¿Quién le teme a Otoniel?
En las últimas horas asaltaron la casa de un funcionarios de la Comisión de la Verdad para robarse las grabaciones del testimonio del jefe del Clan del Golfo. ¿Qué es lo que conoce Otoniel que tiene tan nerviosas a tantas personas? Cambio tuvo acceso a algunos fragmentos confidenciales de su testimonio ante la JEP.
Crédito: Fotomontaje Cambio
El jefe del Clan del Golfo, Dairo Úsuga, alias Otoniel, quiere contarle a la Comisión de la Verdad los presuntos vínculos de altos oficiales, funcionarios y políticos con grupos criminales. Sin embargo, argumenta que no ha podido hacerlo porque se siente espiado por la policía.
Por: Redacción Cambio
Fue un robo dirigido. Los ladrones no querían nada más. En la madrugada del sábado entraron a la casa del investigador Eduardo Andrés Celis, funcionario de la Comisión de la Verdad. Casi no causaron daños, la puerta no estaba forzada, y probablemente entraron silenciosamente por una ventana. No parece el trabajo de un vulgar apartementero. Solo se llevaron dos grabadoras, un teléfono celular y un computador portátil. Las grabadoras contienen el testimonio que Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, le había entregado unas horas antes al comisionado Alejandro Valencia Villa. En la sesión solo estuvo una tercera persona presente, justamente el investigador asaltado. "Iban directamente por la información. Eso era lo que estaban buscando y sabían que él era quien tenia las grabadoras." le dijo a Cambio el comisionado Valencia.
Dicen los profesores de derecho penal que lo primero que hay que investigar a la hora de determinar la motivación de un delito es quién se beneficia con el ilícito. El robo del testimonio de Otoniel pone sobre la mesa todos los obstáculos que han existido para que rinda su declaración ante la Comisión de la Verdad. "Uno no sabe si es una sumatoria de todos intereses económicos, políticos y empresariales vinculados también con la Fuerza Pública que sabemos que Otoniel conoce por todo su trasegar. Entonces hay mucho miedo a que esa verdad se sepa" asegura Valencia.
Pocas personas tienen un recorrido criminal tan amplio como el de Otoniel. Empezó a los 15 años cuando fue reclutado forzosamente por las Farc, como lo habían sido sus hermanos mayores.
Después, Otoniel se cambió de guerrilla y empezó a militar en el maoísta Ejército Popular de Liberación, EPL. Cuando este grupo se desmovilizó, la mayoría de sus hombres, y con ellos Otoniel, se pasaron a las filas de las llamadas Autodefensas. Como paramilitar, estuvo en varias zonas del país y participó en las masacres de Mapiripán, en los llanos, y San José de Apartadó, en Antioquia. Después, en la negociación con los paramilitares, Otoniel se desmovilizó.
Poco tiempo le duró su vida en la legalidad. Junto con miembros de su familia fundó las llamadas Autodefensas Gaitanistas, AGC, que, según autoridades tanto de Colombia como de Estados Unidos, son realmente un grupo narcotraficante sin ninguna ideología, conocido como el Clan del Golfo.
Con semejante palmarés criminal, Otoniel sabe mucho del funcionamiento de la guerrilla, del narcotráfico y de los paramilitares. Pero sobre todo conoce perfectamente las presuntas alianzas de los grupos criminales con agentes del Estado, especialmente militares y miembros de organismos de seguridad, también civiles, ganaderos, dirigentes gremiales, líderes políticos y empresarios que han pasado de agache y en total impunidad por muchos años.
En su declaración ante la Jurisdicción Especial de Paz, JEP, Otoniel ha dejado ver una parte de la gran cantidad de información que tiene y, por eso, en una situación pocas veces vista, los defensores de las víctimas han hecho causa común con el victimario para pedir que lo dejen hablar y que su extradición se aplace hasta cuando termine de declarar en Colombia.
Es de vital importancia que el país conozca la verdad de Otoniel, pero el Gobierno parece pensar lo contrario. El proceso de extradición avanza con una celeridad pocas veces vista. Un jurista consultado por Cambio asegura que trámites que habitualmente toman ocho meses han salido en menos de sesenta días. Como si fuera poco, Otoniel está aislado en una bodega subterránea reforzada en concreto y con puertas blindadas, en la sede central de la Dijin de la Policía Nacional. Está cobijado con un régimen penitenciario especial que parece creado a su medida por una resolución expedida en diciembre pasado, semanas después de su captura, por el general de la Policía Mariano Botero Coy, director del Instituto Penitenciario y Carcelario, Inpec.
La custodia de Otoniel, que en circunstancias normales estaría a cargo de patrulleros de la institución, está encomendada a oficiales con grado de capitán, mayor y coronel.
Otoniel tiene un grupo de cinco abogados en Colombia y uno en Estados Unidos. Todos están inconformes con el tratamiento que han recibido. Consultados por Cambio han dicho que no han podido reunirse a solas con su defendido, porque sobre él hay permanentemente siete cámaras, lo cual, según ellos, impide la confidencialidad de la relación abogado-cliente.
El caso más llamativo es el del abogado estadounidense Arturo Hernández, quien representa a Otoniel, ante la Corte Federal del Distrito Sur de La Florida. Hernández es un reconocido criminalista de Miami que ganó prestigio y notoriedad al lograr la absolución del cubano Luis Posada Carriles, acusado de explotar un avión comercial en pleno vuelo, matando a 73 personas. La historia de Posada Carriles, que incluye la defensa de Hernández, ha inspirado películas y series de televisión como Operación Avispa.
Hernández vino a Colombia a finales de enero con el propósito de reunirse con su cliente y preparar una matriz de colaboración para la justicia de Estados Unidos. La Dijin, sin dar ninguna explicación, solo le permitió una reunión de veinte minutos, que fue interrumpida por un oficial de la policía, quien argumentó únicamente “órdenes superiores”.
Esta semana el abogado Hernández volvió al país con el propósito de pasar muchas horas con Otoniel para preparar su primera audiencia de presentación cuando sea extraditado. Él dice que tenía la autorización de la Fiscalía y que se sometió a todas las exigencias de la Dijin. Fue tres días seguidos al lugar de reclusión de su cliente pero no le permitieron que lo viera ni una sola vez.
Los abogados, además, han sido obligados a quitarse los cordones de los zapatos y los cinturones. Les han prohibido llevar lápices o esferos para tomar notas, porque, según les han explicado informalmente, temen que cualquiera de esos elementos sea usado para matar a Otoniel o para que Otoniel mate a sus visitantes. La escena, digna de una película de Hannibal Lecter, fue descrita por dos de los abogados del jefe del Clan del Golfo a Cambio.
Tanto el abogado estadounidense como los nacionales aseguran que se está vulnerando el derecho a la defensa de Otoniel y que no es posible estructurar un argumento jurídico, si no les permiten reunirse con su cliente por todo el tiempo necesario y con privacidad.
No fueron ellos los únicos sometidos a ese tratamiento. Al comisionado Alejandro Valencia Villa también le quitaron su esfero y se lo reemplazaron por uno suministrado por los policías. Las siete cámaras que acechan a Otoniel estuvieron activadas durante el tiempo que duró la reunión.
El preso no tiene las condiciones de privacidad mínimas para dar su testimonio confidencial, sobre todo considerando que lo monitorea la policía y buena parte de su declaración se orienta a la posible participación de miembros de las Fuerzas Armadas en crímenes de lesa humanidad.
El hombre que sabe demasiado
¿Qué es lo que conoce Otoniel que tiene tan nerviosas a tantas personas? Algunas pistas de lo que puede decir han salido de su testimonio ante la Jurisdicción Especial de Paz, JEP. Una parte de su declaración se ha hecho pública, pero otra permanece reservada. Cambio tuvo acceso a algunos fragmentos confidenciales, que dicen muchas cosas, pero que anticipan aún más. Allí ha señalado con nombres propios a altos oficiales presuntamente involucrados en asociaciones con grupos criminales. Para empezar, dos generales:
“Bajo la gravedad de juramento testifico que conocí a los generales Leonardo Barrero Gordillo y Henry William Torres Escalante, y realicé operativos conjuntos con los soldados que estaban bajo sus órdenes cuando era paramilitar del bloque Centauros de las AUC”.
El nombre del general Leonardo Barrero Gordillo, excomandante de las Fuerzas Militares, volvió a ser noticia esta semana cuando la periodista Sylvia Charry, de Blu Radio, reveló que investigaciones de la Fiscalía lo identifican como “el Padrino”, miembro de la organización narcotraficante La Cordillera, dependiente del Clan del Golfo. Otoniel le dijo a la JEP, en declaración conocida por Cambio que el general Barrero, no solamente tenía entendimientos tácticos con los paramilitares, sino que era un empleado a sueldo de ellos, para facilitar el narcotráfico, la minería ilegal y el tráfico de personas:
“Recibía beneficios, pagos en dinero como retribución al apoyo que prestaba al Bloque Centauros de las AUC en el Casanare y después en el Urabá, cuando fue comandante del Batallón Junín N° 33, para que nos permitiera desarrollar nuestra economía de guerra en esos territorios, fundamentalmente el control de cultivos de coca, transformación de clorhidrato de cocaína en los laboratorios y el transporte hacia las zonas de embarque, otra renta ilegal de la que pagamos cuotas o aportes es la minería ilegal del oro y el tráfico de migrantes por el golfo de Urabá. Esta colaboración continuó después de que se conformaron en el año 2009 las Autodefensas Gaitanistas de Colombia AGC y llega hasta la época actual”.
Buena parte de lo que afirma Otoniel está corroborado con pruebas provenientes de otras fuentes. También ha señalado a miembros civiles de organismos de seguridad como partícipes en asesinatos, secuestros y extorsiones:
“Bajo la gravedad de juramento testifico que conocí al señor Orlando Rivas exdirector del DAS del departamento del Casanare, me concerté con este funcionario y otros agentes del desaparecido DAS, antes del año 2006 como miembro del Bloque Centauros y después de ese año como desmovilizado y tercero civil entre los años 2006 al 2008, para planificar, apoyar y financiar delitos, homicidios, extorsiones, secuestros, desplazamientos, desapariciones forzadas, hurtos, terrorismo y en general graves conductas violatorias de los derechos humanos en contra de víctimas civiles de la región”.
Cada testimonio de Otoniel muestra que aún tiene mucho por decir:
“Me concerté para delinquir con civiles, empresarios, exintegrantes de las AUC, políticos, militares y exmilitares de las regiones de Urabá y Córdoba para financiar, promover y auspiciar la conformación de estructuras sucesoras del paramilitarismo en Urabá, Chocó y Córdoba desde el año 2007 y hasta el año 2009, que posteriormente dieron origen a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia AGC”.
Otoniel también tiene información sobre el despojo masivo en cuatro municipios del Urabá antiqueño, para armar la Hacienda Tulapas, una investigación en la que recientemente han sido mencionados ganaderos, financistas, notarios y funcionarios de las oficinas de registro. Otoniel asegura que:
“Nosotros las AUC realizamos un operativo para generar un desplazamiento forzado de la finca Tulapas, en Uraba, para que la Fedegan pudiera comprarla a un precio irrisorio. Esto ocurrió en coordinación con los funcionarios de Incoder, algunos notarios y registradores (sic)”.
Policía vs. Comisión de la Verdad
Esta es solo una parte de los casos que alias Otoniel puede aclarar con su versión. Por eso los representantes de las víctimas insisten en la necesidad de que sea oído por la Comisión de la Verdad, antes de ser extraditado. Una vez llegue a Estados Unidos, el interés de la justicia federal se centrará en las actividades del narcotráfico del Clan del Golfo, la identificación de rutas y la red financiera para lavar los ingresos de Los Urabeños.
Para la justicia de Estados Unidos no es prioritario el establecimiento de la verdad del conflicto en Colombia. La extradición de alias Otoniel aleja las posibilidades de identificar a uniformados, empresarios y políticos involucrados en delitos de lesa humanidad. La Comisión de la Verdad considera que ese testimonio es fundamental, tal como lo expresó en un comunicado, cuando se hizo público que los comisionados estaban teniendo problemas para atender el testimonio del jefe del Clan del Golfo.
“La Comisión insiste en que esta entrevista se fundamenta en el derecho de la sociedad colombiana a conocer la verdad de lo ocurrido en el conflicto armado y esperamos que este proceso iniciado con Dairo Úsuga David, quien estuvo involucrado 35 años en el conflicto armado y vinculado a diversos grupos armados ilegales, culmine de manera satisfactoria”.
Para la Comisión de la Verdad es esencial que Otoniel pueda hablar en condiciones de privacidad y confidencialidad. En cambio, para la Dijin la prioridad deben ser las medidas de seguridad porque, según informó en un comunicado, hay reportes de inteligencia según los cuales está en marcha un plan del Clan del Golfo, para rescatar a Otoniel en su lugar de reclusión.
Allegados al extraditable le dijeron a Cambio que, “si estuviera pensando en escaparse, no se habría entregado”. La declaración soltada casi que casualmente reabre una controversia que arrancó con la captura de Otoniel, efectuada en octubre 23 del año pasado, y que sigue generando dudas. El Gobierno lo ha presentado como el resultado de una operación épica de inteligencia, persecución y cerco, que el presidente de la república calificó como el golpe más importante a las mafias desde la caída de Pablo Escobar. La versión de Otoniel es un poco distinta.
Un allegado a Otoniel le dijo a Cambio que el jefe del Clan del Golfo fue alertado veinticuatro horas antes de la operación para capturarlo, por cuenta de militares que estaban en la nómina de la organización criminal, y que decidió entregarse para no seguir huyendo.
Cuando los militares llegaron a la zona de Pueblo Nuevo, en Urabá, donde se encontraba, ordenó a los hombres que lo acompañaban que salieran por una ruta segura y se dirigió solo hacían donde estaban los efectivos del Ejército, arrojó su pistola y se quitó la camisa para que vieran que no estaba armado y empezó a gritar, identificándose como Otoniel.
Aunque la versión final del Gobierno describe de otra manera la captura, existe un informe de un suboficial que participó en la operación que corrobora algunas de los detalles narrados por Otoniel: “Cuando observamos una persona de contextura gruesa, la cual viste con botas de caucho y de negro y empieza a gritar que no lo maten y se identifica como Otoniel”.
Ante la JEP, Otoniel dio su versión en estos términos: “Yo llegué voluntariamente a la tropa donde estaba el Ejército. No fue captura cogido así quieto. Porque si no, en esa región lo cogen a uno así y lo matan ahí mismo, se puede decir. Yo llegué voluntariamente donde había una tropa de Ejército. Y así fue la captura mía”.
La Dijin, encargada de la custodia del capo, recuerda su peligrosidad, señalando que es responsable del homicidio de decenas de líderes sociales, miembros de la fuerza pública, abuso de menores y actividades de narcotráfico. La Comisión de la Verdad afirma que entiende las necesarias medidas de seguridad, pero enfatiza que oír libremente a Otoniel es imprescindible para lograr la verdad que requieren las víctimas.
Las dos partes tienen una buena dosis de razón. Lo cierto es que las comunicaciones entre el presidente de la Comisión de la Verdad, Francisco de Roux, y el director de la Dijin general Fernando Murillo que se venían dando regularmente, están interrumpidas desde hace tres días. No obstante, el comisionado Alejandro Valencia Villa asistió el viernes a la Dijin y, con las restricciones conocidas, continuó escuchando el testimonio de Otoniel hasta pasadas las dos de la tarde. El mismo testimonio cuya grabación fue sustraída, en una robo clínico, de la casa del investigador que acompaña al comisionado.
La reacción de la Dijin ante el ilícito resultó desconcertante. El cuerpo de Policia Judicial recomendó en un comunicado que "Se instaure la correspondiente denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, para que este ente asuma la investigación del hecho"
El viernes poco después de las cuatro de la tarde, ante la JEP, Camilo Santacoloma, uno de los abogados del jefe del Clan del Golfo, radicó una petición de sometimiento a la Jurisdicción Especial de Paz, identificando a su representado como “tercero colaborador de las Fuerzas Armadas, promotor y financiador de grupos paramilitares”. De acuerdo con la interpretación de la defensa, la solicitud podría implicar la suspensión de la extradición, hasta que la JEP decida si lo acepta o no.
Dairo Úsuga, alias Otoniel, que fue reivindicado como trofeo por el presidente Iván Duque puede convertírsele en una pesadilla política en los últimos meses de su gobierno. Por eso no resulta fácil que la gente crea que su extremo aislamiento sea solo para protegerlo o evitar su fuga. Muchos empiezan a pensar que hay poderosos intereses concertados para evitar que hable.