¿Qué hacía Juan Fernando Petro en reunión con el contratista de las familias falsas del ICBF?

El 5 de octubre de 2022, cuatro hombres llegaron juntos a las instalaciones del ICBF, en Bogotá. Uno de ellos era el polémico exconcejal Otoniel Vergara Quiñones, protagonista del presunto robo de los dineros de las familias nariñenses. Otro, Juan Fernando Petro, cuyo nombre vuelve a relucir por su presencia en el mismo lugar del contratista implicado en el  nuevo escándalo denunciado por CAMBIO: el cartel de las familias falsas que involucra recursos de los niños más vulnerables en Nariño.
 
Este medio conoció que Martha Tovar, asesora de la dirección general del instituto y amiga personal de Vergara, fue quien los invitó. Según audios revelados por CAMBIO, ella sería la madrina del contratista y una ficha clave en todo el entramado. El señor José Antonio Parrado, para entonces secretario general del ICBF, los recibió.

En la fecha de los hechos, la directora del instituto era Concha Baracaldo, quien permitió ese encuentro por el gran poder del que goza Martha Tovar en la entidad desde hace varios años. Por esa razón, la reunión, que después fue denunciada, despertó sospechas en muchas personas dentro del Bienestar Familiar. 

¿Qué hace Juan Fernando Petro en el ICBF? 

En marzo de 2023 se conoció la carta que Juan Fernando Petro le envió al presidente Gustavo Petro, en la que lo criticó por creer en los rumores de su supuesta vinculación a una red que ofrecía beneficios penitenciarios a personas en las cárceles del país a cambio de dinero.  “Decide —dice la carta— colocar a los suyos a padecer este escarnio público, lo que sin duda traspasa la frontera de lo estrictamente fraternal, para colocarnos como blanco de ataques injuriosos hasta cuando la verdad aflore al final”.
 
La noticia llamó la atención de algunos funcionarios del ICBF que, con asombro, recordaron que el señor Petro, investigado ahora por la Fiscalía por el escándalo en las cárceles, se reunió cinco meses antes en el instituto con funcionarios de alto nivel de la entidad. 

Por eso, cuando se anunció que Astrid Cáceres sería la directora general del instituto, y a solo unos días de que se posesionara, llegó una alerta a su oficina informando sobre aquella visita y el presunto lobby que después habría hecho la asesora Martha Tovar para entregar contratos a su gran amigo en Nariño. 

En esa comunicación, que relaciona los registros de visitas a la entidad con nombres y cédulas de quienes ingresaron, se advierte que “el día 5 de octubre de 2022 se presentaron al ICBF los señores Enrique Rosero, Haiver Otoniel Vergara, Cesar Valencia y Juan Fernando Petro, quienes participaron en una reunión liderada y articulada por Martha Tovar, con la finalidad de asignar la contratación de la dirección de protección a los señores que ingresaron”. 

Además, se le pide a la nueva directora que “investigue a la señora Martha Tovar por tráfico de influencias e interés indebido en celebración de contratos, al estar recibiendo y confabulándose con otros funcionarios para entregar contratos a las fundaciones del corrupto zar de la contratación en Nariño Haiver Vergara, por recomendación del hermano del presidente, Juan Petro”.

A pesar de la gravedad de la denuncia, esta no fue tenida en cuenta y Martha Tovar siguió en su cargo. Incluso, viajó a varias regiones del país a desempeñarse como directora regional encargada, con la potestad de hacer cuanto quisiera con los procesos de contratación. 

Juan Fernando Petro, por su parte, no ha estado exento de los escándalos y siguió protagonizando otros titulares de prensa en Colombia durante el año pasado. En noviembre de 2023, según una investigación de Univisión Noticias, el hermano del presidente habría ofrecido amnistía a un narco para evitar su extradición a Estados Unidos. 

Un mes después, CAMBIO reveló que algunos bienes de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) fueron entregados a cambio de coimas, que se habrían cobrado a nombre del hermano del presidente Gustavo Petro. Luego, vino la tormenta que provocó cuando, en declaraciones al programa Los Informantes, de Caracol Televisión, reveló que el mandatario de los colombianos sufre del síndrome de asperger. 

CAMBIO le preguntó al hermano del presidente Petro sobre su reunión en el ICBF. Este confirmó que estuvo allí para buscar un convenio verbal entre la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos y el Bienestar Familiar, con el objetivo de valorar y trabajar en los derechos de la población infantil en diferentes regiones del país. 

Petro aseguró que en ese encuentro habló unos minutos con la directora de la entidad, Concha Baracaldo, pero después ella se tuvo que ir y se quedó con otros funcionarios, entre ellos, el secretario general. “Sí había otras personas en esa misma reunión  —dijo—, pero no sé de que irían a hablar, eso no me interesaba. En lo que a mi respecta, fui solo para hablar del convenio con la comisión”.

Entre tanto, el ICBF negó que el exconcejal y contratista Otoniel Vergara hubiera asistido a la entidad en las fechas referidas, aunque en los registros aparece su nombre en el mismo encuentro en el que estuvieron Juan Fernando Petro y los señores César Valencia y Enrique Rosero, quien además, es de la contraloría departamental de Nariño. 

Juan Fernando Petro también aseguró que no conoce a Vergara y aclaró que no tiene nada que ver con los contratos del exconcejal con el ICBF. Lo cierto es que ambos llegaron juntos a la misma reunión.  ¿A qué fueron a la entidad?

Más contratos en el ICBF para Otoniel y más irregularidades

Este medio encontró que otra de las empresas del señor Vergara sí logró tener más contratos desde que el político estuvo en las oficinas de la entidad, aunque el ICBF le respondió a CAMBIO que la actual administración no ha firmado contratos durante 2023 con la unión temporal Mi Familia UT -implicada en el cartel de las familias falsas- ni con sus asociados. 

Se trata de la fundación Asoformando, también representada legalmente por Geraldine Estefanía Vergara Tenorio, hija de Otoniel Vergara Quiñones. Solo en 2023 esa empresa fue beneficiaria de nueve contratos para operar el programa de Mi Primera Infancia en el departamento de Nariño. 

En algunos de esos procesos se habrían presentado irregularidades similares a las denunciadas en el caso de las familias falsas. Por ejemplo, ante la Fiscalía General de la Nación seccional Nariño, se denunció la presunta alteración de documentos y extractos bancarios que entregó el contratista para cobrarle al ICBF. 

El expediente que reposa en la Fiscalía regional incluye todas las pruebas de ese presunto fraude. CAMBIO pudo establecer que, por ejemplo, en uno de esos extractos bancarios se relaciona un número de transacciones con los gastos en los que habría incurrido Asoformando para ejecutar el contrato. 

No obstante, en el documento real emitido por el Banco Davivienda se establece que durante ese mes fueron muchas más las operaciones que se hicieron, incluyendo gastos personales, como el pago de la cuota de un vehículo y otras transferencias a cuentas de familiares y amigos. 

Nuevos detalles del cartel de las familias falsas 

En medio de la investigación por el fraude con el contrato para la atención de familias en 16 municipios de Nariño, que provocó una millonaria sanción a las empresas IPS Afrosalud y Corposocial que integraban la unión temporal Mi Familia UT y son de  propiedad del señor Otoniel Vergara, se han conocido nuevas pruebas de cómo querían engañar con ese proceso al ICBF en el  departamento. 

El 30 de septiembre de 2022, un mes después de finalizado el contrato, cuando ya se había declarado el incumplimiento, las alarmas se prendieron por unos beneficios o prebendas que habría otorgado la unión temporal del señor Vergara a la supervisora del contrato en el ICBF Regional y a otra funcionaria involucrada en el proceso. 

CAMBIO conoció que esos “regalitos” fueron tiquetes aéreos para dos viajes, en mayo de 2023, a Bogotá y a Cali que, supuestamente, se hicieron para hablar en esas dos ciudades sobre la ejecución del programa Mi Familia. Sin embargo, esa situación no le gustó a la directora regional, quien pidió a Control Interno del Bienestar Familiar abrir una investigación a las funcionarias implicadas, ya que por ningún motivo debían recibirle algo al operador que estaba incumpliendo. 

A la fecha se desconoce si la investigación se abrió y, si fue así, cuáles fueron sus resultados. El consorcio del señor Vergara quiso desviar la atención sobre sus actuaciones por eso su empresa le informó al ICBF sobre la entrega de esos tiquetes a cambio de que le permitieran terminar el contrato sin imponerle la sanción, pero no logró. Meses después, la supervisora que recibió los pasajes tuvo un percance de salud y falleció. 
 
Las autoridades les siguen la pista a todos los contratos de Otoniel Vergara en el ICBF en su región, pero aún no ha pasado nada con este empresario y político, que puede seguir delinquiendo a sus anchas. En el Bienestar Familiar, a pesar de la muchas advertencias, tampoco han tomado cartas en el asunto sobre la situación de Martha Tovar, la funcionaria que habría permitido la corrupción con la plata de los niños.