¿Mermelada en el ICBF?: A directores regionales les estarían pidiendo la renuncia para repartir sus puestos

A finales de  2023, la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Astrid Cáceres, empezó a pedirles a los directores en las diferentes regionales del instituto que presentaran su carta de renuncia protocolaria y, a la fecha, ya van 26 que han tenido que dejar a disposición de ella sus cargos. 

Esa decisión provocó la molestía de algunos de esos funcionarios quienes aseguran que llegaron a ocupar dichos cargos después de un concurso de méritos que ganaron en franca lid y tras ser escogidos por parte de los gobernadores en sus regiones que eligen entre una terna de candidatos. 

Las primeras solicitudes de renuncias se hicieron a través de una videollamada convocada por María Teresa Salamanca, asesora del despacho de la directora Cáceres, quien le informó a un grupo de directores regionales que debían abandonar de manera inmediata sus oficinas. 

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En el vídeo, conocido por CAMBIO, se escucha cuando la funcionaria les dice a sus compañeros que “la administración valora muchísimo el trabajo que todos han hecho a lo largo de este tiempo. Sin embargo, hay parámetros que rigen el ejercicio de la administración pública y cuando hay un cambio todos aquellos que desempeñan cargos de libre nombramiento y remoción tienen el deber de dejar que la persona que llega integre su equipo de trabajo”.

La noticia les cayó como un baldado de agua fría, ya que si se pudieran tomar esas decisiones cada vez que llega un nuevo líder al ICBF, la anterior directora, Concha Baracaldo, también hubiera cambiado a los jefes en las sedes territoriales de la entidad. 

En contraste, se considera por parte de algunos de los exfuncionarios que el despido masivo que se ha presentado en el Bienestar Familiar no tiene precedentes y que incluso podría generarle a la entidad demandas millonarias y gastos adicionales por el pago de indemnizaciones. 

Y es que son varias normas las que protegen a los directores a quienes se les pidieron los cargos. Por ejemplo, la misma Constitución Política de Colombia, en su artículo 305, establece las atribuciones que tienen los gobernadores en todos los departamentos del país. En el numeral 13 de ese artículo dice textualmente que deben “escoger de las ternas enviadas por el jefe nacional respectivo, los gerentes o jefes seccionales de los establecimientos públicos del orden nacional que operan en el departamento”.

Además, el decreto Ley 1083 de 2015 también es claro en afirmar que “el director o gerente regional o seccional o quien haga sus veces será escogido por el gobernador del departamento donde esté ubicada físicamente la sede de dicha regional, de una terna enviada por el representante legal del establecimiento público respectivo, la cual deberá cumplir con todos los requisitos exigidos en el manual de funciones”. 

Justamente, dicha terna con la que los gobernadores escogen a los directores regionales sale de un concurso de méritos que en algunos casos puede demorar mucho. La ley también asegura que hasta que no se agoten esos concursos no se puede acabar el periodo de quienes hayan sido escogidos en el proceso inmediatamente anterior.

Eso es lo que estaría haciendo mal ahora Astrid Cáceres, directora del ICBF, quien pidió los cargos en las seccionales departamentales, aunque todavía no hay resultados de un nuevo concurso para escoger los jefes allí. 

El temor es que la decisión tenga que ver con estrategias políticas, ya que mientras se hace el nuevo concurso de méritos, esos cargos podrán ocuparse con directores encargados escogidos por Cáceres. Ella podría poner ahí a las cuotas de los partidos cuyo respaldo será determinante en la discusión de las reformas del Gobierno en el Congreso que empezarán la próxima semana. 

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Uno de los ejemplos es el caso de la regional Magdalena, cuya renuncia se le pidió al director el 31 de enero de 2024, fuentes aseguraron que se estaría negociando el manejo de esa sede con el partido Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), ya que días antes de la solicitud al jefe seccional para que abandonara su puesto, la senadora Martha Peralta visitó la ciudad y, según testimonios obtenidos por CAMBIO, se habría reunido con funcionarios de allá. 

CAMBIO pudo conocer que Peralta estuvo en Santa Marta en el marco de un evento de la Universidad de Magdalena que se realizó el pasado 26 de enero. Se trató de una audiencia para hablar de la reforma a la salud en la que participaron la congresista y presidenta de la Comisión Séptima  del Senado, así como el viceministro de Protección Social y de Salud, Jaime Urrego y el rector de la Universidad del Magdalena, Pablo Vera Salazar, entre otros, como se puede ver en la siguiente fotografia.

Según el testimonio obtenido por CAMBIO por dos fuentes diferentes, una vez se terminó el evento, la senadora tuvo una reunión en la ciudad de Santa Marta con una funcionaria del ICBF de esa seccional a quien le pidió su hoja de vida para ser la nueva directora encargada, ya que al jefe de ese momento, que fue nombrado por concurso de méritos "lo iban a sacar".

Eso se confirmó cinco días después, es decir, el 31 de enero de 2024, cuando a Mario Ariza, director del ICBF en Magdalena lo declararon insubsistente. Ariza, en declaraciones a medios regionales, dijo que fue retirado sin justa causa y por razones políticas y por eso anunció el inicio de acciones legales para recuperar su cargo. 

No obstante, la senadora negó que estuviera adelantando gestiones para ese propósito y señaló que nunca ha estado participando o involucrada en la repartición de cuotas, coimas o entregas de entidades para tramitar e impulsar las reformas. 

"Mi labor como Senadora y presidenta de la Comisión Séptima del Senado se ha llevado a cabo de manera abierta y conforme a los procedimientos establecidos por la ley" manifestó Peralta.

Se concentra la contratación: superpoderes para la directora

CAMBIO también conoció un documento con el que la directora general del ICBF, Astrid Cáceres, modificó todas las orientaciones para el trámite del proceso de contratación de la entidad. 

En el memorando dirigido a los directores regionales, coordinadores de grupos de asistencia, de los centros zonales, los grupos jurídicos, de Primera Infancia y enlaces financieros del ICBF, se establece que en adelante “el proceso de selección de oferentes para la implementación de los servicios referidos se adelantará desde la sede de la dirección nacional con participación de los directores regionales". 

Aunque en la nueva orientación se deja claro que dichos procesos tendrán control preventivo y acompañamiento de la Secretaría de Transparencia de Presidencia, la Procuraduría y la Contraloría, hay quienes creen que con esa medida se le estaría otorgando un superpoder a la directora general que ahora tendrá toda la contratación y la búsqueda de los operadores, que manejan la plata de los niños, en sus manos. 
 

*La publicación original fue modificada en cumplimiento de la orden emitida por el Juzgado Catorce de Familia de Bogotá el 22 de marzo de 2024 en el proceso de acción de tutela presentado por la señora Martha Peralta. La nota precisa y rectifica la información sobre la visita de la senadora a la ciudad de Santa Marta, al igual que se agrega -como se hizo desde que envió solicitud de rectificación a CAMBIO- la versión de la congresista según la cual niega la visita a sede regional del ICBF.

CAMBIO pone de presente que el mencionado fallo ha sido impugnado por el medio de comunicación.