12 Agosto 2022

El confuso comienzo de la paz total

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel se reunió con los delegados del gobierno de Gustavo Petro y negociadores del ELN en La Habana.

Crédito: Embajada de Cuba en Colombia

El gobierno y el ELN dieron el primer paso para reiniciar la mesa de diálogo, pero al mismo tiempo aparecieron los interrogantes sobre cómo se abordará una negociación con el resto de actores armados.

Por: Redacción Cambio

Detrás de la expresión paz total hay, sin duda, nobles intenciones pero no una estrategia clara. Cada uno de los actores involucrados en el acercamiento a guerrillas, disidencias, paramilitares o simples bandas de narcotraficantes se imagina una cosa distinta. La falta de norte quedó en evidencia con una declaración del canciller Álvaro Leyva: “Eso, naturalmente, es algo que está por desarrollarse; no es que haya una partitura”. Y la verdad es que parece que todos están tocando de oído. Por un lado, Leyva, el principal protagonista del proceso, que aboga por una improvisación creativa, y por otro, miembros del Pacto Histórico que han expresado su preocupación por la falta de diferenciación entre los grupos llamados a la negociación. 
 

Para profundizar

No es igual una negociación política con una guerrilla que un proceso de sometimiento a la justicia con una banda narcotraficante. Mientras los primeros tienen un fundamento ideológico que combinan con actividades criminales, los segundos persiguen solamente un lucro delictivo. Por tal razón, es necesario que el concepto de paz total no se convierta en un vehículo de tratamiento político a meros narcotraficantes. Si eso sucediera, el proceso de paz perdería apoyo internacional, desgastaría internamente al gobierno y además, produciría confusión entre los propios actores armados.

El ELN, que es la mayor guerrilla que aún existe en Colombia, declaró su inconformidad por la posibilidad de estar incluida en un paquete de negociación. Antonio García, jefe máximo del ELN, señaló en CM&: “Un gobierno puede hablar con quien quiera. Cada uno asume lo suyo. Pero si el gobierno nos mete en el mismo costal que las bandas criminales o grupos paramilitares, ahí no vamos a participar. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa”.

Para María Camila Moreno, directora del Centro Internacional de Justicia Transicional, lo primero que debe hacer el gobierno es reconocer la particularidad y dimensión que tiene el ELN, para construir un proceso a la medida. Y sobre el sistema de juzgamiento que se derive de este proceso, Moreno asegura que no hay que precipitarse con modelos preconcebidos y que hay que darle tiempo a la mesa de diálogos para conocer cuáles serán las exigencias de la insurgencia y cuáles las líneas rojas del gobierno en cuanto a su responsabilidad con los derechos de las víctimas. 

A esta confusión ha contribuido la introducción de la expresión “acogimiento” como instrumento de tratamiento de grupos narcotraficantes. Históricamente se había hablado de “sometimiento”, lo cual implica entregarse, asumir la responsabilidad y recibir a cambio beneficios judiciales. En contraste la expresión “acogimiento” se está sacando del texto del Acuerdo Final de La Habana, con las Farc.  Es decir, se está utilizando una herramienta de negociación política en una negociación con narcos. 

Las declaraciones del canciller Leyva no han ayudado a que haya claridad sobre la diferencia entre sometimiento y acogimiento. “Una cosa es sometimiento y otra cosa es el acogimiento donde hay unas propuestas y ellos (las bandas criminales) verán si se acogen o no”.

Ante la confusión, un equipo jurídico ha venido construyendo una propuesta. El proyecto de ley de acogimiento lo formularon el Centro Internacional de la Justicia Transicional (ICTJ); el exvicefiscal Jorge Perdomo y los senadores Roy Barreras e Iván Cepeda. Aunque el exfiscal Eduardo Montealegre inicialmente hizo parte del equipo, se retiró meses después por diferencias con el modelo de juzgamiento. 

El borrador del proyecto de ley plantea tres condiciones para que las organizaciones criminales se puedan postular a beneficios: que sea una estructura delictiva organizada; que tenga control territorial y la capacidad de hacer operaciones sostenidas contra la fuerza pública.  El problema consiste en que los grupos delincuenciales podrían ponerse a llenar los requisitos que establece el proyecto para integrarse al proceso de paz. Un error admitido por el gobierno Santos en el proceso de La Habana fue haber ofrecido beneficios económicos por hectárea de coca sembrada. El resultado de este incentivo perverso es que las áreas de cultivos ilícitos aumentaron en lugar de disminuir.

Si para graduarse como interlocutor del gobierno la banda tiene que ejercer control sobre un territorio y sostener acciones violentas contra la fuerza pública es seguro que muchos narcos van a querer patrocinar el plan. 

El documento se basa en un modelo de reconocimiento de responsabilidad penal en el que los integrantes de organizaciones como el Clan del Golfo sean juzgados por la justicia ordinaria y que, a cambio de su sometimiento y de información relevante para las investigaciones, reciban unos beneficios. Es decir, con esta nueva ley, también se podría crear un modelo especial dentro de la justicia ordinaria. 

El documento sostiene que los beneficios serán efectivos con la entrega de armas y el abandono del uso de la violencia, a cambio podrán obtener penas alternativas de 8 años de privación efectiva de la libertad, como se hizo con los paramilitares en justicia y paz. Deben también entregar bienes, dejar el narcotráfico y entregar información sobre la participación de terceros y rutas.  La investigación se centraría en los máximos responsables, mientras los miembros de la base que no hayan cometido graves violaciones a los derechos humanos podrían obtener una renuncia a la acción penal por el delito de concierto para delinquir.

Un destacado dirigente del Pacto Histórico advierte los riesgos de adelantar acercamientos con organizaciones distintas a la insurgencia.

“La paz total es solo con el ELN. Solo con ellos se puede negociar, para los paramilitares existe justicia y paz; y para los narcotraficantes la justicia ordinaria. Yo apoyo al gobierno en su intención de acabar con el conflicto armado, pero no a cualquier precio. No estoy de acuerdo con iniciar un camino sin salida como el de negociar con el Clan del Golfo o las Disidencias. A ellos hay que combatirlos hasta que se sometan a la justicia, no ofrecerles gabelas jurídicas. Es un riesgo muy grande el de negociar con organizaciones que han hecho la guerra por negocio”, concluyó.

Un excomisionado de paz que habló con CAMBIO bajo la condición de la reserva coincide con la postura del dirigente petrista. “El Estado colombiano no se puede permitir abrir espacios de representación política, como lo es un escenario de negociación, con los narcotraficantes. Eso es inmanejable. Eso es exponer a los funcionarios públicos a grandes cantidades de dinero. Los organismos del Estado no tienen información sobre los integrantes de esos carteles, ni de los bienes que tienen, ¿entonces cómo van a controlar el proceso?, ¿cómo van a aplicarle filtros a esto para evitar que termine en una gigantesca operación de lavado de dineros del narcotráfico? Si eso no tiene método el gobierno va a terminar entrampado y acosado por los Estados Unidos como le pasó al gobierno de Samper. Los procesos de negociación exitosos reposan en dos funciones básicas: zanahoria y garrote; y aquí se ve la zanahoria pero no el garrote”, apuntó.

Desde uno de los organismos más importantes de derechos humanos, también tienen preocupaciones. Principalmente, tienen dudas de que vaya a funcionar un proceso de sometimiento sin tener una política de seguridad clara que ponga bajo presión a los grupos armados, de manera que consideren que someterse a la institucionalidad es mejor negocio que continuar en la ilegalidad. En particular, les preocupa el planteamiento de Álvaro Leyva de que la paz total será un proceso donde la improvisación sea la regla y termine convirtiéndose en un colador de narcotraficantes que utilicen la voluntad de paz para ejecutar una gigantesca operación de lavado de dinero.

El panorama deja ver que una cosa es la negociación con el ELN, que históricamente ha sido compleja, pero otra muy distinta un proceso de negociación con organizaciones criminales asociadas al narcotráfico y al paramilitarismo. Más cuando se advierte que en teoría el modelo de negociación se basa en instalar mesas de diálogo regionales, los cuales se puede prever cómo empiezan pero no cómo terminan.