La Fiscalía de Barbosa le tiende la mano a un contratista del uribismo

Fueron dos las veces que Augusto López Castañeda intentó llegar al Senado de la República bajo la sombrilla del Centro Democrático, pero la última sus 22.729 votos le hicieron esquiva a esa posibilidad. A la par que era candidato, López era contratista del Estado a través de su empresa de Seguridad Nápoles, lo cual hubiera sido una inhabilidad legal en caso de ser elegido. Sin embargo, perder en política era lo que menos lo trasnochaba.

En sus redes sociales alardea continuamente de su cercanía no solamente con el líder natural del Centro Democrático, Álvaro Uribe, quien invitó públicamente a votar por él, sino también con el expresidente Iván Duque y políticos como Óscar Iván Zuluaga, Paloma Valencia y María del Rosario Guerra.

Con el número 55 en el tarjetón, hizo campaña como fórmula de José Jaime Uscátegui, hijo de Jaime Humberto Uscátegui, general (r) condenado por la masacre de Mapiripán, y como miembro de la reserva activa, su estrategia política la basó en la seguridad y en defender las actuaciones de los militares y policías.

Al mes de perder en los comicios, el Gobierno Duque le dio a Augusto López un contrato por 6.549 millones de pesos para vigilar y proteger los activos que administra el fondo para la reparación de víctimas, contrato que anteriormente ya le había dado en 2021 y en 2020 como único proponente.

Duque también le dio a su coequipero de partido un contrato por más de 28.000 millones de pesos en la Unidad Nacional de Protección para surtir esquemas de escoltas. Dicho contrato se llevó a cabo del 30 de diciembre de 2019 al 10 de marzo de 2020, pero solo se liquidó el 25 de julio de 2022.

Sin embargo, la navidad se le adelantó a Seguridad Nápoles. El excandidato quemado del uribismo hace menos de dos semanas se quedó con el contrato más grande de seguridad de la Fiscalía general de la Nación, dirigida por Francisco Barbosa, exsubalterno y amigo personal de Duque. 

Al proceso de 22.200 millones de pesos para vigilar la sede principal del ente investigador se presentaron 38 competidores, pero la propuesta hecha por el excandidato del Centro Democrático fue la más barata en la subasta inversa electrónica y generaba un ahorro para la entidad de 209 millones de pesos.

La cifra es relevante si se tiene en cuenta que los contratos vigentes de Seguridad Nápoles, reportados en el Secop y que principalmente son con entes territoriales y entidades de segundo nivel, oscilan entre 2.500 millones y 27 millones de pesos.

La empresa del excandidato del Centro Democrático también acaba de ser elegida para encargarse de la seguridad del Fondo Rotatorio de la Registraduría y en las próximas semanas prevé quedarse con licitaciones de la Procuraduría y la Superintendencia Financiera.