Escoltas para perros, camionetas para postres, televisores de 43 millones: el despilfarro de los funcionarios
Es tal el despilfarro revelado en los medios en los últimos días que Colombia, ni siendo una nación rica, podría pagar funcionarios con lujos semejantes.
Por: Stephania Sanchez
El primer caso es el de la camioneta asignada a la senadora María Fernanda Cabal por parte del esquema de la Unidad Nacional de Protección, a la que no parece dársele mayor uso. Esta hace parte de los siete carros de la UNP del hogar Lafaurie-Cabal, además de doce escoltas y cuatro policías.
Los costos de esta protección están alrededor de $161.557.730 al mes, dinero que sale del bolsillo de los colombianos. El problema es que este presupuesto debe también ser usado para población objeto de protección, pero la UNP ha negado estas medidas a 29.701 personas, entre las que se cuentan líderes sociales y defensores de derechos humanos, mientras, la camioneta que aparentemente le sobra a la senadora, se utiliza eventualmente para llevar insumos al próspero negocio de postres de Luisa Lafaurie, hija menor del matrimonio.
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El segundo caso es el de los perros del fiscal Barbosa. Bell, un bulldog inglés, y Laica, una french poodle, cuentan con sus propios escoltas, dos funcionarios de la Fiscalía, uno para cada uno. Cabe mencionar que además hacen uso del apartamento que se hizo en el búnker de la Fiscalía, cuando viaja la familia sin ellos.
El trabajo de estos dos escoltas consiste en pasear a los caninos por el parque de la 93 y se dice que los han premiado con ascensos profesionales. Ese hecho, según Yohir Akerman en su artículo de opinión para CAMBIO, “es solo una muestra del abuso de Francisco Barbosa con los funcionarios de la entidad y los recursos de la Fiscalía”.
Aunque no solamente son Bell y Laica quienes cuentan con esquemas de seguridad, también su esposa, hija, padre, madre y dos hermanos hermanos del fiscal. Al sumar los escoltas de todos da una cifra de 150 guardaespaldas dedicados para esta familia, sin contar a funcionarios de otras dependencias, incluso cinco abogados con posgrado y 20 investigadores del CTI. Cargos que, de nuevo, se pagan con los impuestos.
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El tercer y último caso de despilfarro por parte de funcionarios es el carrusel de contratos de Emcali. Un televisor de 55 pulgadas fue pagado por casi 43 millones de pesos; una silla ergonómica, casi 18 millones de pesos; videoproyectores de 800 millones de pesos c/u; teléfonos de 1.300.000 pesos; licenciamientos de softwares de 1.880 millones de pesos, y estaciones de trabajo de 800 millones de pesos, entre otros.
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Hay que tener en cuenta los salarios de estos funcionarios, que van desde los 15 hasta los 34 millones de pesos, como es el de María Fernanda Cabal. Aunque estos valores sean los que se presupuestan para esos cargos, parece ser que ahora se debe tener en cuenta los gastos adicionales que, se supone, no pueden cubrir con sus sueldos.
