23 Febrero 2022

Falta de inteligencia

Crédito: Álvaro Tavera-Colprensa

Las acciones armadas realizadas por grupos al margen de la ley contra guarniciones militares y estaciones de policía, así como paros armados, al parecer tienen el objetivo de mostrarse fuertes en este año electoral, desafían la capacidad del Estado de prevenir el terrorismo.

Por: Javier Patiño C.

Durante las últimas 24 horas el país ha sido testigo de un paro armado ordenado por integrantes del ELN en algunas regiones del país. Acciones en las que fueron activados varios artefactos explosivos, cerrados establecimientos comerciales y vías principales para generar pánico entre los habitantes.

Una situación con el presunto objetivo de mostrarse fuertes y dejar en el ambiente la sensación de que tienen injerencia en zonas de amplia presencia de la fuerza pública, crear zozobra a pocas semanas de las elecciones para Congreso y a tres meses de las presidenciales. 

Las cifras muestran una dura realidad: más de 18 muertos y 70 heridos –la mayoría de la fuerza pública– en los dos meses que van del año.

Las cifras muestran una dura realidad: más de 18 muertos y 70 heridos –la mayoría de la fuerza pública– en los dos meses que van del año, víctimas de explosivos y ataques con una característica común: la falta de medidas de seguridad que habrían podido evitarlos y el papel de los servicios de inteligencia y contrainteligencia.

El país ha sido testigo de más de 30 acciones contra la población civil y militar, por ejemplo, el estallido de una motocicleta-bomba frente a las instalaciones del Batallón de Infantería N° 21 Batalla Pantano de Vargas, ubicado en las afueras del municipio de Granada, Meta. Saldo: dos personas muertas –un militar y un civil–, además de otros seis uniformados heridos.

El ataque fue realizado por integrantes del frente 1 de las disidencias de las Farc, al mando de alias Gentil Duarte.

Al igual que el ocurrido en la Brigada 30 del Ejército, situada en Cúcuta, atacada con tres artefactos explosivos lanzados por integrantes del ELN. Las cargas solo dejaron daños materiales, pero demostraron fallas en la seguridad, en especial de la inteligencia. Esa misma guarnición militar ya había sido impactada, en junio de 2021, por un carrobomba que dejó más de 30 heridos a causa de la onda explosiva.

Para el ex alto consejero para la Seguridad Rafael Guarín, lo que buscan, tanto el ELN como las disidencias de las Farc, es adelantar una ola de atentados terroristas en distintos lugares de Colombia, con el fin de ‘despedir’ el gobierno del presidente Iván Duque y generar presión sobre el del próximo mandatario.

“Lo que tiene que hacer la fuerza pública es estar en máxima alerta. El objetivo de estos grupos son las unidades militares y de policía, por lo que tiene que haber una precaución adicional y permanente ante la posibilidad de atentados terroristas".

Según el exfuncionario, se requiere una articulación estrecha entre la inteligencia y la Policía Judicial, en cabeza de la Fiscalía General de la Nación, con el fin de procesar y recolectar toda la información que permita neutralizar actos de terrorismo. “La respuesta debe ser de prevención de las autoridades y de repudio social a los actos de terrorismo, en especial a los que los ejecutan”, advierte.

“El Gobierno nacional  perdió  la conducción estratégica  de las Fuerzas  Militares y estas perdieron el control territorial de las zonas más sensibles del país".

Para  Jairo Libreros,  profesor  de Seguridad y Defensa Nacional de la Universidad Externado, lo  que  ocurre en el país se  explica por dos razones: “El Gobierno nacional  perdió  la conducción estratégica  de las Fuerzas Militares y estas perdieron el control territorial de las zonas más sensibles del país.
 

Agrega que la situación en Arauca, Norte de Santander, Cauca y Nariño -zonas de presencia de grupos al margen de la ley-  no se siente la presencia de la fuerza pública, se perdió la capacidad de anticiparnos en el control territorial y no tenemos la respuesta mínima necesaria para contrarrestar los avances de los  actores ilegales”.
 

En opinión del general retirado Juan Carlos Buitrago, experto en inteligencia y seguridad: “La inteligencia nunca va ser suficiente, el margen de error siempre es alto,  al enfrentarnos a una  guerra difusa, que es planificada desde Venezuela,  donde reclutan gente para desplegar las acciones y luego replegarse, que no se puede detener por más capacidad que tengamos”.

Para el experto, los grupos al margen de la ley  aprovechan  esta época cuando hay mayor presencia de la fuerza pública fuera de las instalaciones militares, en su tarea de garantizar la seguridad de políticos y electores para realizar ataques y obtener ventaja frente a las autoridades.

Opinión que es respaldada por Ernesto Borda, analista político, al señalar que las autoridades no tuvieron en cuenta que esta época estaría alterada por acciones terroristas que creían haber terminado por el proceso de paz. “Hubo un error estratégico que no se pudo medir con la precisión necesaria: no creer que las elecciones iban a ser vulneradas no solo desde el punto de vista de fraudes electorales, sino por acciones armadas para buscar algún tipo de negociación con el Gobierno”. 

militar
Álvaro Tavera - Colprensa 

 

Crisis inteligente

Para Jairo Libreros, las Fuerzas Armadas han perdido la capacidad de anticipar cierto tipo de eventos terroristas en contra de sus propias instalaciones. “Cuando actores armados ilegales logran impactar de manera repetitiva con atentados o asaltos simultáneos, demuestran que las labores de contrainteligencia han fallado mucho”, explica.

Agrega que los grupos al margen de la ley han sido más hábiles en medir la capacidad de respuesta política y militar del Estado, entienden su dinámica, por eso es que asestan golpes más exitosos, lo cual deteriora la confianza en el Gobierno y  la percepción de seguridad.
 
Los  consejos de seguridad se convirtieron en una cura que  busca tapar una herida que no puede ser manejada sin la intervención quirúrgica de un experto que ponga los puntos necesarios para cerrar el daño que se causa”.  Afirma el profesor.
 
En su opinión, una de las falencias más sensibles es que mientras internamente alguien está ‘sacando’ información de los establecimientos militares, afuera no se obtiene la de los actores armados. “Va a tomar mucho tiempo recuperar un buen nivel para evitar lo que sucede hoy”, afirma.

Un problema que se percibe en las investigaciones realizadas a integrantes de la división de inteligencia y contrainteligencia es el desgaste que termina por afectar la integridad institucional. “Hemos visto cómo han capturado a oficiales y suboficiales que venden armamento e información y muy seguramente ello genera distorsiones, agrega. Pero en ningún caso es una justificación para que ocurra la entrega de información confidencial y mucho menos para que contrainteligencia no tenga un trabajo mucho más fuerte”.

Para este especialista, la función de contrainteligencia, desde el punto de vista defensivo, es tapar ese tipo de grietas y abrir un ojo avizor mucho más enérgico. 

. “Los ministerios de Defensa y del Interior no han acabado de entender que el conflicto no paró, que las Farc no han desaparecido y que la inteligencia no se adecuó a esos nuevos fenómenos de criminalidad”. 

Por su parte, el analista político Ernesto Borda señala que el país es testigo de una mutación en los fenómenos de violencia que da paso al concepto de ‘multicriminalidad’, que es muy distinto al del conflicto armado interno. “Los ministerios de Defensa y del Interior no han acabado de entender que el conflicto no paró, que las Farc no han desaparecido y que la inteligencia no se adecuó a esos nuevos fenómenos de criminalidad”. 

Según Borda, es evidente la debilidad dentro de las Fuerzas Armadas a raíz de que se presentó un relevo de responsabilidades en la inteligencia debido a escándalos por falsos positivos e interceptaciones ilegales, lo que llevó al cambio en los mandos. “Eso significa una destrucción de la profesionalización que hace que, hoy por hoy, esa división no esté en las manos de la gente más idónea”.

Para el general en retiro Juan Carlos Buitrago, el problema  principal es que  “no hay una política de retención del talento humano dentro de las instituciones, los dejan ir después de tanta inversión que se ha hecho en su capacitación. Lo que se requiere es un mayor compromiso de la cúpula para retener, motivar e incentivar a  los expertos que se retiran cuando cumplen los 20 años de servicio en las fuerzas”.

El principal problema para el experto en seguridad es que muchos  terminan al servicio de la empresa privada, algunos como mercenarios, otros como traficantes de información o de organizaciones al margen de la ley.

Lo importante, para estos observadores, es que las autoridades implementen planes para activar de nuevo la inteligencia y así poder identificar los movimientos y las vulnerabilidades y contrarrestar una oleada terrorista que se puede acrecentar más en las próximas semanas.