El cartel de las familias falsas: así se robaron en Nariño la plata del ICBF para los niños

Una llamada que duró apenas un minuto fue suficiente para que en el ICBF de Nariño se prendieran las alarmas. Se trataba de una comunicación de rutina para verificar si los hogares contactados se habían beneficiado del programa Mi Familia, destinado a acompañar a los hogares con visitas y tareas periódicas para evitar el maltrato infantil. Al otro lado de la línea, el interlocutor contestó que no tenía idea de lo que le hablaban.

Al funcionario le pareció extraño que esa familia apareciera como cubierta por el programa, según la información suministrada por el operador, Unión Temporal Mi Familia UT. La preocupación fue creciendo a medida que continuaba el chequeo. De un total de 812 comunicaciones, solo un poco más de la mitad (441) fueron contestadas. De esas, 62 respondieron que no sabían de la existencia de esa atención. 

Como si eso fuera poco, otros 370 intentos de comunicación con supuestos beneficiarios relacionados en la lista entregada por el operador se malograron porque los números de contacto no eran los indicados o no existían. 

En apariencia, la Unión Temporal Mi Familia UT había falsificado los registros de los hogares que atendió –tal como sucedió en el departamento de Córdoba con el cartel de la hemofilia– para simular que estaba cumpliendo con el programa, cuando no era cierto.

Un contratista de dudosa procedencia

El contrato para atender a 3.930 familias en l6 municipios de Nariño fue entregado a Mi Familia UT, conformada por las empresas IPS Afrosalud Colombia y la Corporación Colombia en Paz y Social, Corposocial, en agosto de 2021 por un valor de 8.399 millones de pesos y con un plazo de ejecución de 12 meses. El contrato fue firmado por la representante legal de esa Unión Temporal, Geraldine Estefania Vergara Tenorio.

CAMBIO conoció una resolución de junio de 2019 por medio de la cual se actualizó el Banco Nacional de Oferentes para la prestación del servicio público de Bienestar Familiar. En dicho documento se estableció cuáles eran los operadores que sí podían contratar con el instituto, teniendo en cuenta que cumplían con los requisitos exigidos. La IPS Afrosalud, socia de Mi Familia UT, fue descartada porque no logró pasar la evaluación financiera. 

A pesar de que el comité evaluador la calificó con un rotundo “No Cumple”, el ICBF pasó por encima del Banco de Oferentes y acudió a la contratación directa. Así, dejó que una empresa que no contaba con músculo financiero participara en el contrato.

La razón de esa maniobra es el nombre de la persona detrás de las empresas que conforman la unión temporal, la misma que durante años ha ganado millonarios proyectos con el ICBF: Haiden Otoniel Vergara Quiñones, padre de Geraldine Estefania Vergara. 

¿Quién es Otoniel Vergara?

Viejo conocido de la política nariñense, especialmente en Tumaco, Vergara fue imputado por la Fiscalía en 2022, según La Silla Vacía, por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, peculado y violación al régimen de inhabilidades, por haber entregado dineros sin reportar a la campaña de Gorky Muñoz a la alcaldía de Neiva, a cambio de recibir millonarios contratos del Programa de Alimentación Escolar, PAE, en esa ciudad.

Esos contratos fueron adjudicados a tres fundaciones de su propiedad: Asoformando, Colombia Florece y Corsocial. Esta última es la misma que está registrada como miembro del consorcio Mi Familia UT. Curiosamente, la representante legal de Asoformando  también es Geraldine Estefanía Vergara, la hija del político.

A pesar de las investigaciones por las irregularidades cometidas en Neiva, Vergara se libró de la medida de aseguramiento. Como su proceso está en etapa de juicio, logró volver a su tierra para seguir haciendo política. 

Vergara, según La Silla Vacía, es uno de los hombres más poderosos del partido Cambio Radical en el departamento de Nariño. En 2020, con una votación histórica en Tumaco, fue elegido como concejal de esa colectividad; y en 2023, aunque no aspiró directamente a esa corporación, sí logró poner a su socio: Miguel Banguera. 

También intentó quedarse con la Alcaldía de Tumaco en las más recientes elecciones municipales, con el candidato Jorge Luis Correa, pero no le alcanzaron los votos. El medio agrega que la influencia de Vergara llega hasta el Congreso, donde es aliado del senador de Cambio Radical Carlos Motoa, y que durante las presidenciales de 2018 se encargó de conseguirle votos a Germán Vargas Lleras.

Justo dos meses antes de recibir el nuevo contrato con el ICBF para operar el programa Mi Familia, y siendo concejal de Tumaco, Vergara fue capturado por el CTI de la Fiscalía, acusado por peculado por apropiación de los recursos del Plan de Alimentación Escolar, PAE, en Nariño, un contrato que se le entregó en 2015.  Aún así, sus empresas siguieron recibiendo dineros públicos. 

“Ya las borro, mi amor”: la sospechosa familiaridad de Vergara con una asesora del ICBF

El poder de Otoniel Vergara parece ir más allá de las alianzas políticas. Vergara tiene contacto directo con funcionarios de alto nivel en las entidades públicas, entre ellas en el ICBF. No por otra razón sus fundaciones y empresas han obtenido, desde 2016, más de 40 contratos, que suman cerca de 30.000 millones de pesos. Las pruebas de esta familiaridad son algunos audios en poder de la Fiscalía que hacen parte del proceso que adelanta contra Vergara. En ellos se escucha la confianza con la que Vergara conversa con quien parece ser una alta funcionaria del Bienestar Familiar.

Se trataría de Martha Isabel Tovar, asesora de la dirección general y quien lleva muchos años vinculada a la entidad. En una de las llamadas, Vergara, aparentemente, le informa a Tovar lo que pasó con su empresa, que no fue habilitada en el Banco de Oferentes. La voz que sería de la funcionaria le contesta que espere la actualización. 

Mujer: Hola mi amor cómo estás.
Otoniel Vergara: Bien mi amor.
M: No, yo ya estoy saliendo, ya recuperé una de las simcard y me están haciendo la reposición de la otra.
OV: Mi amor, ya revisé bien y mandaron la documentación, allá la evaluaron, 
M: Sí.
OV: Hubo un error en los estados financieros… con el proponente. Entonces por eso la capacidad da así, la liquidez bien bajita, entonces por eso da así.
M: Ya, pero ¿y entonces?
OV: No, no, eso se va a dejar así
M: Sí.
OV: Para actualizar en (inaudible) me imagino. Lo que sí te iba a preguntar es: ¿cuándo se vuelve a actualizar el Banco de Oferentes?
M: Yo creo que ya da para el nuevo, por lo que tengo entendido, va para el nuevo 
OV: Y el nuevo ¿cuándo va?
M: No sé, eso sí no lo sé porque, como este lo sacaron de inmediato, por el tema de lo inmediato que tienen que hacer la contratación… pero lo que a mí  me dijo Edwin es que no alcanzaban a sacar el nuevo con el nuevo lineamiento. 


 

En otra parte de la llamada, la mujer que habla con Vergara le pide que bloquee un número del celular que ella usa para actividades laborales. Para la Fiscalía, esta sería otra prueba de que había cosas que estaban cuadrando por debajo de la mesa. Al final de la conversación, Vergara le insiste a la funcionaria que averigüe cuándo se hará la actualización del Banco de Oferentes. 

Mujer: Amor, ¿sabes qué? El 323 bloquéalo porque lo voy a dejar exclusivamente para todo trabajo y cómo está a mi nombre, muy seguramente… no haga el porta porque (inaudible)... Sácalo y ya estoy reorganizando esta que no está ni a mi nombre, ni con mi teléfono ni con mis datos, en ningún lado. Esta es la más segura. Y la otra, que ya me la están entregando, fue una nueva que va a quedar con servicio privado, que está a mi nombre, pero también tiene otro correo electrónico. ¿Sí?
Otoniel Vergara: Listo, mi amor.
M: Entonces, esas dos, ya te confirmo cuál es la otra y la 323 bloquéala totalmente, bórrala. 
OV: Ya las borro mi amor.
M: Bueno, mi amor .
OV: Ya la borro, sí amor.
M: Listo mi cielo, ok.
OV: De todas formas toca averiguar cuándo viene lo del banco. 
M: Bueno, ya ahorita yo busco entonces a Edwin y le pregunto todo eso más bien, ¿bueno?
OV: Listo.
M: Bueno mi cielo, ok, chao. 

La lucha en Nariño para poder sancionar a Vergara

Cuando los funcionarios del ICBF de Nariño se dieron cuenta de que Mi Familia UT no había atendido al número de familias por las que se le había pagado empezó el calvario. Aunque, después de finalizado el contrato –en agosto de 2022–, la Unión Temporal Mi Familia UT reportó el cien por ciento de cumplimiento –y hasta adjuntó formatos de seguimiento de visitas a las familias–, ya los supervisores habían confirmado que ese cien por ciento no era cierto. En consecuencia, buscaron que el contratista fuera sancionado.

El informe con las irregularidades fue entregado a la dirección regional en octubre de 2022, pero solo un año después, es decir, en octubre de 2023, la dirección tomó la decisión de sancionar a las empresas de Vergara Quiñones por haber cometido ese presunto fraude contra los niños de su región. Durante todo este período, las personas del ICBF encargadas del proceso fueron intimidadas con mensajes ofensivos provenientes de los trabajadores de Mi Familia UT. 

La sanción, por supuesto, no fue aceptada por Vergara, quien pidió a sus representantes interponer recursos de reposición. En noviembre de 2023, la dirección regional confirmó la sanción contra el consorcio. En el documento conocido por CAMBIO y firmado por la directora regional del ICBF en Nariño, María Mercedes Arellano, se ordenó al contratista el pago de una multa de 1.412 millones de pesos, equivalentes a lo que el contratista no ejecutó y que sí cobró respaldado en atenciones inventadas. Vergara no pagó la sanción, aunque sí lo hizo la aseguradora. 

 
En contraste, CAMBIO pudo establecer que sólo cinco días después de emitida la sanción, es decir el 27 de noviembre de 2023, la propia directora general del ICBF, Astrid Cáceres Cárdenas, firmó una resolución con la que declaró insubsistente a Arellano.

Otras personas que estuvieron involucradas en el proceso de supervisión del programa Mi Familia tuvieron que salir de Tumaco luego de recibir amenazas. No quisieron hablar con CAMBIO con nombre propio porque siguen con miedo de las retaliaciones.  

Las denuncias en la Fiscalía

Varias denuncias sobre la actuación de Otoniel Vergara en Nariño ya llegaron a la Fiscalía General de la Nación, a la que se le pide investigar, entre otras cosas, si hubo corrupción con la plata de los niños, y si la unión temporal incurrió en los delitos de celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales, falsedad en documento privado y peculado por apropiación. En particular, una de las denuncias apunta a que Mi Familia UT no solo se inventó familias atendidas sino que también alteró extractos bancarios con los que legalizaron los recursos que les entregó el ICBF. Y agrega que esto no solo ocurrió en este caso sino en muchos otros contratos.

Una fuente que conoce de cerca el modo de proceder de Vergara le dijo a CAMBIO que la plata del programa Mi Familia habría sido utilizada para financiar las elecciones de 2023.  Otra persona cercana a las empresas de Vergara añadió que los incumplimientos de contratos no son una novedad, aunque nunca antes, en los siete años que lleva vinculado al ICBF, lo hubieran sancionado. 

Todas estas irregularidades han llegado a los oídos de la directora del ICBF, Astrid Cáceres, aunque para los denunciantes, esta no ha tomado una decisión contundente, en especial sobre Martha Tovar, a la que asocian como la mano derecha del contratista involucrado. 

Según cifras del propio bienestar, cuatro de cada 10 niños en Colombia sufre algún tipo de violencia dentro de sus hogares. A pesar de ese fenómeno, la entidad que debe brindar protección a los menores dejó en manos de corruptos la plata que se debió destinar para la atención de familias y para prevenir más abusos. 

¿Qué dice el ICBF? 

Sobre este nuevo caso de presunta corrupción en el ICBF, la entidad le informó a CAMBIO que la sanción impuesta a la unión temporal Mi Familia UT es solo una de las 70 sanciones que se pusieron el año pasado a operadores externos por incumplimientos contractuales. 

Incluso, asegura que la actual administración “tuvo que constituir, en acompañamiento con la Secretaría de Transparencia de presidencia, un equipo anticorrupción que hiciera rastreos especializados de posibles interrelaciones entre operadores para acumular contratación, y otros factores que al final se traducen en mala atención para los niños y niñas”.

Sobre la relación del exconcejal Vergara con Martha Vergara, el ICBF respondió que “tanto en el caso de ella como de los demás funcionarios se tiene reporte de sus funciones y labores, pero no de sus temas personales”. 

Finalmente, el ICBF señaló que “muchas de las problemáticas se derivan de la excesiva tercerización que la entidad ha manejado, en la que se desmontaron todos los mecanismos para operar directamente; por esto, se está revisando y adecuando la institución para mostrar de nuevo ejemplos de operación directa durante el transcurso de este año”.