La jugada de la Fiscalía de Barbosa y Mancera para proteger a un alfil del uribismo señalado de financiar al paramilitarismo

El 17 de enero de 2024, en una audiencia de seguimiento a sentencias ante la juez Luz Marina Zamora del Tribunal de Justicia y Paz, el fiscal 128 especializado del grupo de compulsas de copias, Federico Lopera Parra, dijo algo que pasó inadvertido entre los presentes: la investigación sobre los empresarios bananeros que financiaron el conflicto está cerrada desde el año pasado.

Lopera se refería a los desarrollos de un proceso que involucra a lo más alto de la dirigencia empresarial señalada de auspiciar el paramilitarismo en Urabá. Este caso nunca alcanzó relevancia nacional porque fue engavetado con la complicidad de la cúpula de la Fiscalía General de la Nación durante la administración de Francisco Barbosa. La pieza clave del proceso es Carlos Nicolás Echavarría Mesa. El peso de su nombre ha impulsado a la justicia a garantizar la impunidad. 

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Echavarría es un uribista purasangre. Apoyó a Álvaro Uribe desde la Gobernación de Antioquia hasta la presidencia. Uribe lo nombró embajador ante la Unión Europea en Bruselas. Luego, en 2014, sucedió a David Zuluaga como gerente de la campaña presidencial de Óscar Iván Zuluaga. 

Hasta entonces Echavarría era un exitoso empresario y un operador político eficiente que movía sus fichas por debajo del radar mediático. Sin embargo, una decisión tomada el 30 de junio de 2023 podría cambiar su suerte. Echavarría era señalado de financiar el paramilitarismo junto a otros 17 bananeros. Ese día, el fiscal del caso, Federico Lopera Parra, había cerrado la investigación y entregado los resultados a sus superiores: la jefe de compulsas de copias, Diana Salazar, y el director de Justicia Transicional, Salomón Strusberg. 

El proceso surgió a raíz de una declaración ante Justicia y Paz de Raúl Emilio Hasbún, alias Pedro Bonito, exjefe paramilitar del Frente Álex Hurtado del Bloque Bananero de las AUC.  Hasbún fue quien le entregó a la justicia el listado de los 18 empresarios presuntos financiadores del grupo paramilitar. Uno de ellos era, precisamente, Carlos Nicolás Echavarría Mesa, quien había sido presidente de Banafrut, un conglomerado de empresas bananeras de la región de Urabá.

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Lo único que se sabía de ese caso fue revelado el 9 de octubre de 2021 por la revista Semana. La publicación advertía de que la Fiscalía había imputado a los bananeros que habrían financiado paramilitares en el Urabá. 
El tema cayó en el olvido hasta hoy, cuando CAMBIO revela que, detrás del letargo judicial, hay una razón que trasciende  la incompetencia. El 17 de enero de 2024 se realizó una audiencia de seguimiento de sentencia ante el Tribunal de Justicia y Paz y el fiscal del caso dijo que su decisión estaba desde el año pasado en manos de sus superiores. CAMBIO tuvo acceso a la audiencia en la que el fiscal, Federico Lopera Parra, cuenta los desarrollos del caso. Han pasado nueve meses desde que se tomó la decisión. Hoy el proceso sigue engavetado. 

Los detalles de la operación tortuga

Tres altas fuentes de la Fiscalía confirman que la puja por la acusación contra el bananero Carlos Nicolás Echavarría Mesa comenzó en 2023. El pulso fue tan fuerte que provocó la salida del director de Justicia Transicional, Salomón Strusberg.

Es normal que un funcionario judicial renuncie por desacuerdos de fondo sobre el desarrollo de un proceso. Sin embargo, este es un asunto de mayor calado. El caso de Strusberg va más allá de una simple diferencia de conceptos. Según las fuentes consultadas por CAMBIO, el alto funcionario decidió apartarse de su cargo porque recibió órdenes explícitas de sus superiores para precluir el proceso contra Echavarría Mesa. 

El hecho de que el entonces fiscal Francisco Barbosa le cubriera la espalda al uribismo no es sorpresivo. No obstante, el foco de la atención pública se concentró en el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe por soborno a testigos y fraude procesal. Como este caso compromete la libertad del máximo líder del Centro Democrático, los otros casos, igual de importantes pero menos mediáticos, pasaron de agache. El proceso de Echavarría no implica directamente al expresidente, pero sí está ligado a las decisiones de su gobernación que le dio vida a las convivir. 

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El primer mensaje a Strusberg pidiendo precluir el caso se lo habría dado a finales del año pasado la entonces vicefiscal y hoy fiscal general (e), Martha Mancera; luego, el director de Crimen Organizado, Ricardo Romero, y finalmente, a pocos días de dejar su cargo, el entonces fiscal, Francisco Barbosa.

Strusberg renunció argumentando motivos personales. CAMBIO lo contactó, pero el exfuncionario sólo dijo que ya no era un servidor público y que no podía hablar de nada de la Fiscalía. Incluso, se negó a explicar por qué la decisión llevaba nueve meses engavetada.

Aunque Strusberg no habla sobre el episodio, los tiempos y los rumores son dicientes. Nueve meses después, la decisión continúa engavetada. Es extraño que un fiscal que maneja procesos de Ley 600 y que, en esa primera fase funge como juez, espere el visto bueno de sus superiores para radicar la acusación ante un juez de conocimiento. Lo normal en un proceso de Ley 600 el  que cuando el fiscal emite una resolución de acusación la  presente de inmediato a un juez. 

CAMBIO buscó respuestas de la Fiscalía sobre lo que estaría pasando con el caso. La fiscal (e) Martha Mancera dijo “no tengo conocimiento del caso, lo que sí le puedo decir es que  jamás el doctor Barbosa y la suscrita vulneramos los principios de la autonomía y la independencia de los fiscales, estos principios  se respetan conforme a la Constitución y la ley, las decisiones las debe tomar el fiscal titular del caso basándose en la pruebas recolectadas dentro del proceso”.

El fiscal Ricardo Romero, director de Crimen Organizado y de quien depende la Dirección de Justicia Transicional, dijo que no entendía lo que había dicho el fiscal Lopera Parra en la audiencia conocida por CAMBIO y, mucho menos, la demora en radicar la decisión ante un juez porque a todos los fiscales se les ha dicho que “radiquen sus decisiones, que vienen desde su autonomía”. Incluso aseguró que la decisión sobre los bananeros saldrá en los próximos días.

CAMBIO se contactó con Carlos Nicolás Echavarría y este respondió:

–Sí tengo conocimiento de la decisión (de la Fiscalía), pero eso lo habla con mi abogado, no conmigo.

–¿Por qué no? –Pregunta la periodista. 

–Porque no, y mucho menos de la revista CAMBIO, muchas gracias.

Aunque Echavarría se comprometió a enviar el número de su abogado, luego envió el siguiente mensaje: “El doctor me dice que él sólo atiende los temas jurídicos. Siento mucho”.

En todo caso, el rumor sobre la orden de cambiar la decisión para favorecer a Echavarría Mesa retumba en Justicia y Paz. Funcionarios indignados buscaron a este medio para que eso no ocurriera. Quizás sea solo una coincidencia que se presente la acusación contra los empresarios, incluyendo a Echavarría, solo después de que CAMBIO expusiera el caso. Está en manos de la justicia evitar la impunidad.