“El gobierno de Petro hizo en 48 horas lo que el de Duque no hizo en 4 años”: Iván Cepeda

CAMBIO: ¿Cómo fue la reunión de La Habana con el gobierno de Cuba y con el ELN? 

Iván Cepeda: Considero que después de un cuatrienio marcado por la ausencia de esfuerzos e intentos de paz, esta visita a La Habana muestra un modelo y un estilo totalmente diferentes. En primer lugar, el reconocimiento del papel que han jugado los países garantes en este proceso y especialmente de Cuba que tiene un largo recorrido, de más de cuatro décadas, de contribuciones a la paz en Colombia. Ese reconocimiento  incluye no solamente el validar los protocolos que sirvieron como sustento jurídico a las actuaciones de Cuba y de Noruega en el proceso de paz con el ELN, sino también el reconocimiento del derecho internacional que había sido abiertamente desconocido por el anterior gobierno. Y en segundo lugar, la apertura de una posibilidad cierta y real de reiniciar los diálogos de paz con la delegación designada por el ELN para esos efectos y abrir la posibilidad de que en un tiempo breve se puedan retomar esas conversaciones. Así que, en resumidas cuentas, en un lapso de 48 horas este gobierno hizo lo que el del expresidente no Iván Duque hizo en 4 años. 

CAMBIO: ¿Por qué insistir en Cuba como escenario cuando la mención de ese país despierta susceptibilidades en grandes sectores de la política de Estados Unidos? ¿No sería más práctico irse con la mesa para Noruega, por ejemplo, que es un escenario que suscita menores prevenciones? 

I.C.: Este asunto, como muchos otros que están relacionados con el reinicio de los diálogos, no ha sido abordado en forma bilateral. Desde ese punto de vista significa que hay múltiples opciones y propuestas que no han sido aún consideradas en conjunto. No obstante, y esto lo digo a título personal, una consideración que justificaría el mantener a Cuba como sede de los diálogos es que la experiencia demuestra que las conversaciones que se han realizado bajo la hospitalidad del gobierno cubano han sido exitosas. Y ello obedece a distintas circunstancias que no voy a detallar. Agregaría que Cuba ha sido reconocida internacionalmente por esos esfuerzos. Así que no creo que la decisión de continuar en su territorio los diálogos podría suscitar conflictos o prevenciones. 

CAMBIO: ¿Y entonces qué hablaron?

I.C.: Mi experiencia en esta clase de asuntos me indica que siempre es mejor circunscribirse a las declaraciones oficiales. No porque en este caso se hayan tratado asuntos reservados, sino en gracia de la exactitud y la rigurosidad. Pero si la pregunta está dirigida a lo que se habló con la delegación del ELN, en resumidas cuentas, se refirió en concreto a la voluntad de reiniciar esta nueva etapa del proceso.

CAMBIO: ¿Reiniciar significa que no van a empezar de cero?

I.C.:  El máximo líder del ELN en entrevista reciente con CM& así lo reconoció cuando utilizó el verbo reanudar para designar la acción que regularía esta nueva etapa de los diálogos. 

CAMBIO: En ese sentido es una buena noticia que se pueda arrancar desde lo que ya se ha avanzado. En la misma entrevista con CM&, que usted menciona, el jefe máximo del ELN, Antonio García, señala que ellos no están dispuestos a una negociación de paquete en la que  estén incluidos los narcotraficantes. 

I.C.:  Sí. Esa distinción es fundamental y la hemos puesto de presente en toda circunstancia. La distinción entre grupos armados insurgentes y organizaciones ligadas exclusivamente a las economías ilícitas no solo se mantienen sino que es un criterio para definir cuál es el proceso que se debe desarrollar en cada  circunstancia. Con el Ejército de Liberación Nacional, el gobierno del presidente Petro ha propuesto el reinicio de una mesa de negociación y conversaciones de paz que debe concluir en un acuerdo político. Con organizaciones como la llamada AGC (Autodefensas Gaitanistas de Colombia) o Clan del Golfo, el gobierno ha propuesto un diálogo tendiente a un proceso de acogimiento a la justicia que tiene una naturaleza claramente distinta o la del acuerdo político. 

CAMBIO: Permítame decirle algo. Creo que la palabra “acogimiento” está en la raíz de la confusión sobre el tema. Históricamente se ha hablado de sometimiento a la justicia y ahora el canciller Leyva empezó a hablar de acogimiento. ¿Significa eso que se le va a dar tratamiento político a los grupos de narcotraficantes? 

I.C.:  De ninguna forma. Significa que se presentarán diálogos o acercamientos que conduzcan a desmontar o desactivar esas estructuras en el contexto de un instrumento normativo que permita obtener beneficios judiciales si se cumplen una serie de requisitos claramente determinados. Esos diálogos no implican una negociación, sino encontrar el camino para hacer viable ese procedimiento. En esos procesos, además, el Estado debe atender la situación de los territorios en los que esos grupos han ejercido su influencia y presencia. Así que esas medidas de carácter judicial estarán acompañadas de otras para atender las necesidades específicas de esas poblaciones como parte, no de una negociación, sino de un deber constitucional. 

CAMBIO: ¿Concretamente cuál es la diferencia entre acogimiento y sometimiento? 

I.C.:  El acogimiento implica este acercamiento y los diálogos que acabo de mencionar. El sometimiento no. 

CAMBIO: ¿Es decir, se discutirá con los grupos narcotraficantes la ley que les es aplicable para sancionar su delitos? 

I.C.:  No

CAMBIO: ¿Entonces?

I.C.:  Se discutirán los tiempos, los detalles operativos y logísticos para llevar a cabo esta tarea como se ha hecho en otras oportunidades. Esto no es nuevo. Ya existen otras experiencias en el pasado como la que se llevó a cabo en el gobierno de Uribe. 

CAMBIO: ¿Eso quiere decir que valoran lo que se hizo en el gobierno Uribe con los paramilitares? 

I.C.:  Toda experiencia en materia de paz es útil, incluyendo las que se realizaron en ese momento. En eso consiste una política de paz de Estado. En Colombia requerimos abandonar cuanto antes la idea de que la paz es un asunto de carácter ideológico o partidista y no un problema nacional. 

CAMBIO: El tema es que hay otra experiencia histórica de negociación con narcotraficantes. Se trata de lo que sucedió en el gobierno de César Gaviria con los decretos de sometimiento a la justicia del Cartel de Medellín y particularmente de Pablo Escobar. Eso salió casi bien con los Ochoa y mal con Pablo Escobar. 

I.C.:  Yo diría que hay que incorporar las experiencias útiles y positivas. 

CAMBIO: El borrador del proyecto de ley plantea tres condiciones para que las organizaciones criminales se puedan postular a beneficios: que sea una estructura delictiva organizada; que tenga control territorial y la capacidad de hacer operaciones sostenidas contra la fuerza pública.  ¿No cree que se puedan poner a buscar con violencia el cumplimiento de esas condiciones? ¿Ese no es un incentivo perverso? 

I.C.: No, no lo considero así porque, a mi modo de ver, lo que ha fortalecido las redes del narcotráfico y sus organizaciones no son propiamente las fórmulas de acogimiento a la justicia sino más bien el modelo de guerra contra el narcotráfico y de acción exclusivamente policial y punitiva. Ese es el ciclo en el que hemos estado por décadas y que ha mostrado su rotundo fracaso.