Terror en la frontera

Miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y guerrilleros del ELN arribaron juntos a una pequeña comunidad rural de Apure, en Arauca, cerca de la frontera con Venezuela. “Llegaron más de diez hombres armados en motos y camionetas, unos se identificaron como el ELN y otros eran de la fuerza militar venezolana. Vi sus insignias de la FANB en sus uniformes”, les dijo un testigo a los investigadores de Human Richts Watch. Cerca de allí, otro habitante contó algo similar: “Pensé: nos van a matar a todos. Empezaron a gritar unos nombres, entraron a las casas de esas personas y se los llevaban amarrados”. Las víctimas eran acusadas de pertenecer o de haber fraternizado con las disidencias de las FARC, que recientemente rompieron relaciones cordiales con el ELN en esta región.

Juan Pappier, investigador senior de HRW, le dijo a Cambio que fueron muchísimos los testimonios de población desplazada de Venezuela que contaron historias similares. “El trabajo sucio lo hacía el ELN: llevarse personas amarradas para luego desaparecerlas o asesinarlas directamente”, dijo el investigador, pero las fuerzas de seguridad venezolanas acompañaban y daban apoyo durante la comisión de estos crímenes. 

El reporte denuncia que este año en la región ha habido múltiples casos de homicidio, desaparición y reclutamiento de menores, y el desplazamiento forzado de al menos 3.860 personas entre Arauca y más de 3.300 refugiados, que han huido de Venezuela hacia Arauca y Vichada. Al menos nueve comunidades indígenas y un grupo de excombatientes de las FARC se encuentran en situación de confinamiento.

“Los grupos armados están cometiendo abusos brutales contra civiles en la frontera entre Colombia y Venezuela, en algunos casos con la complicidad de miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas, y la respuesta de las autoridades colombianas ha sido inadecuada e insuficiente”, dijo Tamara Taraciuk Broner, directora encargada para las Américas de HRW.

frase-destacada

Las operaciones militares del gobierno colombiano, que han resultado en arrestos y muertes de miembros de los grupos ilegales, incluyendo la de uno de los altos cabecillas en la región, no han protegido a la población.

Cuerpos por todas partes

El 2 de enero, el país se enteró de la noticia de que decenas de personas habían sido asesinadas en los municipios del piedemonte araucano. Rápidamente, el ministro de Defensa, Diego Molano; el gobernador encargado de Arauca, general retirado Alejandro Miguel Navas; y el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, aseguraron —como si fuera un parte de tranquilidad— que se trataba de muertos en combate. Pero las fotos que circulaban por redes sociales mostraban hombres vestidos de civil segados a orillas de la vía.

El reporte de HRW confirma que, a pesar de que algunas de las personas asesinadas pueden haber sido miembros de grupos armados, muchas definitivamente eran civiles. Y recoge historias estremecedoras que revelan que la cifra total de muertos podría ser más alta que los 103 homicidios registrados por la Policía en Arauca entre enero y febrero, la cifra de homicidios más alta para los primeros dos meses del año desde 2010, cuando la Policía empezó a discriminar las estadísticas por mes y por municipio.

Un hombre de Tame contó que el 1 de enero miembros del ELN fueron a buscar a su hermano, acusándolo de colaborar con el Comando Conjunto de Oriente (la coalición de disidencias de las FARC al mando de Gentil Duarte), y que se lo llevaron en una moto con las manos amarradas. Horas después, recibió de un amigo una foto de su hermano muerto. “[Mi amigo] me dijo que era mejor que fuera y lo recogiera rápido antes de que lo lanzaran al río”. Fue al lugar y vio que había más muertos, enterró a su hermano y huyó del municipio sin denunciar nada ante las autoridades.

El 2 de enero, en una vereda de Arauquita, guerrilleros del ELN sacaron de sus casas a por lo menos 20 jóvenes. Les dijeron que estaban siendo reclutados. Entre ellos, se llevaron al hijo de 18 años de una testigo que había hablado con HRW. Los guerrilleros les ataron las manos y los obligaron a subir a camionetas y motos. “Todas las familias del pueblo huimos asustadas”, contó la mujer. Desde entonces no ha sabido nada de su hijo.

El 20 de enero, en la zona rural de Puerto Páez, Apure, miembros del ELN se llevaron forzadamente a una niña de 14 años y a su hermano, de 18. Una semana después, una vecina le dijo a la madre que los adolescentes que habían muerto en enfrentamientos con una disidencia de las FARC y le indicó en dónde encontrar los cuerpos. Según la mujer, había muchos más cadáveres allí.

frase-destacada

La cifra total de muertos podría ser más alta que los 103 homicidios registrados por la Policía en Arauca entre enero y febrero

No solo el ELN

Pero no todos los crímenes han sido cometidos por el ELN. El Frente 28 de las disidencias farianas tomó responsabilidad sobre un carro bomba que explotó cerca de un edificio en el centro de Saravena, sede de varias organizaciones comunitarias y de derechos humanos donde se resguardaban al menos 50 líderes y defensores. Según las disidencias, este era el “centro de mando urbano” del ELN. Las disidencias también han sido responsables de homicidios selectivos y reclutamiento forzado.

El reporte critica que las operaciones militares del gobierno colombiano, que han resultado en arrestos y muertes de miembros de los grupos ilegales, incluyendo la de uno de los altos cabecillas en la región, no han protegido a la población. Pappier dijo que la estrategia del gobierno Duque, cada vez que la situación de orden público se complica en algún lugar –o mejor, cuando los medios de comunicación se dan cuenta de que se complica–, es enviar más soldados con el propósito de “neutralizar” a las cabecillas. Pero no hay una política de seguridad más amplia que apunte no solo a cortar las cabezas de la Medusa, sino a desmantelar las economías ilegales y la corrupción en la que florecen.

Respuesta humanitaria insuficiente

frase-destacada

El acceso a agua potable, productos de higiene y alimentos ha sido insuficiente, según denuncia Human Rights Watch.

A diferencia de 2021, cuando los cerca de 4.000 desplazados que produjo los enfrentamientos en Venezuela entre las fuerzas de seguridad y las disidencias de las FARC aceptaron instalarse en albergues en Arauquita, esta vez nadie quiso quedarse en los estadios de fútbol y escuelas que varias alcaldías ofrecieron, por temor a que los grupos armados pudieran atacarlos allí. La mayoría de los desplazados en Arauca y Arauquita están viviendo en casas de conocidos, en situaciones de hacinamiento. Y en Puerto Carreño, capital del Vichada, cientos de indígenas viven en “auto albergues”, es decir tugurios construidos por ellos mismos a orillas del río Meta. El acceso a agua potable, productos de higiene y alimentos ha sido insuficiente, según denuncia Human Rights Watch.

La situación es especialmente difícil porque, según la Ley de Víctimas, los primeros responsables por la ayuda humanitaria para los desplazados son los municipios, y estos han argumentado no tener fondos suficientes para responder. Además, como esta ley se refiere a las víctimas de delitos cometidos “en el contexto del conflicto armado interno”, las autoridades de Puerto Carreño han argumentado que las personas que vienen de Apure (que incluyen tanto venezolanos como colombianos, dada la fluidez de la frontera) no están cobijadas, y las han enviado a la oficina local de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, que tiene un solo funcionario municipal.

Organismos humanitarios trabajaron con la alcaldía de Puerto Carreño para diseñar un “plan integral de asistencia humanitaria”, pero, a pesar de que este está listo desde el 4 de febrero, el alcalde aún no lo ha aprobado oficialmente. A esto se suman comentarios racistas por parte de los funcionarios locales contra los indígenas que se encuentran desplazados. 

Por todo esto, HRW sugiere declarar un “estado de calamidad pública” en Puerto Carreño, donde la situación humanitaria es más grave, que permitiría la asignación de mayores recursos por parte del gobierno nacional. “Es casi como si el gobierno estuviera tratando de ignorar la situación para que no tuviera visibilidad”, le dijo Pappier a Cambio.

¿Qué está pasando en Arauca?

A comienzos de este siglo, cuando las Autodefensas Unidas de Colombia decidieron crear un bloque específicamente para tomarse el control del departamento de Arauca —zona tradicionalmente guerrillera desde hacía muchos años— las guerrillas tenían una relación de tolerancia entre ellas. Mientras que había unas zonas más elenas, como el municipio de Saravena, había otras más farianas, como el de Arauquita. Y mientras el ELN se interesaba más por atacar la infraestructura petrolera, las FARC se concentraban en la economía cocalera.

Durante la toma paramilitar las guerrillas prácticamente se refugiaron en el piedemonte de la sierra nevada del Cocuy, y la población civil nunca les perdonó haberlos dejado a su suerte ante las masacres de los paramilitares. Después de la desmovilización del Bloque Vencedores de Arauca de las AUC, las guerrillas volvieron a tomarse el territorio, pero esta vez enfrentándose la una a la otra por el control sobre los territorios y por la oposición del ELN a los cultivos de coca.

En 2010, los dos grupos armados terminaron la guerra entre guerrillas, dividiéndose territorialmente el departamento y acordando un código de conducta que debían cumplir las comunidades. Cuando las FARC se desmovilizaron en 2017, un grupo de unos 15 guerrilleros abandonó el proceso y creó la disidencia del Frente 10, pero mantuvo la cooperación con el ELN. 

Esto se acabó en enero de 2022, cuando el Frente 10 se unió a los otros grupos disidentes que habían retomado los números de los bloques de las extintas FARC que operaron en Arauca: el Frente 28, que se había trasladado desde el Casanare, y el Frente 45, que estaba principalmente en el norte de del departamento y en Norte de Santander, para crear el Comando Conjunto de Oriente bajo el mando de Gentil Duarte. 

El ELN acusó al Frente 10 de cometer abusos contra la población –quebrando el código de conducta acordado entre las guerrillas–, de dedicarse al narcotráfico, de expandir su presencia a zonas controladas por el ELN y de trabajar en alianza con el gobierno colombiano, la DEA y la CIA, en lo que llamaban un plan contra revolucionario. Las disidencias de las FARC respondieron acusando al ELN de asesinar y torturar civiles, de aliarse con el Ejército colombiano en el Plan Damasco II y con las fuerzas venezolanas al otro lado de la frontera. 

Igual que la vez pasada, la población civil ha sido la más afectada en esta nueva guerra entre guerrillas.