Peticiones y reclamos sobre el Acuerdo de Escazú
Mientras la Corte Constitucional espera el concepto de la Procuraduría General sobre la ley aprobatoria del tratado ambiental, el Gobierno y los gremios le han hecho llegar sus observaciones sobre el acuerdo. La procuradora, Margarita Cabello, se declaró impedida para emitir el concepto porque ella misma presentó el proyecto de ley al Congreso cuando era ministra de Justicia.
La puesta en marcha del Acuerdo de Escazú en Colombia depende de que la Corte Constitucional revise la ley aprobatoria de ese tratado internacional ambiental. La ley, aprobada en octubre de 2022, ratifica el Acuerdo que había sido firmado por el entonces presidente Iván Duque, luego de varios intentos fallidos en el Congreso. El caso está en manos del magistrado Jorge Enrique Ibáñez, que ya recibió conceptos de múltiples sectores de la sociedad y del propio Gobierno, que le piden, en mayoría, avalarla.
La Corte, sin embargo, anda a la espera del concepto que emita la Procuraduría General acerca de si considera que la norma es acorde con la Constitución colombiana o no y si su trámite en el Congreso cumplió o no con los requisitos exigidos.
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