El pulso entre Gobierno y la oposición por el acuerdo de Escazú: ¿qué viene ahora?

La Corte Constitucional se encuentra revisando la Ley 2273 de 2022 con la que el Congreso aprobó el Acuerdo de Escazú, que es un tratado internacional que busca promover el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en  asuntos ambientales en la región.

Esa ley fue la primera que aprobó el Congreso elegido en 2022, cuando el Gobierno de Gustavo Petro tenía mayorías aplanadoras, y luego de varios intentos fallidos en el pasado para su ratificación. Hasta que la Corte no se pronuncie al respecto, dicho acuerdo no puede entrar en vigencia y, ante la magnitud de la crisis climática y los múltiples temas que aborda el instrumento, la decisión que se tome será clave.

Por eso, el Gobierno arrancó pidiéndole a la Corte que ratifique la ley. Susana Muhamad, ministra del Medio Ambiente, aseguró que el acuerdo permite articular vacíos legales que hay sobre la materia, así como que las autoridades correspondientes tomen decisiones completas y de la mano de los derechos humanos en temas ambientales.

"Escazú no va a terminar llevando al Estado colombiano a una lógica de pasar por encima de la Constitución. Permitirá que haga parte de una comunidad de Estados responsables que quieren elevar el estándar de derechos humanos y los impactos que tienen las actividades económicas en los derechos humanos", señaló Muhamad al indicar que este instrumento no vulnera la soberanía nacional.

"La implementación pone una carga inmensa en el Estado para generar las garantías de esa participación. Si ratificamos Escazú, lo que viene es un proceso de reglamentación de procedimientos, de llenar vacíos, que sería traducir la jurisprudencia que le ha dado garantías a las poblaciones más vulnerables en la participación frente a decisiones ambientales, con procedimientos claros y certeros", agregó. 

Para la funcionaria, esta normativa ha generado un empoderamiento en las comunidades que tenían menor poder en la toma de decisiones claves en materia ambiental, equilibrando las cargas para "generar decisiones más democráticas". Además, apuntó que se ha logrado que haya un cambio en las relaciones en las regiones entre grandes empresas y las comunidades.

Voces a favor y en contra de Escazú

En la audiencia pública, el Gobierno indicó que ya van 15 países de la región que han ratificado el acuerdo. Paola Holguín, senadora del Centro Democrático, aseguró en la diligencia que algunos países que inicialmente firmaron el acuerdo en 2018 no han hecho la ratificación a nivel interno. Esto, dijo, se debió a "las serias y legítimas preocupaciones originadas en relación con su alcance práctico".

"Costa Rica, Chile, República Dominicana y Perú coinciden en que es un riesgo para la seguridad y estabilidad jurídica de la inversión extranjera. Específicamente, la Comisión de Relaciones Exteriores en el Perú, en la resolución legislativa 239, archivó el acuerdo por atentar contra los derechos adquiridos y vulnerar el derecho a la propiedad privada, dado que pone en riesgo las concesiones, contratos, convenios o autorizaciones otorgadas con anterioridad", dijo.

Holguín indicó que, en el caso de República Dominicana, fue su tribunal constitucional el que decidió no ratificarlo en sentencia de enero de 2023. "La principal preocupación del tribunal dominicano gravita en torno al alcance práctico de las competencias interpretativas de los organismos creados por el Acuerdo y el riesgo latente de exponer al país a su judicialización por parte de organismos internacionales como la Corte Internacional de Justicia", apuntó.

La congresista manifestó su oposición a ese acuerdo porque permitiría que se impugnen las decisiones que se tomen y que supongan una posible amenaza y afectación al medioambiente "atendiendo intereses subrepticios o incluso criminales. En mi opinión, es indiscutible que el acuerdo sí legitima a cualquier persona promover revisiones de licencias, con las consecuencias de inseguridad jurídica que se puedan derivar de esa medida".

La congresista Angélica Lozano, de la Alianza Verde, a su turno, pidió a la Corte ratificar el acuerdo y señaló que, incluso, en algunos asuntos como todo lo relacionado con la información ambiental, la legislación actual colombiana va más avanzada. 

"Colombia tiene términos más estrictos e incluso para mucho más que el acceso a la información simple que establece Escazú. Entonces, Colombia puede ser ejemplo y modelo en el acuerdo para todos los países suscriptores y, en ningún caso, se violenta la legislación nacional", dijo.

Por su parte, Carolina Giraldo, coordinadora de ponentes en la Cámara de Representantes del acuerdo, apuntó que con este instrumento, si se tiene la información disponible, completa y a tiempo, "se van a evitar conflictos socioambientales, además no se va a restringir la libertad de empresa".

"Esta Veeduría en ningún momento está diciendo que quiere los secretos de la empresa o que no pueden competir, esto no tiene nada que ver. Estamos pidiendo información disponible, clara, completa y asequible para que la ciudadanía tenga información a tiempo y se puedan hacer los mejores acuerdos que beneficien a la sociedad, al país, y así es como logramos un desarrollo sostenible que es a lo que apunta el Acuerdo de Escazú", apuntó.

La directora de Dejusticia, Diana Guzmán, aseguró que como tratado de derechos humanos genera mayor seguridad jurídica en la garantía de derechos fundamentales, pero también en las relaciones entre empresas y la ciudadanía "en el contexto de la emergencia climática y sin afectar la soberanía del Estado".