El ICBF no le hizo caso a Gustavo Petro y podría pagar mucho más por un contrato que decidió tercerizar

En la directiva número seis que firmó el pasado 14 de noviembre de 2023, el presidente Gustavo Petro ordenó a todas las entidades del Gobierno nacional ejecutar directamente sus recursos. Esta instrucción, al parecer, fue ignorada en las oficinas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). 

Aunque el objetivo de esa normativa –según el mandatario– es hacer uso eficiente de los dineros del Estado evitando acudir a intermediarios en los procesos de contratación, la entidad que vela por la protección de los niños en Colombia decidió contratar la operación logítistica para la organización, realización, sensibilización, divulgación e implementación de sus diferentes estrategias, a través de una extraña tercerización que podría generar costos adicionales en el servicio que requieren. 

CAMBIO conoció que justo en diciembre del año pasado, es decir, solo un mes después de la orden del presidente Petro, el ICBF firmó un contrato interadministrativo con la Agencia de Logística de las Fuerzas Militares, para que esta entidad buscara el operador de esas estrategias para el instituto. 

En vez de hacerlo mediante la forma más común y transparente para contratar ese tipo de servicios, es decir, las licitaciones o los procesos de selección de menor cuantía, el ICBF prefirió hacerlo de forma directa con otra entidad que también es pública, pero cuyo objeto no se relaciona con lo que se quiere comprar, sin tener en cuenta que tampoco tiene la capacidad para realizar la logística que durante todo 2024 necesitará la entidad contratante.

Justamente, al no tener el total de servicios que el ICBF está buscando, a la Agencia Logística de las Fuerzas Militares –que no es un organizador de eventos ni diseña estrategias para atención de la población infantil– le tocó salir a conseguir un proveedor externo y ahora adelanta dicho trámite ante la bolsa mercantil de Colombia. 

Esa intermediación –que fue la que el presidente pidió evitar– puede provocar, según expertos en contratación pública, que al Bienestar Familiar le toque pagar entre dos o tres montos adicionales de lo que le costaría si adelantara la selección a través de un concurso en el Secop. 

Fuentes consultadas por CAMBIO explicaron que para llevar a cabo la compra de los servicios a través de la bolsa mercantil se debe adelantar un estudio de mercado, mediante el cual se establece el precio que se le pagará al proveedor. 

Ese estudio fue publicado por la Agencia el pasado 12 de enero de 2024 y servirá como insumo para llevar al mercado bursátil la compra de los servicios logísticos del ICBF en la modalidad de subasta a la inversa. Eso significa que quien los venda más baratos será el ganador. 

Sin embargo, eso no quiere decir que el Bienestar Familiar vaya a pagar menos por los eventos que hará este año y que contrata en todas las vigencias con la modalidad de licitación. Por el contrario, según los expertos, obliga a que la entidad pague no solo una sino dos y hasta tres comisiones por cada intermediario que participa en el proceso. 

El primer intermediario es, por supuesto, la agencia militar, que por el contrato interadministrativo le cobra al ICBF entre un 10 y un 15 por ciento de comisión; el segundo es la comisionista que saca el proceso a la bolsa, que también recibe un porcentaje; y finalmente, el corredor que representa al proveedor que gana, que también pide lo suyo. 

En 2023, el instituto pagó cerca de 3.500 millones de pesos por el mismo contrato.

Curiosamente, el ICBF, en respuesta a la denuncia revelada por CAMBIO este domingo acerca de un presunto cartel de las familias falsas en Nariño, afirmó que muchas de esas problemáticas se derivaban de la "excesiva tercerización que la entidad ha manejado, en la que se desmontaron todos los mecanismos para operar directamente”. No se entiende, entonces, cómo esta dirección, que se queja de la "excesiva tercerización", acuda a ella para obtener servicios que habría podido contratar sin intermediarios.