25 Julio 2022

Impuestos a gaseosas y ultraprocesados generan amores y odios

Crédito: Yamith Mariño

Colombia lleva seis años discutiendo sobre tarifas adicionales de impuestos para bebidas y alimentos que generan enfermedades crónicas. El terreno político es el más complicado.

El gobierno de Gustavo Petro sigue preparando la reforma tributaria con la que piensan llegar al Congreso de la República después del 7 de agosto y uno de los puntos que ha generado mensajes contradictorios entre el equipo es el de los impuestos a alimentos ultraprocesados y bebidas azucaradas. 

Una de las que ha abogado por estos impuestos es la ministra delegada de Salud, Carolina Corcho. Pero el director de la Dian, Luis Carlos Reyes, dice que se siguen discutiendo todas las opciones y el ministro designado de Hacienda, José Antonio Ocampo, primero dijo que no se incluiría y luego cambió su opinión y hace unos días dijo que sí. 

Lo que se evalúa ahora es cómo se implementaría el impuesto, pues en la campaña a la presidencia, Gustavo Petro había hablado del IVA, pero este es un impuesto que ya tiene gran complejidad en tarifas y beneficios.

Ambos impuestos, además de generar mayor recaudo tributario, buscan que los colombianos reduzcan el consumo de azúcares y alimentos que les pueden generar enfermedades como la diabetes y otras que son crónicas no transmisibles y tienen costos adicionales para el sistema de salud. 

En 2016, cuando el impuesto a las bebidas azucaradas se propuso por primera vez, el entonces ministro de Salud, Alejandro Gaviria, lo defendía diciendo que en 2015, cerca de 3.200 personas murieron por enfermedad cardiovascular, diabetes o algún tipo de cáncer “atribuible al consumo de bebidas azucaradas” como señala un documento oficial del Ministerio de Salud de 2016. 

El mismo documento advierte que en Colombia, en esa época, “el 6,8 por ciento del total de muertes en Colombia está relacionada con enfermedades cerebro-vasculares y de esa cifra el 5 por ciento es atribuible a bebidas azucaradas”. 

Sin embargo, el argumento principal de quienes se oponen al impuesto es que este tendría un impacto mayor en los hogares de menores ingresos, que se ven obligados a consumir en mayor medida este tipo de alimentos y bebidas ya que otras opciones más saludables son más costosas. 

Johnattan García Ruiz, experto en salud pública, responde que eso “sería cierto si no existiera otra opción del mismo precio, ahí está el debate de los sustitutos. Hoy hay muchos otros productos en la línea de bebidas que no se afectarían como el agua, aguas saborizadas, jugos con bajo azúcar, etc”. 

En esa misma línea, Dejusticia sugirió en un documento publicado en 2021 sobre el impuesto a las bebidas azucaradas que parte del recaudo puede utilizarse en el corto plazo a medidas que incentiven el consumo de otras bebidas en los estratos más bajos. Por ejemplo, el mejoramiento de los procesos de potabilización y transporte de agua en los barrios de estratos bajos y zonas rurales. 

Otro de los peros al impuesto, que también han utilizado expertos como alerta a la hora de diseñar este mecanismo, es que la demanda por estos productos es inelástica. Es decir que no importa si el precio sube, la gente va a seguir comprándolos. 

Para García, este argumento es interesante pues significa que el efecto sobre las ventas de estas bebidas no sería tan grande porque mientras algunos deciden no volver a comprar estos productos por su mayor costo, otros “encontrarían el nuevo precio justo y continuarían consumiendo”.

Con los alimentos ultraprocesados, el tema de los alimentos sustitutos puede ser más complicado y el gobierno lo tendrá que evaluar bien pues en un contexto en el que los huevos, carnes, leche y pollo han sido protagonistas de la inflación de alimentos que a su vez impulsa buena parte del incremento en el costo de vida, el asunto de cambiar el salchichón por huevos o carne, al menos en el corto plazo, se pone más difícil.