El expediente contra el excongresista Jhon Arley Murillo en la Corte Suprema de Justicia
Jhon Arley Murillo, excongresista.
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Esta es la investigación que avanza en la Corte Suprema de Justicia en contra del excongresista y exdirector del ICBF Jhon Arley Murillo por supuestos enredos en la campaña electoral. Interceptaciones revelarían que gastos de campaña no fueron reportados.
El 27 de agosto de 2020, en un allanamiento a las empresas Movilidad Integral S.A.S y la Corporación Ciudad sin Fronteras en Cali, las autoridades encontraron 15 cajas de documentos que llamaron la atención por estar relacionados con la campaña al Congreso que hizo Jhon Arley Murillo Benítez.
El allanamiento lo ordenó la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia tras recibir una denuncia que asegura que, mientras fue director de la regional del Valle del ICBF entre 2008 y 2016, habría usado tanto a esa entidad como a sus contratistas (como las dos empresas mencionadas) para lograr apoyos para su campaña al Congreso de la República.
Aunque no tienen firma, los documentos encontrados en discos duros, en formato Word y PDF, son considerados relevantes por la Corte Suprema por varias razones: están marcados con las iniciales ‘JAM’ y el subtítulo ‘Jhon Arley Murillo-Campaña Cámara de Representante’, y consignan reuniones que se habrían hecho durante la campaña en 2017 al parecer con personal del ICBF, así como listados de personas, cartas, cronogramas de actividades, entre otros.
Un documento, por ejemplo, se llama ‘Comité 24 de mayo de 2017’ y tiene planes de acción de la campaña y menciona la programación de una reunión con personas del ICBF, con nombres propios. Otro que habla del plan de acción de un comité de comunicaciones tiene fecha del 28 de mayo de 2017; hay uno que habla sobre entrega de kits escolares a madres comunitarias y otro que pregunta “si existían ofrecimientos a periodistas”.
Un documento hace referencia a reuniones del 4 y 5 de septiembre con un listado de personas que serían simpatizantes del proyecto político de Murillo, con una anotación especial: “Incluir conceptos de trato especial operadores ICBF, empresarios, funcionarios”. Otro documento más que llama la atención dice que “la tarea con ICBF pendiente es hacer sondeo con los funcionarios de planta para saber quiénes están de acuerdo con el proceso”. Y otro menciona que se está trabajando con esas personas para empezar a hacer reuniones, enfatizando que, como en el pasado se les ayudó, “es mucho más probable” que apoyen el proyecto.
Igualmente, en los allanamientos hay documentos con listados de nombres, cédulas y puestos de votación, documentos con los logos vinculados a Murillo, así como cartas a madres comunitarias o sustitutas en las que se promociona la campaña de Murillo y que aparecen con su firma escaneada, un cronograma de actividades, listados de voluntarios de la campaña, bases de datos con más de 1.200 personas y con 800 madres sustitutas; así como un Excel que relaciona los gastos de campaña.
El hallazgo de los documentos es uno de los ejes de la investigación en contra de Murillo, a quien se le abrió investigación formal el 14 de septiembre de 2023 por la presunta comisión de los delitos de constreñimiento al sufragante, corrupción al sufragante, falsedad en documento privado y fraude procesal. Murillo fue escuchado en indagatoria el 31 de octubre del año pasado en la que negó haber cometido delito alguno. El pasado 31 de enero, con ponencia del magistrado Marco Antonio Rueda Soto, la Sala de Instrucción ordenó seguir con la investigación en contra de Murillo en libertad, sin dictarle una orden de detención.
CAMBIO tiene en su poder los hallazgos de la Corte para tomar esta decisión. Por un lado, hay un fuerte debate sobre la confiabilidad de los documentos por el hecho de estar en Word y no tener firma, pero, aun así, no fueron descartados por la importancia de su contenido. En especial los hallados en el computador que usaba en la empresa Movilidad Integral S.A.S Fernando Martínez Vargas quien le reconoció a la Corte la autoría de otros documentos hallados en el equipo y quien no supo explicar por qué había información de campaña de un exdirector del ICBF en ese aparato. Y otros que al parecer eran de Miguel Medina Marín, exgerente de la campaña de Murillo, quien falleció en la pandemia.
Para la Corte, el hallazgo es suficiente para valorar los documentos en conjunto con otras pruebas, por lo que era necesario seguir con este proceso, a fin de encontrar a los autores de esas informaciones y verificar si se presionaron a empleados del ICBF: “Dado que en los mismos se consignan datos, nombres e incluso información de contacto, es posible fundamentarse en los mismos para ampliar la investigación”.
En los allanamientos se encontraron fotos de certificados electorales de personas que le dijeron a la Corte que no entendían por qué estos aparecían allí, que supuestamente nunca conocieron a Murillo, mientras que el propio excongresista negó en su indagatoria que hubiera ordenado recolectarlos. No obstante, Luis Eduardo Cardona, pastor de una congregación religiosa, sí dijo que se hicieron actividades políticas en el barrio San Judas a petición de una de sus integrantes: Lina Castro y de su marido José Luis Cabezas Cortés, quien trabajaba en el ICBF.
El pastor reconoció que Murillo fue invitado a reunirse con la comunidad en la campaña y aseguró que Cabezas tenía que conseguir votos para este para “mantener su puesto” o poder obtener un ascenso. Por eso fue, dijo el testigo, que se recolectaron más de 30 certificados. Cabezas al final fue despedido en 2016, reconoció que apoyó a Murillo, pero dijo que eso era normal porque lo conocía de hace tiempo. Y contradijo al pastor, para decir que esa actividad en el barrio la hizo por su propia voluntad y no por exigencias.
Aunque la Corte tuvo en cuenta testimonios que indican que esa comunidad habría votado por Jhon Milton Rodríguez, también indicó que esto no descarta la existencia de presiones, dado que “no es común” que una persona adelante toda una actividad proselitista sin esperar nada a cambio, o necesariamente ilegal, pero sí laboral o de apoyo.
La plata no reportada
“Deme la cara como la dio las veces que hice entrega de esos recursos. Doctor Jhon, todos mis hermanos ya tienen conocimiento que si a mí me matan por esa plata que me puse usted a buscarle pa’ su campaña toda la culpa recae sobre usted”. Con estas fuertes palabras Hermes de Jesús San Martín Romaña, mejor conocido como ‘Cheo’ en los escenarios políticos del Chocó le reclamó el 2 de septiembre de 2020 al entonces representante a la Cámara Jhon Arley Murillo un millonario aporte dado para su campaña electoral.
Esta llamada dio pie para que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia siguiera haciendo interceptaciones. San Martín Romaña es dueño de una empresa de sonido y eventos y es un viejo conocido de candidatos, pues participó en la campaña para la Gobernación del Chocó de Luis Gilberto Murillo, a quien llama coloquialmente como Jefe. Y la relevancia de esta persona dentro de la investigación es que el dinero que este aportó y que reclamó de vuelta de manera airada, múltiples veces, directamente y a través de familiares, no se habría reportado en el informe de ingresos y gastos de la campaña.
“Yo le entregué a él 130 millones, los 30 últimos me autorizó que lo entregara a un muchacho en Medellín que le estaba ayudando a la campaña y 80 a la muchacha de la lista”, dijo San Martín en una llamada realizada a Silvio Elías Murillo, padre del entonces candidato Murillo, quien se refiere a Liliana Yezmín Zapata Álvarez quien en realidad era la tercera de la lista, avalada por el Consejo Comunitario Playa Renaciente.
Cheo le insistió nuevamente a Murillo sobre la necesidad de recuperar el dinero para poder pagarle a quien se lo prestó: “Como usted apoyó a Luis Gilberto que yo ayudé a que Juan Mena le devolviera a usted por lo menos usted como padre siéntese con John, es que él tiene futuro. Cómo me va a hacer matar a mí cuando pueden arreglar las cosas, uno se está dando cuenta de todo, yo no le estoy pidiendo más nada, yo tengo 5 hijas, a mí me pasa algo, yo estoy aquí en Bogotá, que nos sentemos, se sentó varias veces conmigo, el viene todas las semanas, el líder”.
Luis Gabriel Murillo, hoy canciller encargado, reconoció que conocía a Cheo de tiempo atrás, dijo que conoció a Jhon Arley Murillo, pero que no es cierto que le haya hecho una donación. Según documentos oficiales en poder de la Corte Suprema de Justicia, el monto recibido en realidad rondaría los 40 millones de pesos que prestó Maritza Mosquera y aunque la cifra no es millonaria, ni llevó a exceder los montos que se permiten por las campañas, es suficiente para poner en aprietos a Murillo por presunta falsedad en documento privado y fraude procesal.
En la decisión en poder de CAMBIO de 284 páginas, la Sala de Instrucción que asegura que Murillo habría inducido en error al Consejo Nacional Electoral que en 2019 reconoció al Consejo Comunitario Ancestral Playa Renaciente una reposición de gastos de campaña por más de 172 millones de pesos. Se cuestiona que se entregaron dos reportes a esa entidad, y solo en el segundo se incluyeron 150 millones como “obligaciones de pago”.
“Los datos que se reclaman ausentes por la Corte no fueron de presentes, ni en la primera oportunidad que se envió el informe de ingresos y gastos consolidados, el 11 de mayo de 2018; incluso, tampoco se incluyeron, para el momento en el que el documento quedó plenamente consolidado, luego de que se atendieran las observaciones de la autoridad electoral, y se aportara el mismo el 25 de octubre de 2018”, dijo la Corte.
El caso está en manos del magistrado Marco Antonio Rueda Soto quien deberá seguir con la investigación y luego determinar si hay motivos para llevar a juicio a Murillo o, por el contrario, si no hay suficientes elementos para hacerlo. En las pesquisas fueron entrevistadas múltiples personas que aparecen mencionadas en los documentos encontrados y que, de manera general, niegan haber sido presionados para apoyar a Murillo.
La Corte sí pudo verificar el contenido de algunos de esos documentos como cosas que realmente pasaron, por lo que ve posible que todos hayan sido elaborados por miembros de la campaña que no han sido identificados aún y que tendrían que explicar por qué se hallaron no en la sede de campaña, sino en una empresa contratista del ICBF.
