La JEP le pide diálogo a De la Espriella tras una semana de choques
El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, invitó al presidente electo Abelardo de la Espriella a una reunión institucional para hablar sobre el cumplimiento del Acuerdo de Paz. Un día antes, Ramelli había respondido a las críticas de De la Espriella por el viaje a España de Timochenko.
Por: Carol Tatiana Gómez
Alejandro Ramelli formalizó por escrito lo que ya había dicho en medios, y es que la JEP está dispuesta a reunirse con el gobierno entrante pese a los ataques que ha recibido en la última semana. El lunes, De la Espriella cuestionó el permiso que el tribunal le dio a Timochenko para viajar a España, dijo que el exguerrillero "merece estar preso de por vida" y anunció que eliminará la Consejería para la Paz.
Los resultados tangibles e intangibles de la JEP
En la carta, Ramelli le pide al gobierno entrante un espacio para presentarle los resultados de la JEP antes de que asuma el poder, el 7 de agosto. Los divide en dos categorías: los "tangibles", que incluyen sentencias, imputaciones a máximos responsables, renuncias a la acción penal y amnistías, y los "intangibles", como la verdad establecida sobre patrones de macrocriminalidad y los actos de reconciliación entre víctimas y responsables.
El magistrado dirige la invitación tanto a De la Espriella como al vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, y la ampara en el artículo 113 de la Constitución, que obliga a los poderes públicos a colaborar entre sí.
En esa misma carta, Ramelli afirma que apenas un día antes, los Estados miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas destacaron esos mismos logros. Ramelli ya lo había dicho en medios, cuando habló de que la JEP tiene un "blindaje nacional e internacional" frente a las propuestas de recortar su presupuesto.
Estas son las cifras que Ramelli quiere poner sobre la mesa cuando hable con De la Espriella de resultados "tangibles": sentencias por más de 21.000 secuestros al último Secretariado de las Farc, sanciones a 12 exmilitares del Batallón La Popa por 135 ejecuciones extrajudiciales en el Cesar y seguridad jurídica para 17.000 comparecientes que se han sometido al tribunal a cambio de contar la verdad. Del lado de las víctimas, la JEP dice proteger a 439 sujetos colectivos (que son cerca de 300.000 personas) y a 15.000 víctimas acreditadas individualmente, en su mayoría mujeres.
Cooperación entre la JEP y el nuevo gobierno
Otra de las propuestas de Ramelli es que exista la posibilidad de “identificar mecanismos de coordinación y cooperación" entre la JEP y el nuevo gobierno, "desde el ámbito de nuestras respectivas competencias", con el propósito de fortalecer "la garantía de los derechos de las víctimas y generar un mayor impacto en beneficio de la sociedad colombiana".
Esta carta la envía Ramelli en medio de un debate sobre qué tan viable es en realidad acabar con la JEP. De hecho, esta semana, el senador electo Rafael Nieto, del Centro Democrático, dijo que el gobierno entrante no tendrá los votos en el Congreso para eliminarla, porque su existencia está blindada en la Constitución. Y por otro lado, el magistrado Danilo Rojas Betancourth dijo que tocar de fondo al tribunal exigiría reformar la Constitución.
El antecedente en el gobierno de Iván Duque
En 2019, el entonces presidente Iván Duque objetó seis artículos de la ley estatutaria de la JEP, relacionados con la extradición de excombatientes y la reparación a las víctimas. El trámite se demoró más de dos meses en el Congreso, pero al final la Corte Constitucional hundió todas las objeciones y Duque tuvo que sancionar la ley tal como había sido aprobada originalmente.
Ese antecedente importa porque acabar con la JEP no depende de una firma presidencial. El tribunal está anclado a la Constitución de 1991, así que cualquier cambio de fondo necesitaría una reforma constitucional aprobada por el Congreso.
De la Espriella ni su equipo se han pronunciado sobre la invitación de Ramelli, que les pide que informen la fecha, hora y lugar donde estarán dispuestos a dialogar con la JEP, antes de asumir el poder el 7 de agosto.
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