Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia.
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Elección de fiscal: los magistrados de la Corte Suprema que tienen familiares en la Fiscalía
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Apenas 16 de los 23 magistrados encargados de elegir a la próxima fiscal general le respondieron a CAMBIO sobre si tenían o no familiares en la Fiscalía, otros organismos de control y entidades públicas. Esta información es clave para develar posibles conflictos de intereses en este proceso. Le contamos.
Este martes, la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia intentará, de nuevo, elegir fiscal general de la nación. La candidata Luz Adriana Camargo lidera la intención de voto. Le sigue Amelia Pérez, que perdió terreno por los desafortunados trinos de su esposo haciendo críticas a múltiples sectores. Cierra la terna Ángela María Buitrago, que siempre ha figurado de última en las votaciones.
Un elemento importante de esta elección es saber si los magistrados que votan tienen algún conflicto de interés. CAMBIO solicitó el pasado 29 de enero, mediante un derecho de petición, que los 23 magistrados informaran si tenían familiares en cargos públicos y, específicamente, en la Fiscalía, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General o la Distrital, o en la Personería.
Más de un mes después, este medio sólo ha recibido repuesta de 16 magistrados y está a la espera que el resto de magistrados respondan el derecho de petición. ¿Qué indican sus respuestas? ¿Quiénes se declararon impedidos?
En la Fiscalía
El magistrado Diego Corredor, presidente de la Sala Penal, indicó que su primo Germán Becerra Corredor es fiscal delegado ante los Juzgados de Circuito de El Cocuy (Boyacá) desde el 14 de julio de 1992. Y añadió que su hijo Pablo Andrés Corredor Gómez trabaja en la Oficina Jurídica de la Presidencia de la República desde septiembre de 2022.
El magistrado Fernando Jiménez, presidente de la Sala Civil, indicó que tiene un pariente en tercer grado de consanguinidad que trabaja en la Fiscalía, en carrera, desde hace 29 años. Sin embargo, a diferencia de su colega, Jiménez se abstuvo de dar el nombre de su familiar.
El magistrado Luis Benedicto Herrera, de la Sala Laboral, le contestó a CAMBIO que su cónyuge trabaja en la Fiscalía, sin precisar su cargo. Herrera dijo que dos familiares, uno por afinidad en primer grado y otro en segundo, trabajaron en la rama judicial, mientras que otro familiar por afinidad en segundo grado trabajó en la Registraduría. Igualmente, a diferencia de otros de sus colegas, el magistrado se abstuvo de dar los nombres de estas personas afirmando que los datos tenían reserva legal.
“Los demás datos en relación con los mencionados en el listado anterior, resultarían ser de carácter reservado al involucrar derechos a la privacidad e intimidad de las personas, de conformidad con el art. 24-3 de la Ley 1437 de 2011, en la forma en que fue modificada por la Ley 1775 de 2015”, indicó.
El magistrado Hugo Quintero Bernate, de la Sala Penal, respondió a CAMBIO que un pariente suyo por afinidad “presta sus servicios en la Fiscalía General de la Nación, a donde llegó a laborar proveniente de la U.I.A.F”. El jurista dijo que se abstiene de revelar su identidad basado en el artículo 40 de la Ley 1621 de 2013, que protege la identidad de los servidores públicos que realizan actividades de inteligencia y contrainteligencia.
De otra parte, el magistrado Carlos Solórzano, de la Sala Penal, señaló que no tiene familiares en las entidades citadas y que su cónyuge trabajaba en la Fiscalía, entidad de la que se retiró el 1 de agosto de 2023, “con ocasión a mi designación como magistrado titular”.
El magistrado Gersón Chaverra, presidente de la Corte Suprema, no contestó el derecho de petición enviado por CAMBIO. No obstante, el jurista tiene una hermana que trabaja en la Fiscalía hace más de 20 años, y una cuñada que también trabaja en esa entidad.
Así se lo expresó Chaverra a la Sala Plena que el pasado 25 de enero negó el impedimento para votar en esta elección que presentó el jurista, junto a los magistrados Diego Corredor y Luis Benedicto Herrera. Esos tres impedimentos fueron negados y, hasta el momento, se desconoce si otros magistrados se declararon impedidos.
En el Ministerio Público y otras entidades
El magistrado Gerardo Barbosa, de la Sala Penal, indicó que desde 1997 su hermano, Carlos Arturo Barbosa Castillo, es funcionario de la Procuraduría General de la Nación en la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales. Barbosa ocupó ese cargo de manera provisional entre 1997 y el 2000. Desde ese año, está en carrera por concurso de méritos.
El magistrado Jorge Hernán Díaz Soto, también de la Sala Penal, señaló que su hermana trabaja desde el 22 de septiembre de 2023 en el cargo de director técnico Código 0100 Grado 20 de la Dirección de Audiovisuales, Cine y Medios Interactivos del Ministerio de Cultura. Además, precisó que su hija está vinculada a la Defensoría del Pueblo en provisionalidad desde el 14 de noviembre de 2023. Díaz Soto se abstuvo de proporcionar sus nombres.
El magistrado Fernando León Bolaños, de la Sala Penal, indicó que su hermano Álvaro Javier Bolaños Palacios, quien es arquitecto, trabaja como profesional especializado Grado 17 en la Defensoría del Pueblo desde el 14 de junio de 2023. Además, indicó que su hijo Fernando José Bolaños Urrego trabajada desde el pasado primero de febrero en la Sala Civil de la Corte Suprema como profesional especializado Grado 33.
La magistrada Marjorie Zúñiga Romero, de la Sala Laboral, que llegó a la Corte el 30 de noviembre de 2022, aseguró que no tiene familiares en las entidades públicas citadas. Pero sí a un familiar en segundo grado de consanguinidad, Adolfo Mario Zúñiga, que trabaja como servidor público de la Alcaldía de Barranquilla desde el 7 de enero de 2020.
La magistrada Clara Inés López Dávila, de la Sala Laboral, señaló que no tiene familiares en organismos de control. Indicó que su hijo Daniel Felipe Noguera trabaja en la Corte Suprema de Justicia desde 2016. Su hermano, Andrés Mauricio López, trabaja en Ecopetrol desde 1998; su hermana María Cristina López, en la Secretaría de Educación de Nariño desde el año 2009, y su exesposo, Luis Bayron Noguera Silva, en la E.S.E El Tambo desde 2020.
Los que no tienen familiares en cargos públicos
De los 16 juristas que contestaron el derecho de petición, cinco aseguraron que no tienen familiares en la Fiscalía, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General o la Distrital, o en la Personería.
Se trata de Martha Patricia Guzmán, Hilda González Neira, Francisco Ternera y Luis Antonio Rico Puerta, de la Sala Civil. Este último precisó que no tiene familiares hasta en el segundo grado de consanguinidad. Igualmente, el magistrado Iván Mauricio Lenis de la Sala Laboral, negó tener familiares en dichas entidades.
‘Datos son reservados’: magistrado Mejía Amador
De los 16 magistrados que, hasta el momento, han respondido a CAMBIO, solo el magistrado Omar Ángel Mejía Amador, de la Sala Laboral, se negó a dar información, asegurando que los datos solicitados son privados y semiprivados. Por tal motivo, solo podría entregarlos “por orden de autoridad judicial en el cumplimiento de sus funciones”.
“Es pertinente resaltar que los datos pedidos resultan ser de carácter reservado al involucrar derechos a la privacidad e intimidad de las personas, de conformidad con el artículo 24, numeral 3 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el canon 1 de la Ley 1755 de 2015””, dijo.
El argumento del magistrado Mejía Amador se contradice con el hecho de que otros juristas respondieron a la petición de CAMBIO con nombres y cargos de sus familiares, sin considerar que se tratara de información reservada.
