Martha Peralta y la magistrada Lombana: los reparos que generan debate en la Corte Suprema
La decisión de la magistrada Cristina Lombana de detener a Martha Peralta en junio pasado es objeto de una ardua discusión en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema.
El pasado 18 de junio la magistrada de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia Cristina Lombana Velásquez decidió trasladar con policía a la senadora del Pacto Histórico Martha Peralta para que compareciera a la diligencia de indagatoria que estaba prevista en el marco de las investigaciones por su presunta participación en el escándalo de la UNGRD.
En ese momento, previo a elecciones, la decisión de la magistrada Lombana no generaba mayor revuelo ya que la conducción forzada de una persona a indagatoria se puede hacer si se estima que se han incurrido en dilaciones injustificadas o se prevé que hay un ánimo de entorpecer las investigaciones. Lo que sí fue cuestionado y ahora es el centro de un arduo debate judicial fue la decisión de ordenar la detención de Peralta hasta el 22 de junio.
¿Por qué hay polémica? Marlon Díaz, abogado de Martha Peralta, envió a la Sala de Instrucción del alto tribunal un escrito en el que cuestiona la decisión de la magistrada Lombana, exponiendo lo que, a su juicio, fue una actuación desproporcionada y una mala aplicación del código penal que viciaría el caso en contra de la mujer. Díaz, hábilmente, no envió el escrito únicamente a la jurista que lleva el caso, sino a todos los magistrados de la Sala de Instrucción.
CAMBIO conoció que cuando Lombana presentó una ponencia que pide seguir investigando a Peralta, pero en libertad, los magistrados de la Sala de Instrucción le hicieron ver a la jurista que su documento no respondía a los duros reclamos de la defensa y que esto no solo debía hacerse, sino que debía ser una respuesta de toda la Sala.
Tras una tensa sesión, la jurista optó por retirar su ponencia y ahora la Sala de Instrucción está a la espera de que la magistrada Lombana presente un nuevo proyecto de fallo. La pregunta ahora es: ¿Cuándo pasará esto?
La detención y los reclamos
Las fechas son importantes. El 29 de mayo pasado, la magistrada Lombana determinó que escucharía nuevamente a los testigos Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirector y exsubdirector de la UNGRD, el 3 de junio y estableció la indagatoria para el 18 de junio.
El 2 de junio, la diligencia de López y Pinilla se aplazó para el día 17, es decir, un día antes de la indagatoria. La defensa pidió el aplazamiento porque el abogado tenía otra diligencia y esta petición fue negada. El 17, en horas de la tarde, los exfuncionarios dieron su declaración y la defensa de Peralta pidió copia de esas versiones para poder preparar la indagatoria y el 18 de junio, en la mañana, la propia Peralta pidió aplazar esa cita ante la imposibilidad de tener esas versiones.
La magistrada Lombana no respondió a esa petición, pero a las 10:26 de la mañana ordenó llevar a Peralta con policía a la indagatoria que estaba prevista para las 2:30 de la tarde. En consecuencia, confluyeron dos factores: agentes llegaron a la casa de Peralta en Bogotá y ella logró presentarse por sus propios medios a la indagatoria.
Para la defensa, toda esta situación fue irregular. No solo por no haber tenido acceso a declaraciones en su contra, sino porque la conducción con Policía es necesaria únicamente para casos en que los citados no lleguen. Peralta rindió indagatoria y, como la misma no terminó ese 18 de junio, Lombana ordenó su captura.
Para el abogado Díaz, esta decisión era improcedente ni fue debidamente argumentada porque se habría omitido “indicar los fundamentos fácticos y probatorios de la decisión”. Además, para el abogado, esa decisión debía ser adoptada por la Sala en pleno y no sólo por la magistrada que lidera la investigación.
“La magistrada ponente, de manera singular, no podía ordenar la restricción de la libertad para iniciar o continuar la diligencia de indagatoria porque la decisión de privación del derecho fundamental a la libertad es un asunto sustancial del proceso que, por tanto, debe adoptarse en autos interlocutorios, los que, en tratándose de jueces plurales como la Corte Suprema de Justicia, deben ser adoptados por la Sala respectiva”, dice el documento.
En palabras sencillas, el reparo de la defensa apunta a que, si la magistrada Lombana desde el comienzo, cuando ordenó la indagatoria, no estimó necesario dictar su captura, no podía luego ordenarse su captura para terminar la diligencia. Esto, además, porque la definición de la situación jurídica de Peralta se dará en un momento posterior según la ley y esa decisión, si o si, es de Sala y no de ponente.
Para el abogado Díaz, además, hubo varios elementos irregulares: primero, que se dispusieran dos agentes de custodia mujeres que “en varias ocasiones durante la noche” entraron a su cuarto mientras dormía. Segundo, que se impidiera que personas externas llegaran a la casa.
“Si la finalidad de la vigilancia policiva era evitar el riesgo de evasión o fuga, el control de acceso de visitantes al inmueble constituía una injerencia injustificada y desproporcionada en derechos fundamentales, máxime cuando sus efectos no recayeron únicamente sobre la Senadora investigada, sino también sobre todos los integrantes de su núcleo familiar, incluidos menores de edad”, dice el documento en poder de CAMBIO.
El 19 de junio, Lombana varió su orden: ya no era una detención domiciliaria sino una restricción de la libertad en la Dijín de la Policía que se extendió durante el fin de semana de elecciones, lo que habría afectado su derecho a la participación política.
“Las circunstancias descritas evidencian que la diligencia de indagatoria no se desarrolló en un escenario compatible con el ejercicio pleno de la defensa material y técnica. La falta de un tiempo razonable para su preparación, la negativa inmotivada y la ausencia de respuesta a las solicitudes de aplazamiento, la expedición de órdenes de conducción y de privación de la libertad sin el debido sustento jurídico, las restricciones impuestas durante su ejecución y la omisión de resolver la solicitud de libertad no constituyen episodios aislados, sino actuaciones sucesivas que, apreciadas en conjunto, configuraron un ambiente objetivamente coercitivo”, indicó la defensa de Peralta.
La investigación
Peralta es investigada por, presuntamente, haberse sumado a una organización criminal que tenía como fin "defraudar la administración pública" e intercambiar votos en el Congreso por contratos y por "gobernabilidad" para las reformas del Gobierno Nacional.
Es investigada por los delitos de concierto para delinquir, cohecho, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación relacionado con una presunta gestión para un contrato de maquinaria amarilla (buldóceres y retroexcavadoras) a favor de la empresa de los hermanos Jorge e Isaac Rizcala, destinada a la construcción de jagüeyes, los pozos artificiales que buena parte del pueblo wayuu usa para recoger agua en La Guajira.
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