Elecciones 2022: un polvorín de orden público

Durante las últimas semanas, el país ha sido testigo de la incapacidad de la fuerza pública para mantener el control en ciertas zonas del país. En Arauca, por ejemplo, las Fuerzas Militares se ven a gatas para detener la guerra que sostienen las disidencias de las Farc con el ELN, grupos armados que ejercen allí un marcado dominio territorial y han provocado al menos 200 muertos, entre ellos muchos civiles. Algo similar sucede en el sur de Bolívar, donde el Clan del Golfo ordenó un paro armado de cuatro días, que se extendió a 11 departamentos más, en retaliación por la extradición de su máximo líder, alias Otoniel. 

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El país ha sido testigo de dos paros armados: uno realizado por el ELN en marzo y el último por los integrantes del Clan del Golfo a comienzos de mayo, que generaron miedo entre los habitantes.

Esta realidad ha encendido las alarmas acerca de la incidencia que puedan tener los grupos al margen de la ley en la jornada electoral del próximo 29 de mayo. “El país ha sido testigo de dos paros armados: uno realizado por el ELN en marzo y el último por los integrantes del Clan del Golfo a comienzos de mayo, que generaron miedo entre los habitantes; acciones que, si ocurrieran durante la jornada electoral, afectarían los comicios, sobre todo en departamentos como Chocó, Cauca, el pacífico nariñense y Arauca, donde esperamos que no suceda nada grave”, señala Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE).

Riesgo extremo

En el seguimiento a la alerta temprana No 004 de 2022, el defensor del pueblo, Carlos Camargo, señaló que, de los 521 municipios a los que se les viene haciendo monitoreo permanente, 290 presentan riesgo extremo y alto de vulneración a los derechos de la población: entre febrero y mayo se pasó de 79 a 84 municipios en riesgo extremo, y de 195 a 206 municipios con riesgo alto.

“Debo señalar con preocupación que, a pesar de los esfuerzos por parte de la institucionalidad del Estado para atender las recomendaciones hechas en febrero, las acciones violentas del ELN y las AGC-Clan del Golfo, particularmente en los departamentos de Magdalena, Córdoba, Sucre, Bolívar, Chocó y Antioquia, ocasionaron que desde nuestro Sistema de Alertas Tempranas se aumentara el número de municipios con riesgo extremo y alto”.

Según el funcionario, los departamentos con riesgo extremo son Cauca (16 municipios), Nariño (14), Chocó (9), Norte de Santander (8), Antioquia (7), Caquetá (6) y, Tolima (4) y Arauca (4).

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Defensoría solicitó acciones al Gobierno para proteger a las comunidades y estrategias de inteligencia para garantizar las condiciones de seguridad en la jornada electoral.

Ante el incremento de riesgo, el defensor solicitó acciones al Gobierno para proteger a las comunidades y estrategias de inteligencia para garantizar las condiciones de seguridad en la jornada electoral.

 “El Estado debe implementar más mecanismos de investigación y verificación de las denuncias relacionadas con delitos electorales y amenazas contra candidatos o sus campañas. También debe brindar la protección para que las personas puedan votar en zonas rurales y, sobre todo, garantizar la libre participación”, enfatizó.

Cambio de estrategia

Jorge Mantilla, director de Dinámicas del Conflicto de la fundación Ideas para la Paz, afirma que la forma de actuar de los grupos al margen de la ley se ha transformado y que, por eso mismo, tienen la facultad de afectar directamente el proceso electoral: “Si bien en los últimos años se fortalecieron, no pretenden competir directamente con el Estado, pero sí desestabilizar y ejercer control territorial. Lo delicado es que ahora actúan en pequeños grupos, camuflados entre la misma población civil”.

Algo similar opina Daniela Garzón, investigadora de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares): “Hace cuatro años, el país estaba saliendo del Acuerdo de Paz, y las organizaciones estaban a la espera de tomar control de las zonas donde permanecían las Farc. En 2018, los grupos tenían un pensamiento político, ahora lo que les interesa es el narcotráfico, manejar las rutas, establecer alianzas y coaccionar a los campesinos a cultivar la hoja de coca”.

Mantilla señala que en los últimos cuatro años la seguridad se deterioró a tal punto que ya la confrontación no es contra el Estado sino entre la misma delincuencia entre sí, sin que el Estado haya demostrado capacidad para detenerlos. “Una política de seguridad que genere un aumento en la violencia no puede ser considerada exitosa, en la medida en que no solo refleja la incapacidad de proteger, sino la incapacidad para disuadir a quienes la generan”.

Agrega que en algunas zonas del país, las campañas no pudieron colocar propaganda política, ni se les permitió a sus representantes hacer presencia física sin autorización de los grupos armados, que son los que disponen quién puede y quién no hacer proselitismo.

Para Daniela Garzón, de Pares, la tensión es evidente. “Durante el último año, se han presentado 179 hechos violentos que han dejado un saldo de 222 víctimas, que podrían aumentar a 248 afectadas, si se tiene en cuenta que muchas de esas víctimas han sufrido atropellos en más de una ocasión”. Los hechos abarcan 28 departamentos, aunque se concentran principalmente en Valle del Cauca, Antioquia, Cauca, Magdalena, Bogotá y Norte de Santander.
 

El desplazamiento, en aumento

Otros de los problemas que aquejan a la ciudadanía son el desplazamiento provocado por la delincuencia organizada, como ocurre en el Bajo Baudó, la confrontación entre integrantes del Clan del Golfo y el ELN por el manejo de rutas del narcotráfico en el Magdalena Medio, y los combates entre ambos con la fuerza pública. “Se han identificado 650 municipios con algún nivel de riesgo por desplazamiento forzado y 57 municipios están en riesgo extremo por desplazamiento masivo" , afirma Alejandra Barrios, de la MOE.

A ese panorama se une la violencia que afrontan los líderes indígenas y afro, que fueron víctimas de 100 de las 276 agresiones dirigidas a líderes sociales, 33 de ellas letales, lo que evidencia la necesidad de que el Gobierno nacional adopte medidas y esquemas de seguridad.

La estrategia de las Fuerzas Armadas

Para garantizar la seguridad, las Fuerzas Militares y la Policía establecieron el Plan Democracia, que consiste en el despliegue de uniformados en los municipios más afectados.
“Luego de un estudio de seguridad, priorizamos más de 100 municipios donde se podría presentar alguna alteración de orden público. Estos municipios se distribuyen en los departamentos de Antioquia, Arauca, Bolívar, Caquetá, Cauca, Cesar, Chocó, Magdalena, Nariño, Norte de Santander, Putumayo y Valle del Cauca”, señaló el general Luis Fernando Navarro, comandante general de las Fuerzas Militares.

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Son más de 240.000 uniformados de las diferentes fuerzas que ya están distribuidos en los 32 departamentos del país para garantizar la seguridad en las elecciones.

El alto oficial señaló que son más de 240.000 uniformados de las diferentes fuerzas que ya están distribuidos en los 32 departamentos del país para garantizar el traslado del material electoral, vigilar las mesas de votación, velar por la tranquilidad de los votantes y proteger las sedes de las Registraduría para el conteo de los votos. El plan incluye la seguridad de la infraestructura vial, así como la vigilancia de aeropuertos y puertos, para garantizar la normalidad comercial y económica.

Especial énfasis harán en el campo cibernético, luego de lo ocurrido el pasado 13 de marzo, cuando la página de la Registraduría Nacional dejó de funcionar por varias horas. “Se ha implementado una mayor tecnología de equipos y técnicos que hacen parte del Comando Cibernético, para proteger al país de cualquier cosa que pueda afectar la normalidad de la jornada electoral”, dijo el comandante.

El general Navarro también señaló que se ha dispuesto de equipos especiales de seguridad para los candidatos presidenciales, con el fin de que puedan concluir sus campañas y acompañar a sus electores sin ningún tipo de temor por sus vidas.

Mientras las disidencias y el Clan del Golfo continúan intimidando a defensores de derechos humanos, líderes sociales y pobladores; el ELN ha tomado una posición contraria. En un comunicado, anunció un “Cese al Fuego” entre el 25 de mayo y el 3 de junio, “para que quienes deseen votar lo hagan en tranquilidad”. Sin embargo, advierte: “Dicho cese solo cubre a las Fuerzas Militares y Policía del Gobierno, nos reservamos el derecho de defendernos en caso de ser atacados”.