ICBF responde a la denuncia de CAMBIO por "cartel de las familias falsas" en Nariño

Este domingo, CAMBIO reveló cómo un consorcio liderado por el político de Cambio Radical, Otoniel Vergara, se apropió en 2021 de recursos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) destinados a atender familias beneficiarias del programa Mi Familia, que consiste en visitas y tareas periódicas para evitar el maltrato infantil.

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Para la operación del programa, se cedió el contrato a la Unión Temporal Mi Familia, integrada por IPS Afrosalud Colombia y la Corporación Colombia en Paz y Social, Corposocial. Según los hechos denunciados en CAMBIO, esta unión temporal habría falsificado los registros de los hogares que atendió para simular que estaba cumpliendo con el programa, cuando no era cierto.

Tras la publicación del artículo, el ICBF emitió un comunicado informando que, a través de una denuncia anticorrupción, la Oficina Asesora Jurídica del ICBF tuvo conocimiento de "posibles hechos contrarios a la ley" relacionados con el contrato en cuestión. 

Según el comunicado, el bienestar familiar recopiló la información necesaria y los elementos materiales probatorios para respaldar las denuncias, pero fue hasta el 2 de febrero de 2023 que la institución instauró una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación. Además, mencionó que la sanción impuesta a la unión temporal Mi Familia UT es solo una de las 70 sanciones que se pusieron el año pasado a operadores externos por incumplimientos contractuales.

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“La sanción del contrato 363 de 2021 es una de las identificadas especialmente demorada, sobre la cual el equipo nacional revisó y acompañó a la dirección regional logrando ejecutoriarla el pasado 24 de noviembre de 2023, con una imposición de multa por 1.412.415.137 pesos”, se lee en el comunicado. 

Cabe mencionar que, al tener conocimiento de un presunto parentesco entre Geraldine Estefania Vergara Tenorio, representante legal de la Unión Temporal Mi Familia, y el exconcejal Haiden Otoniel Vergara Quiñones, el ICBF verificó los asociados de la unión temporal, hallando que “ese nombre (Haiden Otoniel Vegara) figura como revisor fiscal de una de las dos organizaciones que conforman la unión temporal”.

“La revista CAMBIO señala elementos nuevos no conocidos por el despacho de la Dirección General relacionados con un funcionario del Instituto, ante los cuales, en el marco del respeto por la institucionalidad, se adelantarán las acciones a que haya lugar”, se lee en el comunicado.

El ICBF informa que, desde la llegada del nuevo gobierno, se han implementado medidas para contrarrestar posibles escenarios de corrupción, incluyendo la formación de un equipo anticorrupción y auditorías internas. También, dice haber establecido límites en la cantidad de contratos y cupos para los operadores.  Así mismo, aclara que la administración actual no ha celebrado contratos con esta unión temporal ni con sus asociados.

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El ICBF concluye con un mensaje de apoyo a la labor periodística detrás del artículo publicado por CAMBIO.

“La Dirección General considera que la tarea periodística por develar nexos entre actores políticos e irregularidades en la contratación es una labor que le permite al país conocer más a fondo realidades regionales que afectan al interés público, y en este caso particular la revista aporta valiosos elementos a situaciones que previamente el ICBF puso en conocimiento de las autoridades competentes”.