El ICBF se habría saltado las normas de contratación en proceso con las Fuerzas Militares

“Cambiar la empresa logística que por años tuvo el ICBF y que se negó a trabajar en zonas indígenas, es una de las mejores decisiones que el equipo contractual ha tomado. Acá el trabajo con la gente en los territorios difíciles es la clave del cambio”. 

Esa fue la respuesta que el pasado 30 de enero dio la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Astrid Cáceres, a las denuncias reveladas por CAMBIO en las que se evidenció la firma de un contrato interadministrativo por 12.370 millones de pesos para tercerizar la logística de la entidad. 

A pesar de que la funcionaria estaba convencida de la necesidad del contrato que se firmó con la Agencia Logística de las Fuerzas Militares (ALFM) y hasta refutó a través de su cuenta de X que esa subcontratación era la mejor para las zonas más apartadas del país, la Procuraduría encontró varias irregularidades que se habrían cometido en ese proceso y por eso le solicitó al ICBF que lo suspenda inmediatamente. 

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Y es que según las advertencias hechas por CAMBIO, el ICBF, en lugar de contratar ese tipo de servicios mediante la forma más común y transparente que se debe usar, es decir, adelantado una licitación o un proceso de selección de menor cuantía, prefirió hacerlo de forma directa con otra entidad que también es pública, pero cuyo función no se relaciona con lo que se quería comprar. 

Eso, sin tener en cuenta que la Agencia Logística de las Fuerzas Militares -que no es un organizador de eventos ni diseña estrategias para atención de la población infantil- tampoco tiene la capacidad para realizar la logística que durante todo 2024 necesitará la entidad contratante y por eso le tocó salir a buscar un proveedor.

Esa intermediación –que fue la que el propio presidente Gustavo Petro pidió evitar en noviembre de de 2023, dándole la orden a todas las entidades que querían justificar así la ejecución de no hacerlo– puede provocar, según expertos en contratación pública, que al Bienestar Familiar le toque pagar entre dos o tres montos adicionales de lo que le costaría si hubiera adelantado la selección a través de un concurso publicado en el portal Secop. 

Los problemas en el contrato, según la Procuraduría 

Las irregularidades denunciadas llegaron hasta las oficinas de la Procuraduría General de la Nación que le puso la lupa al contrato encontrando un probable desconocimiento del Estatuto de Contratación Pública, específicamente frente a las modalidades para escoger al contratista, por haberse ignorado el procedimiento de licitación pública y aplicar, en su lugar, la contratación directa. 

En un oficio conocido por CAMBIO y enviado a la directora del ICBF, Astrid Cáceres, el delegado para la vigilancia preventiva de la función pública del organismo de control, le exhorta a la suspensión de la ejecución del contrato, hasta tanto se adelante un análisis de las posibles omisiones en las que se incurrió.

Según la entidad de control disciplinario, el mayor problema está en haberse saltado la ley de contratación al firmar un contrato de suministro de forma directa cuando eso está expresamente prohibido. 

La Procuraduría se dio cuenta de que dicho proceso tenía esa tipología porque los bienes y/o servicios objeto de contratación, corresponden a prestaciones periódicas propias de los contratos de suministros, por ejemplo: suministro de transporte aéreo, terrestre y local, alojamiento; suministro de alimentos; suministro y/o envío de materiales, diseño e instalación de stands, entre otros. 

Incluso fue más allá y encontró que en uno de los apartes del contrato la misma Agencia Logística de las Fuerzas Militares le dice al ICBF que “de igual forma emitimos como recomendación y dejamos a su consideración, que al ser este un contrato de suministro con una lista de bienes y servicios que incluyen productos los cuales son sujetos de variables económicas como IPC, el dólar y otras tarifas que a hoy son imposible de determinar por el cierre de fin de año y la ausencia a la fecha de la fijación del salario mínimo para la vigencia 2024, se contemple dentro del estudio previo de esta contratación la posibilidad de que cada vez que se requiera el suministro de algún ítem se realice un estudio de mercado bajo mínimo tres  cotizaciones, lo cual nos permite tener un precio ajustado a la realidad del mercado”.

Lo anterior evidencia claramente que se trataba de un contrato de suministro que no se podía entregar sin adelantar una licitación y o un proceso de selección. Así lo advierte el delegado de la Procuraduría que investigó el trámite y quien ya pidió, a través de un informe conocido por este medio, que se investigue disciplinariamente a la secretaria general del Bienestar Familiar y al director general de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares. 

El documento asegura también que al haber obviado la licitación pública y al adelantar el procedimiento mediante contratación directa se impidió la pluralidad de oferentes, la participación de personas interesadas y la libre concurrencia. 

Esto implicó igualmente que “la entidad no seleccionara la mejor propuesta que cumpliera de la manera más idónea la necesidad, puesto que no realizó una convocatoria pública con participación, a partir de las cuales se escogiera la que mayores beneficios generara a la entidad y a los fines del Estado”.

El subcontrato de la Agencia Logística 

Además de haber omitido las normas de contratación por parte del ICBF, la Agencia Logística de las Fuerzas Militares hizo lo que se había advertido que podía pasar: al no tener la capacidad para poder ejecutar el contrato interadministrativo con la primera entidad, tuvo que salir a subcontratar entregando los servicios de proveeduría al canal regional Telecafé. 

CAMBIO conoció el contrato que se adelantó en febrero de este año con esa otra entidad, en donde se estableció un pagó de 5.000 millones de pesos por la prestación del servicio de la operación logística necesaria para la organización, producción y ejecución de los eventos, encuentros y demás actividades derivadas de los procesos que suscriba la agencia. 

Lo anterior confirma que sí hubo no solo una sino dos tercerizaciones que el ICBF permitió cuando hubiera podido hacerlo directamente desde la entidad y con precios mucho más bajos, ya que en una convocatoria pública, donde hay diferentes oferentes, en algunos casos la propuesta que gana es la más económica. 

Según los documentos que reposan en la Procuraduría, la Agencia Logística de las Fuerzas Militares le cobró al ICBF un 7 por ciento de comisión por el contrato interadministrativo firmado entre ambas partes. No obstante, el subcontrato que la agencia firmó con Telecafé tiene un precio mucho más bajo que el que se pagó por parte del Bienestar Familiar y no hay certeza de qué se hará con los recursos restantes.