Secretario de Guerra de Estados Unidos dijo que Abelardo de la Espriella solicitó operaciones militares conjuntas en Colombia
Colombia se convertirá en el miembro 19 de la Coalición Estadounidense contra los Carteles y se suma a hacer realidad lo que el Gobierno llama el Plan Patriota 2.0. A pesar del anuncio, una cooperación a gran escala que involucre tropas americanas en suelo colombiano debe pasar por el Congreso.
Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos, confirmó, en una visita a Panamá, que Colombia se convertirá en el miembro 19 de la Coalición Estadounidense contra los Carteles o ACCC. En el anuncio también reveló que el Gobierno de Abelardo de la Espriella solicitó acciones militares conjuntas con el Departamento de Guerra para luchar contra el narcoterrorismo.
El anuncio se dio en el marco del foro de la Coalición de las Américas contra los Carteles (A3C), que es, hasta ahora, la muestra real del Escudo de las Américas. Donde también se encontraban altos funcionarios colombianos, como el ministro de Defensa, general Jorge Mora.
“Colombia ya ha solicitado al Departamento de Guerra unirse a Colombia en su lucha contra el narcoterrorismo, autorizando operaciones militares conjuntas para destruir terroristas y redes terroristas”, aseveró Hegseth.
El presidente Abelardo de la Espriella anunció, desde campaña, que se sumaría a la iniciativa de su homólogo estadounidense, Donald Trump. El 7 de agosto, durante su discurso de posesión, confirmó esta apuesta. Por ahora, este es el primer paso de este vínculo: una colaboración militar para luchar contra redes y organizaciones narcotraficantes y terroristas.
Las reacciones al comunicado
Algunas figuras públicas, como Iván Cepeda, ya han reaccionado a este aviso. "Colombia corre el riesgo de dejar de ejercer plenamente su soberanía y convertirse en un laboratorio geopolítico y en una plataforma de operaciones militares estadounidenses para toda la región", dijo en su cuenta de X.
También agregó que una acción de esta envergadura dejaría sin controles democráticos, constitucionales e institucionales que corresponden a una nación soberana y que, justamente, los deseos del Gobierno son de extrema gravedad. "Ningún gobierno puede disponer del territorio colombiano ni permitir la presencia o el tránsito de tropas extranjeras al margen de la Constitución y de las instituciones de la República", argumentó.
¿La cooperación militar tiene que pasar por el Congreso?
La discusión sobre si las operaciones militares conjuntas que Colombia pactó con Estados Unidos deben pasar por el Congreso tiene varias aristas. La Constitución, en el artículo 173, reserva al Senado la facultad de permitir el tránsito de tropas extranjeras por el territorio colombiano. Y el 189 prevé que en receso del Senado sea el presidente quien autorice ese tránsito, pero con un dictamen previo de ese mismo Consejo.
Los gobiernos que han querido evitar el trámite sostienen que tránsito significa paso, movimiento de un país a otro, de modo que unas tropas que asesoran, cooperan o se estacionan no necesitarían permiso, que fue el argumento del canciller Jaime Bermúdez en 2009 durante la negociación de la operación de tropas estadounidenses en tres bases. La lectura contraria, mayoritaria entre los constitucionalistas, responde que sería un contrasentido exigir permiso para el simple paso y no para la permanencia o la operación, que pesan mucho más sobre la soberanía, y tiene un respaldo concreto: el Consejo de Estado, en un concepto del 13 de octubre de 2009, advirtió que aun cuando un acuerdo no plantee el tránsito de tropas hacia otro país, la presencia de personal militar extranjero y de buques y aeronaves de guerra debe ser aprobada por una ley del Congreso.
La sentencia que ordena el problema es la C-459 de 2010, con la que la Corte Constitucional dejó sin efecto el acuerdo que permitía a militares de Estados Unidos operar en siete bases en Colombia y dispuso que debía ser aprobado por el Congreso, porque mientras no lo fuera no podía surtir efectos en el ordenamiento interno. El gobierno lo había firmado como acuerdo simplificado justamente para no llevarlo al Legislativo, y la Corte, por seis votos contra tres, respondió que el convenio introducía obligaciones nuevas y de fondo y que tenía que tramitarse como tratado.
Es decir, para el momento, llamar cooperación, asistencia técnica o acción conjunta no cambia la sustancia si en el terreno hay militares extranjeros operando. Con lo que describió Hegseth hoy, la exigencia del permiso debe pasar, de cualquier manera, por el Congreso. Por ahora es una noticia en desarrollo y habrá que ver con qué figura jurídica se formaliza y, sobre todo, de qué manera se harán estas actividades militares conjuntas.
Ya está en marcha el Plan Patriota 2.0
Las operaciones conjuntas son la cara operativa de una apuesta más grande que el Gobierno de De la Espriella bautizó como Plan Patriota 2.0. El general (r) Jorge Mora, ministro de Defensa, presentó los detalles del plan el 21 de julio, tras reunirse en el Pentágono con Joseph Humire, subsecretario adjunto de Guerra para Asuntos de Seguridad de las Américas.
La iniciativa, según el anuncio, promete ocho frentes que van de la inteligencia, la vigilancia y el reconocimiento a la interdicción aérea, marítima y fluvial, la protección de infraestructura crítica, las comunicaciones interoperables y la transferencia de tecnología. El Plan tiene el objetivo de recuperar capacidades, derrotar las amenazas narcoterroristas y contribuir a la estabilidad regional, lo que se relaciona directamente con el anuncio del 12 de agosto.
También está en el mismo paquete de eventos la propuesta de Trump de direccionar 1.000 millones de dólares en ayuda a Colombia. Aunque eso tiene que transitar por el Congreso de ese país.
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