana, la audiencia de conciliación entre Guillermo Alfonso Jaramillo y Yudy Katherine Pico, la madre de Kevin Acosta. La diligencia será virtual ante la fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia y buscará resolver el presunto delito de revelación de secreto que se le atribuye al exministro de Salud del Gobierno Petro.
Kevin Arley Acosta Pico tenía siete años y sufría de hemofilia A severa, una enfermedad que le impedía coagular la sangre con normalidad. El niño se cayó de una bicicleta lo que le provocó un sangrado interno, y tras varios días de atención en un hospital el Huila, fue trasladado en avioneta a Bogotá, donde murió el 13 de febrero en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital La Misericordia. Para su madre, el accidente no es la principal causa de su muerte, pues Kevin llevaba tiempo sin el tratamiento que necesitaba.
Tres días después de la muerte de Kevin, la noche del 16 de febrero del 2026, en un consejo de ministros realizado en la Casa de Nariño, Jaramillo, que todavía era ministro de Salud, habló sobre la condición médica del niño y sobre las circunstancias de su accidente. Para los abogados de la familia, esos datos pertenecían a su historia clínica y debían permanecer reservados.

"Es entendible que los niños que sufren de hemofilia tienen que estar restringidos en muchas de las actividades que puedan generarle un trauma violento y hemorrágico grave", dijo Jaramillo esa noche. En el mismo consejo de ministros, Petro también se refirió al caso, y las declaraciones fueron interpretadas por varios sectores como un intento de trasladar la responsabilidad a la familia de Kevin.
La familia de Kevin dice que duró dos meses sin tratamiento
Yudy Katherine Pico, la madre de Kevin, denunció que la Nueva EPS llevaba cerca de dos meses sin entregarle el Emicizumab, el medicamento que su hijo debía aplicarse cada 28 días para controlar la hemofilia. La EPS confirma ese lapso: en un informe técnico, dijo que la última dosis certificada fue aplicada el 14 de diciembre de 2025, casi dos meses antes de la muerte del menor. Pero atribuye el desenlace a un "trauma craneoencefálico severo accidental", no a la falta del medicamento.
La Defensoría del Pueblo respaldó la versión de la familia. En un pronunciamiento público, la entidad afirmó que el sistema de salud le falló a Kevin, quien murió "luego de dos meses sin recibir su medicamento", y pidió no revictimizar a la madre por la muerte de su hijo.

La citación al exministro Jaramillo no es la única en este caso
El 6 de agosto, la Fiscalía le pidió a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes investigar también al expresidente Gustavo Petro. La solicitud habla de la responsabilidad del exmandatario como "garante" frente a las decisiones que se tomaron durante la intervención de la Nueva EPS, y su papel en la divulgación de la historia clínica del menor durante ese mismo consejo de ministros.
También hay una tercera línea de investigación, esta vez por la muerte del niño. La Fiscalía imputará en los próximos días cargos por homicidio culposo al exagente interventor de la Nueva EPS, Luis Óscar Galvis Mateus; al exauditor Nelson Ramírez Plaza; y a las exfuncionarias Diana Marcela Caballero Arias y Jessika Pala Triana Sahastuy.

El 14 de septiembre se define si Jaramillo y la madre de Kevin logran un acuerdo por el delito de revelación de secreto. Un acuerdo archivaría el caso. Sin él, la Fiscalía sigue con la indagación y podría imputarle cargos al exministro.
Asistir es obligatorio para Jaramillo pues la citación advierte que la inasistencia injustificada abriría formalmente la investigación penal en su contra.
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