La maldición del rey Midas

A Midas, un monarca de la antigua Grecia se le concedió un deseo por haber atendido muy bien a un amigo del dios Dionisio. El avaro rey, a pesar de las advertencias, pidió tener el poder de convertir todo en oro con solo tocarlo. Se imaginó una vida llena de alegrías y fortunas. Pero la desgracia pronto vino, no podía pasar bocado porque todos los alimentos se convertían en oro. Sobre el final del mito hay varias versiones, en una de ellas, la más optimista, Midas se liberó del hechizo al bañarse en un río, en otra, la pesimista, él muere de hambre.

Este mito ha sido utilizado para aleccionar a las personas sobre las consecuencias de la avaricia, pero recientemente para mostrar las tragedias que han sufrido países productores de oro, en especial los del llamado tercer mundo. Y Colombia no es la excepción. El país vive una bonanza aurífera, pero a la vez enfrenta un grave problema de explotación ilegal de oro que no ha podido contener y que amenaza con acabar ecosistemas y con la vida de comunidades enteras. En la mira están la Amazonía y sus ríos y los pueblos indígenas que allí viven. Y si bien, el sector minero hace un llamado a no estigmatizar esta actividad extractiva, lo cierto es que el país produce más oro de manera ilegal con sus respectivos daños ambientales. 

La bonanza aurífera en Colombia comenzó en la década pasada por cuenta de los altos precios internacionales del metal precioso y por el aumento de la producción en el país. Entre 2005 y 2021 la onza pasó de cerca de 500 dólares a 1.800 dólares y durante lo corrido de 2022 ha tenido picos superiores a 2.000 dólares. Entre tanto, según datos del Sistema de Información Minero Colombiano, el país ha tenido dos booms de producción de oro: uno entre 2011 y 2016 cuando pasó de producir 1,7 millones de onzas troy a 2 millones de onzas troy y otro, que comenzó el año pasado con los 2,5 millones de onzas troy extraídas del suelo y los ríos colombianos.

Las buenas noticias contrastan con las malas dadas por los informes de la Contraloría General de la Nación y de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). El primero afirma que “cerca del 85 por ciento del oro que está exportando Colombia es producto de la minería ilegal”, mientras que el segundo dice que el 65 por ciento de la explotación aurífera es ilegal. Es decir, buena parte de la actividad minera se está llevando a cabo sin los permisos ambientales necesarios o en zonas donde está prohibida la explotación de oro.

Este problema afecta a los principales departamentos productores como Antioquia y Chocó, pero, debido al auge aurífero, a la deficiente presencia del Estado y a la presencia de grupos armados ilegales, la minería se ha expandido por la cuenca del río Amazonas, en especial en los ríos Atabapo, Inírida, Apaporis, Yarí, Caquetá, Putumayo, Puré y Cotuhé. Los grupos armados dominan la producción de oro en la zona y se alían con mafias brasileñas y peruanas como parte de la cadena de un negocio ilegal transnacional. Las fronteras y sus centros urbanos se convierten en puertas por donde entran y salen insumos y oro de contrabando.

El negocio es millonario y rentable porque, como dijo el contralor delegado para el medioambiente, Gabriel Adolfo Jurado, “en comparación con el negocio ilícito de la cocaína, donde el kilo de coca puede estar en el mercado de Colombia por alrededor de los 5 millones de pesos, un kilo de oro ilegal está por el orden de 250 millones de pesos”. 

La explotación ilegal de oro también parece estar detrás de la disparidad entre las cifras de producción y exportación. Según el informe 'Tras el dinero del oro ilícito', del Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional de la OEA, “la exportación total de oro de Colombia supera considerablemente los datos registrados sobre la producción nacional. En 2019, Colombia declaró exportaciones de oro de aproximadamente diez toneladas por encima de la producción nacional de oro de ese año. En años anteriores esa discrepancia fue aún más pronunciada”. Esto es posible, asegura la investigación, por prácticas de lavado de dinero.

La evidencia sugiere la pregunta ¿Cómo el oro ilegal entra en un circuito legal? Todavía no hay certeza sobre diferentes maneras utilizadas para hacer, pero las investigaciones de la Fiscalía colombiana han detectado varias formas. Una de ellas es que empresas legalmente constituidas utilizan bases de datos de poblaciones mineras para hacer pasar a sus habitantes como mineros artesanales e inscribirlos como proveedores legales. También se recurre a la falsa facturación.

Que haya posibilidades de blanquear el oro, no significa que no se acuda al contrabando de oro. Constantemente las autoridades colombianas incautan oro a personas que no pueden explicar o sustentar su origen. Y esta actividad parece ser la que más se practica en la Amazonía. Según un exfuncionario de la Defensoría experto en el tema, “se ha detectado que la legalización de oro ocurre principalmente en Chocó y Antioquia, lugares donde hay muchas concesiones legales, en cambio en los departamentos de la Amazonía la modalidad predominante es el contrabando porque allí las concisiones son pocas y en la mayoría del territorio es prohibido la explotación minera. En ese sentido y como esos departamentos son limítrofes con Perú y Brasil, los grupos armados organizados negocian de manera directa el oro con carteles o mafias transnacionales”. 

A la explotación ilegal de oro hay que sumarle otro lucrativo negocio: el tráfico de mercurio, cuya cadena de comercialización comienza con exportaciones legales a países de Suramérica, pero que al final terminan abasteciendo un mercado clandestino en países como Colombia, Perú, Brasil y Ecuador. Y aunque acá está prohibido usar mercurio en la minería, la Amazonía se ha convertido en un epicentro del tráfico ilegal de este metal que se distribuye a otras partes del país, además de usarse en sus ríos para extraer oro.

Según un informe de la fundación Gaia Amazonas y la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana, fechado en mayo de 2022, hasta 2018, Colombia era el segundo importador de mercurio de los países amazónicos, por debajo de Perú. Parte de ese metal terminaba en las minas ilegales de aluvión y socavón del país. Sin embargo, en ese año entró a regir el Convenio de Minamata y las autoridades del país extremaron todas las medidas para reducir la importación de mercurio. Hoy de las cerca de 100 toneladas anuales que el país importaba antes de 2017, ahora solo tiene permitido 3, para fabricar amalgamas dentales. Desafortunadamente, pese a este avance institucional, considerado como uno de los más estrictos en el mundo, las mafias dedicadas a la extracción ilegal de oro siguen adquiriendo el metal líquido. 

La gran pregunta es: ¿Dónde consiguen estas mafias el mercurio? Las certezas de este tráfico en el país son escasas. De la información que se tiene, se sabe que, al parecer, el mercurio llega de manera indirecta por las fronteras amazónicas y todavía no se ha identificado si llega de manera directa de los países productores como México, Rusia y China. Por ahora han establecido dos rutas de abastecimiento: una por la Guayana y la otra por Bolivia, pero todavía falta más investigaciones que den más certezas al respecto.

Todo este comercio ilegal de oro y de insumos para producirlo está afectando a la Amazonía y envenenando sus ríos. Acá la principal forma de explotación es la de balsas que navegan succionando los sedimentos del fondo de los ríos para procesarlos con mercurio, el cual termina en las aguas. Aunque se tienen estudios sobre la economía local que gira alrededor de este metal precioso, como el del Instituto Sinchi, titulado ‘Minería: impactos sociales en la Amazonía’ en el que se revelan los costos de construir una balsa, lo que le pagan a un minero o la cantidad de oro que una balsa recolecta en un mes, todavía no se tiene cifras globales del nivel de participación de la minería ilegal aurífera hecha en el Amazonas.

De lo que sí se tiene evidencia es del daño que la contaminación por mercurio está causando en el ecosistema amazónico y en las comunidades indígenas. Desde 2014, ONG, universidades y entidades del Estado han hecho estudios sobre la concentración de mercurio en los ríos amazónicos, en especial de las cuencas del Caquetá y Putumayo y los resultados son alarmantes. 

La más famosa y citada de estas investigaciones es ‘Impactos generados por la minería ilegal en el territorio de la asociación Pañi - Parque Nacional Natural Cahuinari’, realizada por la Secretaría de Salud del Amazonas, Corpoamazonia, Universidad de Cartagena, Universidad Jorge Tadeo Lozano, la Dirección Territorial Amazonia, el Parque Nacional Natural Cahuinari, el Fondo Patrimonio Cultural y el Ministerio del Interior en 2015. 

Los investigadores comprobaron que los miraña y bora, dos culturas indígenas que viven en la ribera del medio río Caquetá (Amazonas) y que no superan las 400 personas, tenía en promedio en sus cuerpos una concentración de mercurio de entre 15,4 y 19,7 µg/g (ppm), cuando los lo estipulado como normal por la Organización Mundial de la Salud es de 1.0 µg/g (ppm). 

Recientemente la Fundación para la Conservación y Desarrollo Sostenible (FCDS) hizo una compilación de los estudios hechos sobre contaminación por mercurio en la Amazonía, cuyas conclusiones también prenden las alarmas. Entre estas, la ONG encontró que 29 de las 71 muestras de peces analizadas en los 12 estudios hechos sobre el tema superan el límite permisible de 0,5 ppm de contenido de mercurio en peces para consumo humano.

La evidencia tanto de la explotación de oro como del envenenamiento por mercurio de los ríos amazónicos (situación que también sucede en las principales zonas mineras del país) da a entender que al Estado colombiano se le ha dificultado combatir este flagelo. Entre las razones que explican la persistencia de este fenómeno se encuentra la de utilizar las mismas estrategias de la lucha antinarcóticos. Al respecto, Rodrigo Botero, director de la FCDS afirma: “El componente militar para perseguir la minería ilegal es importante, sin embargo, se está quedando en destrozar balsas y dragas y en capturar a los mineros y poco se ha hecho para dar con los grandes financiadores del asunto. Algo similar con lo sucedido con la coca, en donde se ataca el eslabón más débil”. 

No se puede negar que la acción del Estado ha aumentado frente a este delito y que la cooperación internacional también se ha fortalecido. En la actualidad, Colombia hace parte de la Red de Policías Especializados en Delitos Ambientales de América Latina y la Unión Europea, y la Fiscalía colombiana ha hecho convenios con sus pares en Perú. Pero, como afirma Carlos Macero, asesor de Asuntos Indígenas de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, “aunque se va por buen camino todavía falta aumentar la cooperación entre los países dentro y fuera de la Amazonía para fortalecer la lucha contra la minería ilegal”.

Combatir la minería ilegal requiere de acciones más rápidas y contundentes de las que hasta el momento se han hecho. De ello depende no solo detener el ecocidio de la Amazonía y otros lugares del país sino la supervivencia de las comunidades indígenas que son las más afectadas.