24 Noviembre 2022

Un golpe tras otro, la caída del emporio de Aníbal Janna

Crédito: Fotoilustración: Yamith Mariño

El representante legal de la distribuidora de Ford y Mazda en la costa Caribe fue condenado a reembolsar cerca de 11.000 millones de pesos por transferencias que violaban la ley comercial. Esta caída se suma a otras más.

Los últimos días han sido fatales para los intereses empresariales y económicos de Aníbal Janna Raad. Este empresario de la costa Caribe —conocido por liderar las actividades comerciales de su familia, entre las que destaca la distribución y venta de vehículos Ford y Mazda— sufrió un duro golpe después de que la Superintendencia de Sociedades fallara en su contra en un pleito que sostenía contra su hermana Diana Janna Raad y su esposo, Samuel Tcherassi. Esta decisión adversa se suma a una serie de traspiés y escándalos mediáticos en los que se ha visto inmerso en semanas recientes y que también son conocidos por la justicia ordinaria, que estudia la posible comisión de delitos por parte del empresario barranquillero.

El lío en la Superintendencia involucraba a las diferentes compañías de la familia Janna Raad: Janna Motors SAS; Arrocera Sahagún SAS; Constructora e Inmobiliaria Janna SAS; y Agropecuaria Janna SAS. Las sociedades habían realizado una serie de transferencias dinerarias entre sí desde 2015 y, aparentemente, se configuró un conflicto de interés en cabeza de Aníbal Janna, quien ejercía la representación legal de todas ellas. Estos hechos llevaron a que Diana Janna interpusiera acciones legales y la situación fuera puesta en conocimiento de la Superintendencia.

Tras el estudio de los argumentos y pruebas aportadas por las partes, el organismo concluyó que, en efecto, el empresario incurrió en un conflicto de interés y que este proceder generó un perjuicio a las compañías en cuestión. Los supuestos beneficios alegados por Janna en términos de apalancamiento y cooperación que surgieron de las operaciones económicas demandadas nunca se pudieron comprobar durante el proceso. Adicionalmente, la Superintendencia señaló que Janna desconoció la ley al llevar a cabo estas transferencias entre las empresas sin contar con el visto bueno de las respectivas juntas directivas. Es decir, lo correcto era que consultara previamente y no que actuara por su cuenta.

No por tratarse de operaciones entre sociedades de familia, necesarias y benéficas para las compañías se torna inexistente o se entiende superado el conflicto de interés. Los usos y costumbres adoptados en este tipo de sociedades en la forma de celebrar los negocios y solucionar las controversias, no es óbice para el desconocimiento de la ley”, señala la Superintendencia en su decisión.

Así las cosas, el superintendente que conoció del caso declaró nulas cada una de las transacciones realizadas por Aníbal Janna y resolvió que el empresario debe reembolsar cerca de 7.000 millones de pesos a través de las sociedades que representa legalmente y otros 4.000 millones a modo personal. Aunque la determinación puede ser apelada ante la propia Superintendencia, la primera instancia significó una derrota que deja a Janna sin otra alternativa que a remar contracorriente en las etapas venideras del proceso.

Otros líos

En medio de todo este revuelo, CAMBIO conoció una investigación de este año de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) a Janna Construcciones SAS, una de las empresas representadas por Aníbal Janna, que concluyó en una sanción de 8.541 millones de pesos. La entidad encontró que la constructora incluyó pasivos y deducciones inexistentes e inexactas en su declaración de renta para disminuir su base gravable. En otras palabras, las cifras en las que basó su declaración no estaban debidamente soportadas y, en consecuencia, la Dian procedió a sancionar a la compañía. Aníbal Janna también fue destinatario de una multa por 130 millones.

Pero no es la única sombra del pasado que pesa sobre el empresario. En 2015, Aníbal Janna, a través de Janna Motors SAS, celebró un contrato de arrendamiento con la compañía Ilovin SA sobre unos lotes ubicados en el norte de Barranquilla y que pertenecen a la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

Un año más tarde, en 2016, sobre esos predios se construyó el centro comercial Plaza del Parque, proyecto desarrollado por Janna Construcciones SAS. Actualmente la administración del centro comercial recae sobre la inmobiliaria que pertenece a la familia Janna, quien se encarga de cobrar los cánones de arrendamiento de los locales comerciales. Sin embargo, aún a la espera de que la justicia ordinaria se pronuncie acerca de las denuncias penales que pesan sobre Aníbal Janna, la continuidad de estos contratos peligraría ya que desde el Gobierno Nacional se ha iniciado una cruzada para depurar las personas que fungen como depositarios o arrendadores de estos bienes.

Aníbal vs. Diana

La disputa entre los hermanos Aníbal y Diana Janna Raad viene desarrollándose desde hace varias semanas y el nivel de confrontación es tal que desde ambas orillas se han denunciado penalmente por supuestos delitos. Es así como Miguel Ángel del Río, quien funge como abogado de Aníbal Janna, denunció a Samuel Tcherassi, esposo de Diana Janna, por un intento de soborno. Por su parte, Tscherassi acusó ante un juez a su cuñado Aníbal de fraude procesal por utilizar documentos adulterados para cobrar sumas de dinero entre las empresas de la familia.

Además, esta semana se conoció que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, entidad encargada de vigilar el comportamiento de funcionarios judiciales y abogados a nivel nacional, desestimó de plano una solicitud presentada por Tcherassi para que se abriera una investigación en contra del abogado Del Río.