La JEP expide medida cautelar para proteger el testimonio de Otoniel

La Justicia Especial para la Paz (JEP) emitió una medida cautelar en las últimas horas a raíz de las constantes presiones que están teniendo los magistrados del Alto Tribunal, quienes no han podido tomar el testimonio en reserva del exjefe paramilitar Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel. El documento de 26 páginas, conocido por Cambio, le ordena textualmente al general Fernando Murillo Orrego, director de Investigación Criminal e Interpol, que “se abstenga de realizar actuaciones que afecten la reserva de las diligencias judiciales y en general acciones que obstaculicen la práctica del testimonio de Dairo Antonio Úsuga ante la JEP y la Comisión de la Verdad”.

El Alto Tribunal ordena de manera urgente que este testimonio sea recogido por cuatro magistrados y tres funcionarios de esa entidad en los próximos 30 días, bajo total reserva. Igualmente, le solicita a la Dijin y al director del Inpec que informe en los siguientes cinco días si desde la captura de Úsuga se han presentado situaciones que hayan puesto en peligro la vida e integridad personal de este testigo, muy importante para esclarecer la génesis de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y el papel que desempeñaron diferentes mandos militares y policiales en los departamentos de Córdoba, Sucre, Antioquia y Chocó, principalmente, en la región del Urabá.

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La solicitud busca salvaguardar el testimonio de Otoniel, quien ya ha dado nombres de generales y coroneles del Ejército encargados de reclutarlo y ponerlo en manos de la Carlos Castaño en 1996, quien meses después conformaría un ejército de hombres con el que iniciaron las AUC. Entre otros secretos, el testimonio de este exjefe paramilitar es muy importante para las víctimas de esta región costera, pues fueron cientos los muertos y desplazados que se registraron desde 1996. Por eso, la comunidad internacional también ha rechazado el papel intimidatorio de la policía en el recaudo del testimonio de Otoniel.

La organización Human Rights Watch rechazó este nuevo incidente de los magistrados de la JEP que buscan tomar el testimonio de manera reservada: “Hemos podido confirmar que agentes de la policía se negaron a acatar una orden judicial de retirarse de la audiencia de Otoniel ante la JEP. La policía alegó razones de "seguridad nacional". El gobierno debe dar una explicación pública, clara y exhaustiva al respecto”, escribió Juan Pappier, uno de los investigadores para Colombia. Un hecho que resulta desconcertante para la democracia colombiana, pues no puede ser que sea la policía la que le esté dando órdenes a los magistrados cuando estos han pedido que los dejen solos con el testigo y estos han respondido que deben cumplir órdenes del general Murillo.

El de esta semana no es el único episodio de esta naturaleza. El pasado 19 de febrero la Comisión de la Verdad también denunció el robo de archivos luego de salir de entrevistar al exjefe paramilitar que se encuentra recluido en una celda especial en los edificios de la Dijin. A través de un comunicado la Comisión reveló que la vivienda de uno de sus investigadores fue asaltada: “En el incidente, sucedido dos días después de que el comisionado Alejandro Valencia y el investigador Eduardo Andrés Celis fueron retirados de una sesión de la entrevista, también se robaron dos grabadoras que se usaron para grabar la entrevista y un computador”. 

Cambio le ha seguido la pista al caso Otoniel, pues su testimonio reviste suma importancia para el esclarecimiento del conflicto armado colombiano. Por ejemplo, en declaración ante la JEP, revelada por Cambio, el exjefe paramilitar salpicó al general Leonardo Barrero Gordillo, quien según una investigación de la Fiscalía terminó siendo alias el Padrino de esa estructura paramilitar en el sur del país. De él, Otoniel dijo que no solamente tenía entendimientos tácticos con los paramilitares, sino que era un empleado a sueldo para facilitar el narcotráfico, la minería ilegal y el tráfico de personas:

“Recibía beneficios, pagos en dinero como retribución al apoyo que prestaba al Bloque Centauros de las AUC en el Casanare y después en el Urabá, cuando fue comandante del Batallón Junín N° 33,  para que nos permitiera desarrollar nuestra economía de guerra en esos territorios, fundamentalmente el control de cultivos de coca, transformación de clorhidrato de cocaína en los laboratorios y el transporte hacia las zonas de embarque, otra renta ilegal de la que pagamos cuotas o aportes es la minería ilegal del oro y el tráfico de migrantes por el golfo de Urabá. Esta colaboración continuó después de que se conformaron en el año 2009 las Autodefensas Gaitanistas de Colombia AGC y llega hasta la época actual”.

El otro general implicado es Henry William Torres Escalante con quien habría pactado operativos del bloque Centauros de las AUC en Meta. Igualmente, con Orlando Rivas exdirector del DAS del departamento del Casanare: “me concerté con este funcionario y otros agentes del desaparecido DAS, antes del año 2006 como miembro del Bloque Centauros  y después de ese año como desmovilizado y  tercero civil entre los años 2006 al 2008, para planificar, apoyar y financiar delitos, homicidios, extorsiones, secuestros, desplazamientos, desapariciones forzadas, hurtos, terrorismo y en general graves conductas violatorias de los derechos humanos en contra de víctimas civiles de la región”, dijo en su declaración ante la JEP. 

Las medidas cautelares adoptadas por las JEP fueron solicitadas por la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz y diversas organizaciones de comunidades étnico-territoriales, campesinas y procesos urbanos, quienes han insistido en que Otoniel no sea extraditado hacia los Estados Unidos hasta tanto no entregue toda la verdad que conoce sobre el conflicto armado de los paramilitares y sus alianzas con las Fuerzas Armadas. Una vez llegue a Estados Unidos, el interés de la justicia federal se centrará en las actividades del narcotráfico de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o Clan del Golfo, la identificación de rutas y la red financiera para lavar los ingresos de la organización criminal. Para la justicia de Estados Unidos no es prioritario el establecimiento de la verdad del conflicto en Colombia y las víctimas y colombianos necesitan saber cuáles son los otros militares y policías que hicieron parte del paramilitarismo.