No es solo en las calles: la explotación sexual de menores en Medellín también ocurre por internet

Es tan fácil como abrir el buscador de Google y escribir: venta de virginidad de niñas en Medellín. Así, sin más, aparecen anuncios en los que niñas de 14 y 15 años aseguran estar ofertando su virginidad a quien mejor les pague. 

Entre subastas, algunos estudios webcam, contenido explícito y catálogos de ventas, las niñas, niños y adolescentes son expuestos a las redes de tráfico sexual, que han encontrado en Internet un vehículo difícil de perseguir. Aunque hoy en día la explotación continúa ocurriendo en las calles, es preocupante el incremento de menores que están siendo captados a través del ciberespacio 

En ambos casos, los principales clientes son extranjeros y habitantes de otras ciudades del país que, usualmente, llegan a la ciudad con paquetes turísticos ya adquiridos. Por tanta demanda, es un crimen que va en ascenso. Según la línea virtual de reporte para la protección de la niñez y adolescencia en Latinoamérica “Te protejo”, Colombia reportó 21.864 denuncias en 2020, y 28.000 casos en 2021. 

Lo que se inició como oportunidad y terminó en explotación

“Medellín empezó a figurar como un gran destino turístico. Por eso se volcó a ser una ciudad enfocada en el servicio. Sin embargo, con el tiempo, distintos grupos criminales empezaron a aprovechar esa imagen para sumarla a planes que permitieran a los turistas venir a tener grandes fiestas, en las que la droga y el sexo eran protagonistas. Así, y con el agravante de una economía destruida por la pandemia, lo que ya era un problema bastante grande terminó de complicarse. Muchas niñas, niños y adolescentes terminaron captados por estas redes de explotación”, asegura Marta Restrepo, una de las líderes de la Red Feminista Antimilitarista. 

Según ella, no es un problema nuevo. Sin embargo, se agravó por el desamparo bajo el que quedaron muchos de los menores por causa de la pandemia: “Son hijas e hijos de madres empobrecidas que se quedaron sin nada más por hacer para subsistir y que, desesperados, terminan cayendo en las redes”. 

La Defensoría del Pueblo lo ha venido advirtiendo desde 2020: la detección de una variedad de crímenes perpetrados por la presencia el ELN, Clan del Golfo, La Oficina y redes de microtráfico), dentro de los que se incluye la explotación sexual infantil en todas las comunas de la ciudad.

“Tal vez lo que muchas veces impacta más a las clases medias y altas es ver a niñas pobres paseándose en zonas como El Poblado o el Parque Lleras, de la mano de extranjeros que, claramente, son mucho mayores que ellas. Sin embargo, esa es la realidad de todas las comunas. Ocurre en todas las partes de esta ciudad. Y se le presta muy poca atención desde que no incomoden en zonas en las que no deben estar”. 

Jazmín Santa, miembro del secretariado técnico de la Mesa en contra de la Explotación sexual contra niños, niñas y adolescentes (ESCNNA), dice que con la pandemia –y el auge tecnológico– no solo se agravó el delito, sino la indiferencia de las autoridades: “La explotación en entornos digitales va en aumento; no hay compromiso de las plataformas, los gobiernos son lentos para regular lo que pasa, los pedófilos son ágiles. La darknet es un super negocio para traficar con videos e imágenes de niños, niñas y adolescentes siendo abusados y explotados”, asegura.

La explotación se alimenta del turismo y las medidas que se toman contra el turismo sexual no funcionan porque son dirigidas a las víctimas y no a los explotadores. Para Santa, el tema solo se hace relevante cuando se arman polémicas en redes. "De resto, ni las autoridades, ni los políticos le prestan atención". 

De las calles a las redes 

“Es usual que por diversas modalidades terminen captando a los menores y así mismo ofreciéndolos. Entonces hemos tenido que enfrentarnos a buscar todas las nuevas formas en que están siendo captados para así mismo mitigar el daño. Pero, por supuesto, nuestros recursos son limitados y la capacidad de los delincuentes es gigantesca”, señala Armando Zuluaga, miembro de la Corporación Convivamos, una Corporación enfocada en la consolidación de los derechos humanos en Medellín.

Los monitores de Convivamos han descubierto catálogos en línea en los que se les ofrecen menores de edad a extranjeros. También, venta de paquetes turísticos que se enfocan en la explotación sexual infantil; y estudios de webcam que explotan a menores de edad. Y, por supuesto, las ya mencionadas subastas de virginidades de menores de edad. 

La forma en que las autoridades persiguen este crimen –según Zuluaga– es bloquear estos portales en el país, "Sin embargo, son páginas que pueden seguir siendo consultadas desde cualquier otra parte del mundo. Y si estamos señalando que son los extranjeros quienes viajan a nuestra ciudad a explotar a los menores, ¿Cómo no se les ocurre a las autoridades que el trato debe darse integralmente y de la mano de redes internacionales? Es como si no se entendiera la dimensión del problema”. 

El coronel Jhon Alzate, director de Protección y Servicios Especiales (Dipro) de la Policía, asegura que han procurado dar un manejo integral a la explotación, pero que ha sido muy difícil. Principalmente, la dificultad ha estado en que, de acuerdo con él, los menores explotados no aceptan la ayuda ofrecida por ellos. 

Señala que, cuando la explotación se encuentra en las calles, es normal que la menor rechace la ayuda brindada por la Policía y prefiera regresar por su cuenta, usualmente a seguir trabajando con su explotador: “El tema es que si una mayor de 14 años nos dice que ella está dando su consentimiento, nosotros no podemos hacer mucho más. También quedamos bloqueados porque aunque hemos intentado tener un acercamiento integral, que cubra a su vez las redes de internet, no podemos tener alcance en todas las instancias, y todos los días surgen nuevas formas de captación a través de todos los mecanismos posibles”. 

Zuluaga no está de acuerdo. Considera que, justamente, el problema se aumenta cuando las autoridades no tienen claras las diferencias entre los crímenes cometidos: “Aquí es importante entender algo y es que, así aparentemente exista voluntad por parte del menor de edad, todo trámite que implique a un adulto dando algo a cambio a un menor por sostener relaciones sexuales es explotación sexual y es un delito. Así debe entenderse, porque no tiene más matices y eso está reconocido por el Artículo 217 de la Constitución”. 

Unas medidas que se siguen quedando cortas

“Los gobiernos están poco comprometidos, las cifras son escasas, hay poca credibilidad y confianza en las y los funcionarios públicos que atienden a víctimas. Reina la revictimización. Por otro lado, ante la falta de denuncias, el subregistro y el desconocimiento a la hora de tipificar el delito, no hay suficientes judicializaciones”, asegura Santa, para quien es claro que, a pesar de los esfuerzos de la sociedad civil, aún no hay suficiente apoyo de las autoridades. 

Astrid Restrepo, psicóloga y coordinadora de proyectos en la Corporación de amor al niño Cariño, señala que es normal que las víctimas terminen enfrentadas a funcionarios, porque estos desconocen sus condiciones y las someten a procesos revictimizantes: “Desconocen la infancia, desconocen su desarrollo, su lenguaje, desconocen indicadores e identificadores de violencia sexual, desconocen los debidos procesos y, además, emiten juicios de valor que dejan ver su ideología, la cual aplican a conveniencia. Las personas terminan desestimando la institucionalidad y evitando la denuncia pertinente”. 

Para los cuatro activistas, es necesario dejar de naturalizar el crimen y dejar de cargar la responsabilidad a los menores de edad. “Solo si la justicia obra a favor de las víctimas, en la mente de ellas se abre paso una verdadera reparación del daño causado. De lo contrario, cada vez tendremos más víctimas, más resentimiento, más odio y mayores índices de violencia”, concluye Restrepo.