El caso Hyundai, que involucra a Carlos Mattos, quedaría resuelto este año

Esta investigación tiene su génesis en 2016, cuando la casa matriz de Hyundai, en Corea, tomó la decisión de cancelar la relación con el empresario Carlos Mattos, tras 25 años, y le dio la representación de la marca al grupo ecuatoriano Eljuri. Mattos movió sus fichas e interpuso una demanda gracias a la cual fue favorecido con unas medidas cautelares –ordenadas por el exjuez Reinaldo Huertas– que, según la justicia, fueron producto de sobornos. 

En 2018, la Fiscalía hizo pública la investigación y dijo que en ese proceso se había manipulado el sistema de reparto para que la demanda del millonario pleito comercial llegara al despacho de Huertas. Trece personas fueron vinculadas al caso, que terminó en que los jueces de la república le dieron la razón a la Fiscalía e impartieron condenas contra 12 de los involucrados. 

El único que sigue en juicio es el juez Huertas, que mantiene su palabra de que es inocente, a pesar de que los que manipularon el reparto y los empleados de su despacho aceptaron los actos de corrupción y confirmaron la hipótesis de la Fiscalía de que Huertas se corrompió por unos pesos del empresario. Los alegatos finales del caso están programados para el 21 de noviembre y, entonces, a finales del año podría conocerse si es declarado culpable o inocente. 

Las condenas 

Ramón Orlando Ramírez, ingeniero jefe del área de sistemas de administración judicial de Cali; Carlos Arturo López, ingeniero de sistemas adscrito a los tribunales superiores de Bogotá y Cundinamarca, y Wilmer Andrey Casas, auxiliar administrativo de la dirección ejecutiva de administración judicial, fueron condenados a 63 meses de prisión, una multa de 193 SMLMV y 78 meses de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas.

Wílmar Andrey Patiño, un contratista que, para la fecha de los hechos, prestaba servicios en un autsourcing y brindaba mantenimiento a los sistemas de la dirección ejecutiva de administración judicial, fue condenado a 55 meses de prisión, una multa de 174 SMLMV y 60 meses de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas. 

Para la justicia, Ramón Orlando, Carlos Arturo, Wilmar Andrey Casas Mendoza y Wilmer Andrey Patiño Rodríguez  son responsables de los delitos de cohecho propio, acceso abusivo a sistema informático, daño informático y utilización ilícita de redes de comunicación.

En quinto lugar fue condenado Edwin Fabian Macías, quien laboró en el Juzgado Sexto Civil del circuito con Huertas y fue el encargado de presentar la demanda y coordinar con los ingenieros de la rama judicial la manipulación del reparto. Mediante un principio de oportunidad, fue condenado a 52 meses de prisión, una multa de 183 SMLMV y 88 meses de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas. Para la justicia es responsable de los delitos de cohecho por dar u ofrecer, acceso abusivo a sistema informático y daño informático agravado y utilización ilícita de redes de comunicación.

En el sexto lugar aparece Luis David Durán Acuña, abogado de Mattos, beneficiario de principio de oportunidad con el que dio información privilegiada contra el empresario Carlos Mattos, el juez Reinaldo Huertas y el abogado Alex Vernot. Fue condenado a 48 meses de prisión, una multa de 150 SMLMV y 48 meses de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas.

El ingeniero Edwin Angulo, exfuncionario de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial, fue condenado a 44 meses de prisión, como responsable del delito de cohecho (soborno). Angulo admitió haber manipulado el sistema de repartos del Juzgado Sexto Civil del circuito de Bogotá en 2016, para favorecer los intereses del empresario Mattos.

También fue condenado a seis años y siete meses de prisión Dagoberto Rodríguez, el oficial mayor del Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bogotá, quien fue contactado por Carlos Mattos a través de su abogado Luis David Durán, para que consiguiera una reunión con su jefe, el juez Huertas.

Según la investigación, en esa reunión, que se hizo en el apartamento de Carlos Mattos, Dagoberto Rodríguez y el entonces juez sexto civil de Bogotá, Reinaldo Huertas, acordaron manipular el sistema de reparto de los procesos a cambio de 700 millones de pesos, de los cuales un 60 por ciento correspondía al juez y el 40 por ciento restante para el oficial mayor.

En ese mismo escenario fue condenada a 20 meses de prisión la abogada Francy Milena Molina, encargada de entregarle los sobornos a Dagoberto Rodríguez. La abogada aceptó haberle entregado los dineros, producto de sobornos, en tres momentos distintos.  

Dagoberto Rodríguez fue clave para que la Fiscalía llegara a un segundo juez que habría recibido dinero de Mattos. Se trata de la juez 16 civil municipal de Bogotá, Ligia del Carmen Hernández, quien emitió unas medidas cautelares a favor del empresario y ese día, según probó la justicia, fue abordada por Dagoberto Rodríguez, quien la felicitó y terminó dándole dinero, como una especie de regalo. 

La condena número 11 se conoció la semana que pasó. El Tribunal Superior de Bogotá tumbó la absolución y condenó a 72 meses de prisión al exabogado del empresario Mattos Alexandre Vernot, como responsable de sobornar, con 2 millones de dólares, al también abogado Luis David Durán Acuña, testigo principal contra Mattos.

Finalmente, está Carlos Mattos, acusado de sobornar a dos jueces. El empresario ya aceptó los cargos, así que solo faltan algunos detalles para determinar su condena. En este punto, el Tribunal le ordenó a la Fiscalía investigar si Mattos incrementó su patrimonio gracias a las decisiones judiciales por las que pagó. Los fiscales Daniel Hernández y Álvaro Betancourt serán los encargados de determinar si hay pruebas suficientes para abrirle un nuevo proceso por enriquecimiento ilícito. De lo contrario, la investigación quedará cerrada.