Se acabó el Gobierno Petro y la Corte Constitucional no falló la reforma pensional
Dos años completos pasaron desde que la reforma pensional entró en estudio en la Corte Constitucional y, luego de múltiples tensiones políticas y vicios en el Congreso, el veredicto final ya no se dará en el Gobierno de Gustavo Petro, su promotor.
La promesa de una vejez digna fue uno de los pilares del Gobierno de Gustavo Petro. La reforma pensional que impulsó y defendió con fervor Petro y su bancada prometía tener elementos para proteger la vejez. No obstante, hasta el momento no hay elementos para analizar si la ley sí fue efectiva o no, porque no ha podido realmente ponerse en marcha.
El pasado 18 de julio, la reforma completó dos años bajo examen de la Corte Constitucional. En esa fecha, la senadora Paloma Valencia radicó la primera demanda contra la normatividad, alegando lo que al principio era confuso y ahora el país político recita de memoria: que el Congreso no hizo bien su trabajo porque en cuarto debate en Cámara, cuando ya se habían aprobado artículos y había cientos de proposiciones por estudiar, se optó por aprobar el texto que venía del Senado.
El vicio de forma existió y así lo determinó la Sala Plena de la Corte Constitucional el 17 de junio de 2025, dándole la oportunidad al Congreso de rehacer el debate y corregir el vicio. El problema, después, pasó porque esa decisión de la Corte, que se consigna en un auto, solo se publicó hasta el 14 de agosto, con todas las precisiones que se pedían enmendar al Legislativo. Cuando se publicó el auto, ya el Congreso había hecho las sesiones del 27 y 28 de junio en las cuales se volvió a aprobar la reforma.
Ahora, la Corte debe determinar si ya quedó todo corregido y en orden o si, como dicen varios congresistas, la reforma definitivamente debe caerse. En esto, la Sala Plena ya lleva un año y en el intermedio pasó de todo: el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, quien inicialmente tenía el estudio del caso, pidió todo tipo de pruebas que generaron molestia en el Ejecutivo, entre las cuáles están las actas de la sesiones en el Congreso.
Armando Benedetti y el propio Petro lanzaron críticas al magistrado Ibáñez que personalizaron el debate en la opinión pública y generaron un ambiente hostil entre el Gobierno y la Corte, que fue protagonista en todo el 2025. Los reclamos por la demora de la Corte, aunque justos, quedaron en medio de expresiones que —para muchos— también afectaban la autonomía e independencia judicial. Eso sí, nadie salió bien parado de esta pelea.
Luego, Ibáñez dio un 'papayazo': sus dichos en una entrevista le valieron la palestra pública y una recusación del Gobierno, por lo que el magistrado se adelantó, presentó un impedimento y sus colegas se lo aceptaron. ¿El resultado? Ibáñez quedó por fuera del caso y la ponencia suya, que pedía tumbar definitivamente la reforma no llegó a estudiarse. Eso sucedió el 18 de febrero y el caso pasó a manos de la magistrada Paola Meneses.
Desde la Corte le dijeron a CAMBIO que, lo que la ciudadanía percibe como demora, también debe entenderse porque la magistrada debía elaborar su propio proyecto de fallo y no simplemente acoger el que había presentado el magistrado Ibáñez. Aún así, no deja de generar perspicacia el hecho que la Corte no agilizara una reforma cuyos efectos están suspendidos desde mediados desde 2025 a sabiendas de la incertidumbre que generó entre la ciudadanía los traslados entre fondos que ya se hicieron.
Petro sale de la Casa de Nariño y, la siguiente semana, el jueves 13 de agosto, ya está en el primer punto del orden del día el estudio del caso. El debate se hace con siete magistrados titulares, están por fuera Ibáñez y Héctor Carvajal, y con el conjuez Pablo Márquez. Esto implica que la posibilidad de que la Sala Plena quede nuevamente empatada en una votación 4-4 entra en juego. Y, si esto pasa, la Sala tendría que designar a otro conjuez para desempatar el asunto. Esta situación alargaría varias semanas e incluso meses, el fallo definitivo. ¿Habrá decisión?
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