¿A quién protege el silencio de Jorge 40?

Las víctimas del paramilitarismo en Magdalena, Cesar y La Guajira han denunciado en múltiples ocasiones la poca verdad que ha dicho Rodrigo Tovar Pupo, conocido con el alias de Jorge 40. No es un reclamo aislado, el antiguo jefe paramilitar del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) fue excluido de Justicia y Paz por un silencio que mantiene desde su extradición a Estados Unidos. Su abogado ha dicho que calla desde el asesinato de su hermano en Valledupar en 2009.

Con su silencio no solo les ha incumplido a las víctimas, también ha beneficiado a la clase política tradicional y a las empresas y particulares que financiaron los grupos armados. Aunque la JEP parece haberle abierto la puerta, ha dejado claro que no busca ser un tribunal alterno a Justicia y Paz. Su ingreso, que está condicionado a una audiencia de verdad, no sería como exparamilitar, sino como persona que tejió alianzas delictivas con miembros del Ejército y la Policía.

Los favorecidos del silencio 

A pesar del silencio de Jorge 40, que ya completa cerca de 13 años, uno de sus computadores fue clave para desentramar los primeros procesos de parapolítica. Aunque se había denunciado la llegada de personas a cargos públicos con el apoyo del paramilitarismo, los archivos que hallaron los investigadores en el portátil de Rodrigo Tovar Pupo sirvieron para condenar a varios parapolíticos y al exdirector del DAS Jorge Noguera.

El computador, que le fue incautado a su lugarteniente Édgar Ignacio Fierro, alias Don Antonio, en 2006, contenía pruebas de los nexos entre paras y políticos de la costa Caribe, listas de personas asesinadas y de dinero público que había llegado al Bloque Norte de las AUC. Nunca llegaron las declaraciones de Jorge 40 ante Justicia y Paz que se esperaba que dieran detalles de esta información.

La justicia condenó a más de 40 congresistas por parapolítica, entre ellos a importantes clanes políticos de la costa Caribe, como los Gnecco, los Araújo, los Muvdi, los Dávila Armenta, entre otros. También varios que quedaron libres por falta de pruebas. El silencio de Jorge 40 ha sido clave para dejar enterrada parte de la verdad de las alianzas entre paras y políticos.

Sin embargo, no solo los políticos han salido favorecidos con el silencio, también varias empresas acusadas de financiar el paramilitarismo. Las versiones contradictorias de exparamilitares y la falta de pruebas las han salvado de una condena, mientras las víctimas continúan exigiendo la verdad. 

Uno de los casos más conocidos es el de la multinacional carbonera Drummond, que ha sido acusada, como lo detalla el informe 'El lado oscuro del carbón', por exparamilitares de financiar al Bloque Norte de las AUC. No obstante, hasta la fecha, las pruebas no han sido concluyentes e incluso el antiguo paramilitar Óscar José Ospino, alias Tolemaida, dijo, en entrevista con El Espectador, que solo Jorge 40 podría comprobar la relación de la empresa con el grupo armado ilegal.

Drummond también ha sido acusada del asesinato de los líderes sindicales Víctor Orcasita y Valmore Lorcano, miembros de Sintramienergética, quienes fueron asesinados por órdenes de Jaime Blanco Maya, quien era el contratista que proveía el servicio de alimentos. Por estos hechos se abrió un caso ante la justicia de Estados Unidos, que fue desestimado en 2016. 

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Alias Tolemaida, dijo en entrevista con El Espectador, que solo Jorge 40 podría comprobar la relación de la empresa con el grupo armado ilegal.

En diciembre de 2020 fueron llamados a juicio José Miguel Linares, actual presidente en Colombia de la carbonera, y el expresidente Augusto Jiménez, por, supuestamente, haber financiado y promovido la creación y los propósitos ilícitos de las AUC entre 1996 y 2001. Ambos han negado las acusaciones y, en enero del siguiente año, apelaron la llamada a juicio que aún no se ha resuelto.

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“Hubo una confluencia entre el aparato militar del Estado, la actuación de grupos paramilitares y la multinacional Drummond para «asegurar» su proyecto extractivo. Numerosas fuentes sostienen que directivos y contratistas de la Drummond patrocinaron económicamente, al menos entre 1996 y 2001”, señaló la Comisión de la Verdad en uno de sus informes.

El silencio o el silenciado

Han pasado casi siete años desde que Justicia y Paz excluyó a Rodrigo Tovar Pupo de su jurisdicción y envió su caso a la justicia ordinaria. Desde que fue extraditado a Estados Unidos en 2008, por el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, Jorge 40 no asistió a ninguno de los llamados por parte del tribunal, que fue creado posterior a la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). 

Su abogado ha dicho ante los medios de comunicación que una de sus razones para no hablar fue el asesinato de su hermano el 24 de diciembre de 2009, unos meses después de que llegara extraditado a Estados Unidos. Sergio Tovar Pupo estaba al margen de los negocios de Rodrigo Tovar, era ingeniero de alimentos y ganadero. 

Como lo denunció en su momento el entonces representante a la Cámara Iván Cepeda, se ha dicho que el crimen fue un plan para callar a Jorge 40. Hasta el momento parece haber funcionado. Además, las investigaciones no han podido esclarecer quién ordenó el asesinato.

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“No solo tenía la intención de contribuir con la justicia desde el principio, cuando estaba aquí, sino que una manera de callarlo fue el asesinato de su hermano”, dijo su abogado, Hernando Bocanegra Bernal en 2015 tras su exclusión de Justicia y Paz.

La puerta que se abre en la JEP

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) no aceptó en 2020 la inclusión del exparamilitar Jorge 40. Una de las razones que emitió el tribunal era que Rodrigo Tovar Pupo ya había tenido su oportunidad de comparecer ante Justicia y Paz. Sin embargo, la JEP dijo que iba a considerar su inclusión como un tercero civil. Desde el inicio del proceso, las víctimas del paramilitarismo en la costa Caribe han pedido el ingreso del expara a esta jurisdicción para que cuente la verdad.

A finales de agosto de 2022, la JEP le dio una última oportunidad a Jorge 40 y a Mancuso para que puedan ingresar a su jurisdicción. En esa ocasión, el presidente de la JEP, Eduardo Cifuentes, fue tajante en decir que “los paramilitares no ingresan a esta jurisdicción”, pero dejó claro que tendrán posibilidad de entrar como “sujeto incorporado funcional y materialmente a la fuerza pública, en su condición de bisagra o punto de conexión entre los aparatos militar y paramilitar”.

Aunque aún no se ha definido fecha para la audiencia única de verdad, en esta los antiguos jefes paramilitares deberán aportar información relevante que justifique su ingreso a la jurisdicción. Aunque Jorge 40 y su abogado han manifestado interés en romper el silencio y aportar a la verdad en la JEP, solo hasta la audiencia se sabrá qué tanto está dispuesto a hablar y a quiénes acusará con nombre propio.